España traslada a Bruselas su cambio de rumbo en energías renovables
Presidencia no espera a que esté formado el Gobierno para comunicar a los 27 que será más ambicioso en la lucha contra el cambio climático
El presidente Pedro Sánchez y su equipo no han esperado a tener nombrados los ministros para comunicar a sus socios europeos que España cambiará su discurso y las políticas respecto a las energías renovables y la lucha contra el cambio climático. Esta semana, según varias fuentes socialistas y comunitarias, desde Presidencia se ha hecho llegar ya al Consejo de la Unión Europea —donde están representados los Gobiernos de los 28— ese mensaje sobre el cambio que se pretende operar desde el futuro Ministerio de Medio Ambiente, que dirigirá Teresa Ribera. España quiere salir así del grupo de países menos ambiciosos de la UE en esta materia.
Presidencia no ha podido esperar a tener nombrados sus ministros para comunicar oficialmente este cambio porque en estos momentos se está debatiendo un paquete de directivas que marcarán el desarrollo de las renovables en la Unión Europea durante la próxima década. Y España se había situado hasta ahora en el grupo de países menos ambiciosos. "Estaba haciendo bloque con Polonia", explican fuentes socialistas sobre la conjunción de intereses entre España y uno de los clásicos ogros de la lucha contra el cambio climático en Europa.
Ese paquete de directivas se negocia a tres bandas: entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo (donde están los Gobiernos de los 28). Ahora se está en el tramo final de la negociación, que podría quedar cerrada dentro de siete días. Se debe decidir, por ejemplo, qué porcentaje de renovables se tendrá que usar en Europa en 2030, algo clave para cumplir con los compromisos internacionales de la UE contra el cambio climático.
Durante esta semana se están celebrando reuniones de los representantes de los Gobiernos de los 28 para preparar su postura negociadora para la próxima semana. Uno de los miembros del equipo de Sánchez llamó el lunes al embajador permanente de España en ese órgano para comunicarle que la postura del Gobierno cambiará. Y, según fuentes del equipo del presidente, ese mensaje fue el que se ha trasladado a su vez a los embajadores de los 27. "Ya saben todos el cambio de postura", resumen estas fuentes.
La nueva posición de España la expondrá la futura ministra el lunes en Bruselas, durante la reunión de los titulares de Energía de los 28. “Se apoyará en la posición del grupo socialista en el Parlamento Europeo”, explican fuentes del PSOE. Eso implica, por ejemplo, situarse en la meta más ambiciosa de renovables para 2030, es decir, que para entonces la cuota de energías limpias esté entre el 34% y el 35% (hasta ahora el Ejecutivo español aceptaba a regañadientes el 30%). También, la eliminación de trabas al autoconsumo de energía solar, como el llamado impuesto al sol que el Ejecutivo del PP creó y lleva años defendiendo ante las instituciones europeas.
"No es un capricho"
"Vamos a cambiar el discurso, la narrativa", explican fuentes del equipo de Sánchez. "La transición energética no es un capricho", añaden.
En la última etapa del Gobierno de Mariano Rajoy se han producido discrepancias entre el Ministerio de Medio Ambiente, más concienciado sobre la lucha contra el cambio climático, y el ministerio de Energía, que incluso ha intentado legislar para impedir que puedan cerrar las centrales eléctricas de carbón, las más contaminantes y más emisoras de gases de efecto invernadero. Mientras la mayoría de los países de la Europa occidental ponían sobre la mesa calendarios de cierre de estas centrales —así lo han hecho Reino Unido, Francia, Italia o Portugal—, la postura del ministro Álvaro Nadal de impedir esas clausuras ha hecho que España sea objeto de las críticas de las organizaciones ecologistas de la UE.
