Una española para las aduanas mundiales

El momento es especialmente delicado. Por un lado, la Administración Trump ha desatado la guerra comercial, elevando las tasas a las importaciones chinas y las del acero y el aluminio de la UE, Canadá y México. Por otro, a este lado del Atlántico, Bruselas y el Reino Unido siguen enfangados en la negociación del Brexit sin que se atisbe un acuerdo a corto plazo.

“¿Qué haremos las aduanas? Aplicar los impuestos que digan que tenemos que aplicar, pero los cambios influirán en la labor de control y en la de gestión de riesgos. Todo lo demás, es política comercial”, comenta Jurado en referencia a que la OMA no diseña las directrices del comercio. Estas dependen de los Estados y de la Organización Mundial del Comercio. La labor del organismo al que aspira a dirigir es más técnica, pero no por ello menos relevante; se dedica a crear estándares comunes a las administraciones aduaneras de sus miembros, para que el paso de los productos por frontera se produzca con la mayor agilidad posible. “Las aduanas llevan a cabo la acción instrumental de la política comercial. Aplicamos los aranceles, las limitaciones, revisamos los certificados que se deben aportar, o vigilamos que se cumplan los criterios antidumping”, relata Jurado.

Con relación a los cambios que se atisban fruto de la guerra comercial y del Brexit, no obstante, sí apunta que, aunque las nuevas normas sean más restrictivas, “el objetivo seguirá siendo aplicarlas de la manera más ágil posible”.

El camino al que se enfrenta Jurado rumbo a la OMA no es sencillo. Jurado se mide al japonés Kunio Mikuriya, actual secretario general y que se presenta a su tercera elección. Antes de tomar posesión del cargo, el 1 de enero de 2009, ya había ocupado durante los siete años anteriores el cometido de secretario general adjunto, segundo puesto directivo más relevante del organismo.

Precisamente, introducir la limitación de mandatos es una de las propuestas de la candidatura de Jurado, que, si bien rechaza que tantos años al frente de una misma posición abonen el riesgo de clientelismo alrededor de la organización, sí considera que limita la aportación que puede hacerse desde otros países y por parte de otros profesionales “también muy preparados”.

Esta no es la única medida que engloba dentro de su lema Mejor gobernanza, mejores resultados. La aspirante pretende fomentar “una participación más activa” de los Estados miembros y mejorar la representatividad de los mismos en un organismo, “con independencia de si tienen una economía fuerte o una menos potente”.

La candidata española, además, cree que incorporar la experiencia de la UE puede ser suponer un impulso a la organización. “Aquí defendemos el libre comercio y estamos en contra de que se levanten barreras no arancelarias. Un europeo al frente de la OMA serviría para compartir esos principios con el resto de los Estados miembros”, subraya.

Más allá del cobro de los impuestos asociados a la política comercial, quizás la vertiente más conocida por los ciudadanos al hablar de aduanas, Jurado explica que la actividad en las fronteras tiene otros dos pilares: la protección y la seguridad. El primer concepto se refiere a los controles sanitarios, medioambientales o sobre propiedad intelectual que las aduanas deben asegurarse que se están aplicando.

Con relación a la seguridad, en 2006 la OMA aprobó unos estándares comunes; el conocido como marco normativo SAFE. En él se contienen mecanismos para, obstaculizando lo menos posible el comercio, las administraciones aduaneras refuercen los controles para prevenir la delincuencia o el terrorismo, así como el intercambio de información.

¿Qué propone la candidatura de Jurado? En primer lugar, plantea “avanzar” en la reducción del tiempo de los pasos en frontera. “Los operadores económicos quieren estar lo menos posible esperando, porque eso es dinero”, manifiesta. Para ello es imprescindible “una gestión de riesgos adecuada”, es decir “sobre qué te focalizas”, porque es imposible que los funcionarios controlen todos los productos. Para ello se ha fijado como objetivo obtener de las países “un compromiso de no poner ningún medio que interrumpa el proceso normal de despacho de una mercancía (así se denomina el proceso que aúna la declaración de un producto y la comprobación posterior), ampliar su colaboración con las Administraciones aduaneras y potenciar la figura del operador económico autorizado”.

La declaración de operador económico autorizado es una certificación impulsado por la OMA, pero cuya concesión depende de los Estados, que acredita a cualquier actor que interviene dentro de la cadena comercial (el exportador, el destinatario, una naviera, un puerto, etcétera) como un agente “de confianza” de la Administración. “Con el certificado, el operador obtiene las ventajas previstas en el Código Aduanero de la Unión, que son fundamentalmente operativas, como que se le hagan antes los controles o poder elegir el lugar donde realizarlos”, relata. Ahora bien, estará sometido a auditorías periódicas que deberá superar.

El “gran atractivo” que tiene esta declaración, apunta la candidata, proviene de los acuerdos de reconocimiento mutuo, que permiten que la declaración de operador económico autorizado de un país o territorio (los que expide la UE son válidos en todo el territorio comunitario) sea válida en otro Estado. Europa ya tiene firmados convenios de este tipo con EE UU, Japón, Noruega y Suiza, y lo tiene prácticamente sellado con Canadá.

Para combatir el tráfico de productos ilegales, Jurado propugna que la OMA potencie la cooperación y facilite el intercambio de información “de una manera estandarizada” entre las aduanas.