Cabify demanda a Podemos tras fracasar una conciliación

Cabify y Podemos se han visto las caras este viernes en los juzgados en el acto de conciliación tras la demanda presentada por la plataforma de alquiler de vehículos con conductor contra la formación morada y varios de sus dirigentes, a los que acusa de haber “dañado gravemente su honor” durante las huelgas de taxistas al acusarles de no pagar impuestos y de tratar a sus empleados como esclavos. Pero detrás de esta demanda judicial se esconde un objetivo mayor según defiende la plataforma: frenar las intenciones de los ayuntamientos gobernados por Podemos como Barcelona y Madrid.

La demanda se conciliación ha acabado sin ningún acuerdo y Cabify ha anunciado que, agotada esta vía, presentará una demanda formal contra la formación. “Podemos está negociando el Ministerio de Fomento una serie de medidas que vienen del sector del taxi y no tienen buenas intenciones. En Barcelona están preparando un reglamento que hará que Cabify desaparezca. Y si sale adelante, luego vendrán Madrid y Valencia en unos meses. Y Cabify dejaría de existir”, señaló Mariano Sylveira, director general de Cabify en Europa.

El responsable de Cabify se refiere al reglamento que prepara el Ayuntamiento gobernado por Ada Colau que pretende cumplir a rajatabla con el tope de 1 licencia de taxi por cada 30 de vehículos de alquiler con conductor (VTC) que consta en el reglamento que desarrolla en la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre. En la práctica, esa relación no se cumple ni de lejos (actualmente en toda España el ratio real es 1/9), por lo que muchos conductores VTC deberían dejar de trabajar. Los ayuntamientos de Madrid y Valencia también preparan normativas similares a las de Barcelona.

“No queremos callar ni amordazar a nadie y menos a un partido político pero queremos que se respeten nuestros derechos. Y Podemos quiere nuestra desaparición. Y no podemos quedarnos callados”, indicó Sylveira. La app superó los 70 millones de euros de facturación en 2017, frente a los 16 millones de un año antes, y estuvo al borde los beneficios frente a las pérdidas de más de 3,5 millones del año anterior, según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

El ejecutivo aseguró que "Cabify paga todos sus impuestos en España", pese que la sede de la empresa matriz se encuentra en Delaware, estado norteamericano donde se aplica una baja fiscalidad.

Vista judicial

A la vista previa acudieron Irene Montero, Juan Carlos Monedero, Rafael Mayoral y Óscar Guardingo, senador de Catalunya en Comú-Podem, contra quienes se dirige específicamente la demanda. Todos ellos señalaron que  Podemos no tiene la más mínima intención de rectificar. La portavoz del partido, Irene Montero, indicó a la entrada de los juzgados que su "obligación como cargos públicos es estar allí donde se defienden los intereses de los españoles". "Vamos a estar defendiendo al sector público del taxi, la existencia de unos servicios públicos fuertes. A nosotras no nos va a poner una mordaza ninguna multinacional, porque lo que estamos haciendo es defender el derecho al trabajo y a una vida digna", añadió.

En la misma línea, Rafael Mayoral,secretario de Sociedad Civil de Podemos, indicó que "no hay transnacional con sede en paraíso fiscal que sea capaz de ponerle una mordaza a Podemos, porque vamos a seguir defendiendo los servicios públicos, el sector del taxi y una fiscalidad justa. No hemos venido a la política para callarnos, sino para defender a los sectores populares frente a los especuladores".

En la demanda, presentada ante el Juzgado de Primera Instancia de Madrid el pasado 31 de mayo, Maxi Mobility Spain, filial de la empresa, considera que tanto el partido como Montero, Monedero, Mayoral y Guardingo han “atentado contra el honor” desde “su puesto de cargo público” al asegurar que Cabify no tributa en España y criticar sus condiciones laborales. Se basa en varios comentarios publicados en las redes sociales y en declaraciones a medios de comunicación.

Juan Carlos Monedero publicó en su blog una entrada en la que aseguraba que Cabify "busca en España esclavos para hacer quebrar el taxi", en tanto que Irene Montero aseguró que no sólo no tributan en España sino que eluden sus impuestos a paraísos fiscales.

Concentración de taxistas

Varias decenas de taxistas de asociaciones como la Federación Profesional del Taxi de Madrid y Élite Taxi, se han concentrado a las puertas de los juzgados donde se celebra el acto de conciliación, para apoyar a los miembros de la formación morada y expresar su “más profunda repulsa e indignación” ante la demanda interpuesta por Cabify.

Las organizaciones convocantes consideran que “el taxi le debe esa presencia a este grupo de parlamentarios independientemente de la opción política que cada uno defienda”. Quieren mostrar un “apoyo silencioso hacia aquellos que se han atrevido a defender el Servicio Público del Taxi”.