Las discrepancias entre los dos anteriores ministerios (el de Medio Ambiente y el de Energía) han influido también en que no haya salido a la luz el borrador de ley contra el cambio climático que España debería tener. La unión ahora en un solo ministerio de las competencias de Medio Ambiente y Energía favorecerá la coordinación. "Si se quiere impulsar la transición energética se deben unir los dos ministerios", resume José Blanco, europarlamentario socialista y encargado de defender la postura de la Eurocámara en las negociaciones sobre la directiva de renovables que se están desarrollando. En la misma línea, Greenpeace aplaude que en un mismo ministerio se unan las competencias de cambio climático, medio ambiente y energía. "Materializa el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con el mayor problema ambiental al que se enfrenta nuestro planeta", señala la organización ecologista en referencia al cambio climático.
En opinión de Blanco, que una de las potencias de la UE, como es España, pretenda situarse entre los Estados más ambiciosos beneficiará el resultado final de esta negociación sobre las energías limpias. "España se volverá a situar entre los países que apuestan más por las energías limpias", augura Blanco.
El futuro del carbón y de las nucleares, en el punto de mira
Teresa Ribera se estrenará como ministra en Europa el lunes en la reunión de los responsables de medio ambiente y energía fijando la nueva posición de España en las negociaciones sobre renovables. Y el cambio de postura podría hacer que se decante la balanza hacia el lado más ambicioso de las negociaciones europeas sobre el futuro de las energías limpias. La postura final la expondrá Ribera el lunes en Bruselas, pero algunas organizaciones —como Ecologistas en Acción y Transport & Environment— ponen sobre la mesa reclamaciones concretas. Piden que el nuevo Gobierno, por ejemplo, deje de apoyar el biodiésel a partir de aceite de palma, puesto en duda en algunos estudios por la deforestación que lleva aparejada.
España e Italia son los mayores productores de Europa de biodiésel a partir de aceite de palma, una materia prima que se tiene que importar. Y ambos países son los que más se oponen a que la legislación europea para la próxima década deje de potenciar el uso de este biocarburante. Estas dos organizaciones ecologistas reclaman a la nueva ministra que cambie la posición española.
Al margen de las negociaciones sobre las directivas europeas, en manos del ministerio de Ribera estará el diseño de la política energética de la próxima década. España tiene que entregar durante este año su plan nacional de energía y clima, donde se tiene que trazar una hoja de ruta hasta 2030. Y ahí se deberán incluir metas y objetivos de energías renovables, eficiencia o descarbonización.
Para elaborar ese documento también se tendrá que tener en cuenta qué ocurre con las centrales de carbón y las nucleares.
En el caso del carbón, la postura del ministro de Energía saliente, Álvaro Nadal, ha sido la de rechazar en todo momento fijar un calendario de cierre de las centrales e, incluso, intentar sacar adelante un decreto para intentar que no se clausuren estas térmicas. Nadal ha distanciado así a España de otros países europeos —como Reino Unido, Francia e Italia— que se han comprometido a ir cerrando de aquí a 2030 todas sus térmicas de carbón, muy contaminantes y emisoras de gases de efecto invernadero.
El consejo de expertos creado por el PSOE para aconsejarle en la transición energética propuso en marzo de este año el cierre de las centrales de carbón españolas en 2025. La inmensa mayoría del carbón que queman ahora las centrales españolas —el 90%, según Mariano Sanz, responsable del área de Medio Ambiente y Movilidad en CC OO— es importado. Además, prácticamente todas las minas de España tendrán que cerrar durante este año.
Más problemático podría ser el fin (y costoso desmantelamiento) de las centrales nucleares. El mismo documento de los expertos del PSOE apuntaba también al cierre de todo el parque nuclear español —cinco centrales— en 2025. Esto supone no admitir que las centrales vayan más allá de los 40 años de vida para las que en principio fueron diseñadas. En esto coincide el PSOE con Podemos. No así con el PP, que desde que en 2011 llegó a La Moncloa ha cambiado numerosas normas para que las nucleares puedan funcionar al menos 50 años.
Intentar cerrar un acuerdo con los partidos sobre este asunto será uno de los retos de Ribera. Y el tiempo apremia, porque la mayoría de las centrales de España deben empezar a tramitar ya los permisos para renovar sus licencias de operación y es clave en ese proceso conocer si podrán irse hasta los 50 años de funcionamiento. Si no, en la próxima década se deberá acometer el costoso desmantelamiento de todo el parque nuclear.
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