Los sueldos bajos del comercio y la hostelería serán los más beneficiados por el pacto salarial

El punto más novedoso del IV Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC) es el que contempla fijar un salario mínimo de 14.000 euros al año en los convenios en 2020. Finalmente no se fija una escala anual para llegar a ese punto, como reclamaban los sindicatos. En cambio, sí que se señala con nitidez el objetivo. Los sueldos más bajos han sido los que más han sufrido la devaluación durante los peores años de la crisis. Y esto ha afectado a quienes más sufren la precariedad, especialmente los temporales, es decir, a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral y a las mujeres.

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Si al final se cumpliera esta recomendación básica del pacto que alcanzaron el pasado lunes los dirigentes de CC OO, UGT, CEOE y Cepyme, los trabajadores de las ramas que más pueden beneficiarse de estos incrementos son los del comercio. En este sector se agrupa a más del 20% de los trabajadores a jornada completa que cobran 1.000 euros o menos, según los datos del gabinete económico de CC OO extraídos de la Encuesta de Población Activa de 2016.

Le siguen sectores como la agricultura o la hostelería, en las que tienen, respectivamente, el 11,9% y el 11,7% de los trabajadores que reciben 1.000 euros o por debajo. La siguiente rama de actividad sorprende: se trata de la industria manufacturera, que copa el 8,5% de esos ocupados. La hostelería y la industria parecen especialmente relevantes porque son dos de los sectores que están en tirando de la creación de empleo en los últimos tiempos. “Es positivo que haya acuerdo y ganancias de poder adquisitivo”, señala Marcel Jansen, de la Universidad Autónoma de Madrid.

Que sindicatos y empresarios hayan llegado a un preacuerdo que ya se está sancionando, este martes lo hizo la CEOE, no supone que este incremento —como el genérico del 2% más otro punto porcentual variable según la evolución de la productividad— vaya a trasladarse directamente a todos los convenios y a todas las nóminas. El primer motivo es que el AENC insta a aplicar directrices de negociación, pero no obliga a aplicarlas.

Y hay otra premisa básica que tener en cuenta: para beneficiarse de la negociación colectiva hay que estar cubierto por ella. En concreto, lo están algo más de 10 millones de trabajadores. Cada año suelen renovarse convenios, entre anuales y plurianuales, que afectan a entre tres o cinco millones de empleados. Sin embargo, esto deja fuera un colectivo todavía importante de asalariados.

Históricamente, la cobertura de los pactos colectivos en España es alta, comparada con otros países europeos. Menguó algo con la reforma laboral, apuntó la OIT en los primeros años de su aplicación, pero no mucho. En 2016, último con datos definitivos, llegaba casi al 80%, teniendo solo en cuenta a los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social. Pero la EPA aflora más empleo del registrado en las oficinas del Ministerio de Trabajo. Por tanto, cuando se cifra en algo más de dos millones el número de trabajadores que perciben 1.000 euros o menos al mes hay que tener en cuenta que no todos están amparados por un convenio colectivo y, sin eso, no se extenderá a ellos nada de lo que se pactó por los agentes sociales el pasado lunes.

Sí que se podrían beneficiar de él quienes estén bajo la cobertura de los pactos suscritos en sectores como el de los centros de atención a personas con discapacidad. En este convenio, según la tabla salarial de 2016 que recoge CEOE, el personal de servicios domésticos percibe 10.127 euros anuales.

No es el único convenio con categorías cuyas retribuciones están por debajo de esos 14.000 euros. Esto también sucede, por citar varios ejemplos, en el de ocio educativo y animación sociocultural; el del sector de la madera (por renovar desde 2013); el de peluquerías, institutos de belleza y gimnasios; o el de la industria textil.

Elevar el suelo salarial en los convenios hasta 1.000 euros, como sucedió con los incrementos muy significativos del salario mínimo interprofesional (ahora en 735,9 euros mensuales), suele topar con la advertencia de que puede tener un efecto contrario al que se busca. Al aumentar las remuneraciones más bajas, con las que se suele entrar en las empresas y, por extensión en el mercado laboral, se hace más difícil contratar a los trabajadores a los que se pretende beneficiar, ya que emplearles es demasiado costoso.

Esta alerta suele tener a los jóvenes como protagonistas. Ahí apunta Jansen, quien, no obstante, resta importancia al posible problema por varias razones. La primera es que el aumento salarial y el suelo mínimo nacen de un pacto entre agentes sociales: “Prefiero eso a que sea por una regulación normativa”. También porque cree que esa posible barrera que se pudiera crear puede sortearse utilizando contratos de formación, que están bonificados.