Entre lo urgente y lo necesario

El Gobierno de Pedro Sánchez ha inducido un cambio en el estado de ánimo de una parte importante de la sociedad española. No obstante, a nadie se le escapa su debilidad parlamentaria. Además de necesitar un acuerdo más o menos expreso con el grupo de Unidos Podemos, va a requerir de apoyos de otras formaciones políticas que también respaldaron la moción de censura.

Un Gobierno y una mayoría parlamentaria que tienen la obligación y la necesidad de no defraudar las expectativas creadas. Y para eso, sería tan mala la incapacidad para dibujar un escenario de políticas alternativas en el largo plazo, como fijarse un conjunto de retos inmaterializables en el corto plazo.

Dicho de otra manera. El Gobierno, su partido y, de forma indirecta, el conjunto de fuerzas progresistas necesitan perfilar el tipo de país que quieren en el medio-largo plazo, tomando medidas en el corto plazo que den fiabilidad al proyecto estratégico. Y lo deben hacer poniendo en el tablero orientaciones sobre materias que aglutinen mayorías de progreso, imantando a una parte de la población española que, compartiendo esas orientaciones, hoy está desconectada.

Será necesario forzar los estrechos márgenes que dejan los condicionantes económicos del Plan de Estabilidad 2018-2021, que propone alcanzar un superávit del 0,1% del PIB básicamente a través de una pérdida del gasto público en la economía de casi tres puntos porcentuales, hasta el 38,6% del PIB.

En este momento no hay mayor elemento potencial para aglutinar mayorías sociales que la lucha contra la desigualdad. Lograr una equitativa distribución de la renta a través de los salarios, la igualdad de género o la defensa de un sistema público de pensiones desbordan los contornos partidistas, y han permitido construir una cierta hegemonía cultural poscrisis. Apunto algunas de materias sobre las que actuar:

Salarios. El preacuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva alcanzado entre sindicatos y empresarios persigue la recuperación de salarios en general, y de los más bajos en particular. Pero para que sus efectos puedan trasladarse a los convenios y a los salarios reales, hay que modificar aspectos sustanciales de la reforma laboral, pensados para promover su devaluación. Deben ser revisadas la prevalencia del convenio de empresa o las causas laxas para inaplicar lo pactado en convenio o pacto.

Precariedad. Muchos de los sectores más vulnerables de la sociedad española lo son por la generalización de situaciones de precariedad extrema, ligada a la contratación (temporalidad) y a la externalización productiva (para reducir costes y deteriorar empleo).

Garantizar la aplicación de convenios que eviten escarnios como los de las camareras de piso, o perseguir la temporalidad y el despido como fórmulas de ajuste de empleo, es posible y necesario. Patronal y sindicatos hemos acordado abrir una negociación para habilitar prestaciones que incentiven el mantenimiento del empleo ante problemas económicos coyunturales en las empresas, siempre que se eviten despidos, y mediante procedimientos de control sindical de las reducciones de jornada alternativas a ellos.

Pensiones. La defensa de las pensiones en nuestro país es muy trasversal, como han demostrado las recientes manifestaciones. Por eso es necesario adoptar medidas a corto plazo que alivien la situación económica de la Seguridad Social, pero también eliminar los factores que iban a determinar una caída futura de la cuantía de las pensiones medias.

Hay que situar una idea-país: España tiene que acometer las medidas necesarias para incrementar el gasto en pensiones en cuatro puntos sobre PIB en las próximas décadas, y esto es perfectamente viable, aunque no fácil. Hay que sacar del imaginario colectivo la idea de que no habrá pensiones públicas suficientes en el futuro. Ello debe asentarse en amplios consensos políticos que determinen una estabilidad y sostenibilidad a largo plazo.

En España se ha promovido una devaluación salarial y se ha impulsado la externalización del riesgo empresarial en forma de precariedad laboral. Precariedad casi cronificada en amplísimos colectivos de la juventud trabajadora y de las mujeres que han llegado a desconfiar, a veces con razón, de los elementos regulatorios/institucionales ya sean políticos o, a veces, incluso sindicales. Un modelo laboral plagado de incentivos perversos, segregadores e ineficaces que hay que corregir.

Todas estas cuestiones son abordables en el corto-medio plazo. Algunas pueden generar consensos en el marco del diálogo social, y CC OO ya ha hecho pública la voluntad de recorrer ese camino. Donde no llegue el consenso el Gobierno tendrá que explorar mayorías políticas, y elegir.

Unai Sordo es secretario general de CC OO.