El Gobierno revisará las leyes que definen las viviendas de alquiler turístico

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se ha comprometido este miércoles a revisar la Ley de Arrendamiento Urbano (LAU) y la Ley de Propiedad Horizontal para determinar qué son las viviendas de uso turístico. "El Gobierno no se compromete a cambiar la normativa, sino a revisarla", ha especificado Maroto. La ministra se ha reunido con los consejeros del sector de las distintas comunidades autónomas en la primera conferencia sectorial de turismo en tres años. Las competencias para regular este tipo de viviendas corresponden a las comunidades autónomas, pero el Gobierno ha asegurado que son estas las que han pedido que se sienten unas bases que determinen qué son las viviendas de alquiler turístico y facilitar así la creación de una normativa.

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"El Gobierno no tiene competencia para regular las viviendas turísticas, la intención es impulsar soluciones coordinadas para no interferir en las de las comunidades", ha comentado Maroto. Para ello se revisará la normativa que sí es competencia del Ejecutivo y que recoge la vivienda turística para "dar seguridad a todos los agentes que operan". Así, se volverán a reunir en septiembre en un grupo de trabajo abierto en el que podrán participar también las plataformas digitales, como por ejemplo Airbnb, y los hoteleros para determinar qué se considera como viviendas de uso turístico.

“Me comprometo a hacer un análisis riguroso de la normativa que afecta a viviendas de uso turístico. Ese análisis nos va a llevar luego a tomar una serie de decisiones, una vez que lo consensuemos con las comunidades autónomas, de cuales son las necesidades más inmediatas para poder tener ese paraguas normativo”, ha especificado la ministra. "Las comunidades nos han pedido que regulemos porque van a ciegas, hay una indefinición jurídica y complejidad y nos han pedido que marquemos unas pautas", ha añadido.

En el caso de la Ley de Propiedad Horizontal, la idea es identificar qué supone un cuórum de vecinos suficiente que decida si quieren o no viviendas turísticas en sus edificios. "Ahora se necesita unanimidad de los vecinos para que en el edificio no se pueda hacer alquiler turístico, eso hace que sea muy fácil que salga que sí", ha asegurado Maroto. Según la ministra, algunas comunidades han pedido que se revise ese punto, pero aún tienen que verlo "con otros agentes". En la LAU, lo que se revisarán son los parámetros que constituyen una vivienda de alquiler turístico, como por ejemplo, la periodicidad con la que se alquile.

El Gobierno espera que al llegar con un consenso de definición al Parlamento haga que la aprobación de los cambios sea más fácil. “No sé los tiempos, pero mi intención es acelerarlo para garantizar la seguridad jurídica que ahora mismo no tienen las comunidades autónomas y llegar con cambios consensuados en las normas para ser lo más ágiles posible”, ha explicado. Además, ha afirmado que no han hablado específicamente de obligar al arrendatario de varios pisos de alquiler turístico a que se haga autónomo. "Sí se han comentado algunas ideas que se van a valorar sobre el tema y se darán cuenta de cuáles son los avances en septiembre", ha concretado.

En cuanto a las huelgas en los aeropuertos españoles previstas para este verano, ha manifestado su preocupación y ha comentado que el ministerio se pone a la disposición de Fomento y Empleo para intermediar y ayudar en lo que necesiten. "Esperamos que estos incidentes no afecten a la calidad del turismo ni a la percepción del país que puedan tener los visitantes", ha dicho.

Calidad del empleo de hostelería

La ministra ha explicado que en la reunión también se ha tratado el tema de la calidad del empleo en el sector de la hostelería. "Hemos incorporado algunas medidas, a través del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores, para garantizar que en la externalización no se pierdan derechos por partes de los empleados", ha coementado Maroto. En concreto, esta sería la situación de las camareras de piso o Kellys que en muchas ocasiones tienen sus servicios externalizados. "Es una proposición de ley que se está debatiendo en el congreso y que esperemos que se apruebe en septiembre", ha añadido.

También han tratado el tema del reconocimiento de las enfermedades profesionales, como por ejemplo los trastornos musculoesqueléticos, y han pedido a las comunidades autónomas que apoyen las mejores en los convenios colectivos que se negocien entre las patronales y los sindicatos. "Hay comunidades que ya lo están haciendo como Baleares, que se ha propuesto subir los salarios del sector en un 17% en cuatro años", ha explicado..

"Trabajamos con las comunidades autónomas, los agentes sociales, los empresariales y la Inspección de Trabajo en un plan de explotación laboral que se está consensuando para avanzar en medidas concretas en materia de la mejora de las condiciones de laborales en el sector de la hostelería", ha asegurado. Estas luego se remitirán al ministerio de Trabajo. También ha asegurado que buscan la forma de redistribuir la riqueza hacia los trabajadores de la hostelería que genera el turismo en España.