Lamela lleva a juicio el desfalco de 750 millones en Bancaja y Banco de Valencia por inversiones en México

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha procesado al expresidente de las extintas Bancaja y Banco de Valencia, José Luis Olivas y a los exdirectivos José Luis Izquierdo y Domingo Parra, por el desfalco de 750 millones de euros en el proyecto Grand Coral, un plan de inversiones inmobiliarias en Baja California y Riviera Maya (México) que financiaron entre 2005 y 2009 las entidades valencianas en sociedad con los promotores hoteleros Juan Vicente Ferri, José Salvador Baldó y Juan Poch. Gracias a los préstamos que otorgaron Bancaja y Banco de Valencia “de modo sistemático” los empresarios lograron unos beneficios injustificados de 170 millones de euros, parte de los cuales fueron supuestamente blanqueados en la Banca Privada de Andorra.

Los préstamos de Grand Coral carecían de racionalidad económica y estaban plagados de irregularidades, según un informe de peritos judiciales nombrados por el Banco de España. Las entidades sufrieron “un quebranto económico del 100% de la inversión”. De los 750 millones evaporados, 160,5 millones correspondían a la pérdida de valor de las participaciones accionariales de Bancaja y Banco de Valencia en los proyectos y 452,3 al impago de los préstamos concedidos a los proyectos.

Además de los máximos directivos de Bancaja y Banco de Valencia y los empresarios hoteleros, la magistrada procesa a otras 39 personas, en su mayoría gerentes de segunda fila y miembros de los diferentes Consejo de Administración de las entidades en aquellos años. Lamela sostiene que “la operativa estaba dirigida desde dentro de Bancaja y Banco de Valencia” y otorga un papel “particularmente relevante” a Izquierdo y Parra, a quienes “guiaban espurios intereses económicos con Ferri y Baldó”.

La postura de Olivas, sucesor del encarcelado Eduardo Zaplana como presidente de la Generalitat Valenciana, era “consentidora” del “continuo favorecimiento” a los hoteleros. Según el auto, Olivas conoció y alentó las inversiones millonarias que lastraban a Bancaja, entidad que acabó integrada en Bankia. Los empresarios, en agradecimiento al trato de favor que recibían, “pagaron a Olivas hasta 14 viajes por motivos puramente de ocio”.

En la causa se han investigado delitos de administración desleal, apropiación indebida y blanqueo de capitales. La resolución enumera las operaciones sospechosas, entre ellas el Proyecto Zacatón y Piedras Bolas, en el que Ferri, Baldó y Poch, indica, obtuvieron una plusvalía injustificada de 118 millones de euros, que sufragaron las entidades financieras y que se transfirió en buena parte a sus cuentas en Andorra. La juez sospecha que los empresarios se repartieron las plusvalías de este proyecto con Aurelio Izquierdo y Domingo Parra.

“En todas estas operaciones se comprueba que los máximos dirigentes de Bancaja y Banco de Valencia permitieron, en unos casos, y auspiciaron en otros, una auténtica operativa de desfalco de las entidades que de modo injustificado fue a parar a manos de los socios hoteleros Juan Ferri, José Baldó y Juan Poch”, asegura la juez.

En la fase de instrucción se ha descubierto que gran parte de los beneficios –al menos 100 millones de euros- fueron transferidos a cuentas de la Banca Privada de Andorra. El dinero de Ferri, Baldo y Poch pasaba por una cuenta puente denominada Hinton de la que era representante el propio director general de la entidad andorrana Joan Pau Miquel Prats. Según Lamela, este banquero supuestamente “ponía al servicio de sus clientes un servicio de opacidad para recibir dinero de cuentas de estos en sociedades offshore”. Un empleado de la BPA recibía las órdenes de los hoteleros sobre el destino de los fondos y un taxista andorrano se encargaba de sacar el dinero de la entidad y entregárselo a Ferri y Baldó en el lugar ordenado por estos.