La mochila negra de Ignacio Pardo

En la jerga de los inspectores del Banco de España se habla de "la mochila" para identificar las pérdidas no contabilizadas que van apuntando durante su trabajo y que van a trasladar a sus informes de seguimiento trimestral. Ayer sobre las nueve y media de la mañana, el inspector del Banco de España adscrito desde 2014 al Banco Central Europeo (BCE), Ignacio Pardo, entró en una sala semivacía de parlamentarios de la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera. Alto, delgado, enfundado en un traje azul azafata de Iberia, Pardo portaba una enorme mochila negra.

Citado en mayo de 2017 a iniciativa del Partido Popular, cuando todavía el veterano diputado Ramón Aguirre exhibía músculo en los trabajos de la comisión, Pardo venía decidido a mantener cerrada su mochila negra. Y a decir muy poco sobre lo que vieron sus ojos en el Banco Popular, cuando fue inspector de "cabecera" asumiendo el seguimiento de una de las parcela más relevantes: los riesgos de crédito.

EL BCE ya le advirtió que mantuviera la boca cerrada sobre todo lo que ha conocido sobre el Banco Popular a partir de su traslado a Francfort, en 2014, donde siguió coordinando la inspección de la citada entidad.

Pero, en rigor, lo que los miembros de la comisión querían saber era —por expectativas que el propio PP había sembrado con su citación— otra cosa: qué pasó en los últimos meses de 2008, en 2009, 2010 y hasta la primera mitad de 2011. En esa fecha, como señaló ayer Pardo, hubo cambios en el departamento de supervisión del Banco de España y él pasó del Banco Popular a otra entidad.

Pardo explicó que el Banco Popular reflejaba en ese periodo el proceso de expansión crediticia que alimentó entre 2000 y 2007 la burbuja inmobiliaria en España. Y que sus niveles de exposición eran muy elevados. En los informes de seguimiento trimestrales que elaboraba el equipo operativo del Banco de España in situ, explicó, se incorporaban sus propias conclusiones sobre los riesgos de los créditos que el Popular concedía a promotores y clientes.

Eso engrosa lo que se llaman "ajustes pendientes". Y, en efecto, esos informes existen según señaló Pardo, quien al tiempo, reiteradamente, para asombro de la presidenta de la comisión, Ana Oramas, se defendió con un argumento. "Soy solo un inspector", dijo muchas veces a modo de SOS.

Como apuntó Oramas, a los parlamentarios les interesa lo que opinan o pueden aportar no solo las cúpulas de las instituciones sino los inspectores de a pie como Pardo. Con su dulzura canaria, Oramas prácticó uno de los tirones de oreja —de madre a hijo— que mejor se recuerdan de la presidenta.

Pardo vino a decir: ajustes pendientes (necesidad de provisiones para cubrir fallidos a montones) haberlos haylos. Pero no puedo decir más.

El inspector se resistió primero a nombrar a los jefes a quienes reportaba, una actitud que evocaba cierto espíritu de omertà. Pero ante la advertencia de la "madre-presidenta" cedió. Pardo reportó entre finales de 2008 a principios de 2011 al jefe de grupo Luis Fernando Díez Franco, quien a su vez dependía del coordinador ejecutivo Mariano Herrera y éste del jefe del llamado departamento III Luis Lorenzo Olmeda. Durante este periodo el director general de Supervisión era Jerónimo Martínez Tello y el subgobernador Javier Aríztegui. Con los cambios, en 2011 su jefe directo era Francisco Monzón con el mismo director general de Supervisión y subgobernador.

Pardo negó discrepancias con sus superiores a la hora de elaborar sus informes. "No tuve ningún tipo de desavenencia relevante en cuanto a los informes, se discutían, y se firmaban. Las conclusiones se incorporaban a los informes del grupo operativo y ahí concluía el trabajo. Yo no sé si eso se traducía en requerimientos a la entidad porque no era mi función ocuparme de ello", señaló.

El 28 de abril de 2011, según documentación consultada por EL PAÍS, hubo, como apuntó Pardo, cambios en la supervisión. Entre otros, Pedro Comín pasó a ser coordinador ejecutivo del Departamento de Inspección I (grandes bancos) con efectos del 1 de septiembre de 2011 y Margarita Delgado Tejero, coordinadora ejecutiva del Departamento II (Popular y otros de tamaño medio).

Delgado, actualmente una de las directoras generales adjunta del Mecanismo de Único de Supervisión (MUS) en el BCE, se hizo cargo de la coordinación ejecutiva del Popular en el proceso de absorción de un banco quebrado, el Banco Pastor, anunciado en octubre de 2011 —poco antes de la caída del Banco de Valencia el 21 de noviembre de 2011, del grupo Bankia— y de la ampliación de capital de 2.500 millones de euros de finales de 2012, dirigida explícitamente, según el folleto aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a cubrir provisiones y saneamientos para dejar atrás el suspenso del Popular en los exámenes de solvencia.