El desacuerdo sobre la relación aduanera paraliza el ‘Brexit’ de May

Theresa May necesita un acuerdo aduanero con la UE que perjudique lo menos posible el comercio con el bloque, destino de la mitad de las exportaciones británicas, y que le permita cumplir su compromiso de evitar una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Presionada por el sector eurófobo, la primera ministra descartó explícitamente la opción más evidente, continuar en la unión aduanera con la UE, pues impediría a Reino Unido firmar acuerdos comerciales con terceros países. También ha descartado permanecer en “una” unión aduanera, opción difusa que defiende la oposición laborista.

El ejercicio de creatividad lingüística propuesto por el equipo de May para tratar de salir del embrollo fue el concepto de “asociación aduanera”. La idea es que el Gobierno aplicaría los impuestos europeos a las importaciones y luego hallaría una (indefinida) manera de devolverlos para los bienes cuyo destino final fuera Reino Unido. Una propuesta que Boris Johnson, ministro de Exteriores y adalid del Brexit duro, no tardó en calificar de “locura”.

La contrapropuesta del sector duro es otra contorsión del lenguaje, el concepto de “facilitación máxima”, que minimizaría la fricción fronteriza gracias a una nueva (y también indefinida) tecnología. Con el relevo en el Ministerio del Interior, al entrar Sajid Javid en sustitución de la dimitida y abiertamente proeuropea Amber Rudd, la balanza en el subcomité gubernamental del Brexit se ha inclinado hacia el Brexit duro, bloqueando cualquier avance en las últimas semanas.

May trató este viernes de desbloquear el asunto con una fórmula que recuerda a los métodos de resolución de conflictos escolares. Ha dividido a su Gabinete en dos grupos de trabajo, y cada uno de ellos deberá elaborar un informe sobre una de las dos opciones de solución aduanera, y presentarla en una reunión convocada para el martes próximo. Los encargados de defender una y otra opción serán, principalmente, aquellos ministros que se oponen a las mismas. Boris Johnson y Philip Hammond, ministro de Economía, considerados las figuras más extremas y divisivas de uno y otro bando del debate, se quedan fuera de los grupos.

Lo llamativo de todo ello es que Bruselas ya ha dicho que las dos opciones son inviables. Dependen de tecnología no probada y, por otro lado, difícilmente solucionarían el problema de la frontera en Irlanda. Nadie espera, en cualquier caso, sustanciales cambios de opinión entre los miembros el Gobierno de aquí al martes.

Pero más que los críticos en su Gobierno, el enemigo de May es el tiempo: Reino Unido estará fuera de la UE el próximo 29 de marzo, en virtud del artículo 50 del Tratado de Lisboa. Por ello, respetando los plazos para que lo aprueben el Parlamento Europeo, necesitará alcanzar un acuerdo con Bruselas este otoño. La inacción del Gobierno ha llevado a conjeturar sobre una posible extensión del periodo transitorio, que prevé una prolongación temporal del estatu quo para evitar los perjuicios de un salto al vacío.

Entretanto, el atasco legislativo en el Parlamento británico continúa. Los lores han derrotado ya al Gobierno hasta 14 veces en la tramitación de la gran ley de salida de la UE, que aún no tiene fecha de vuelta a los Comunes para que los diputados electos voten las enmiendas. Y los conservadores han decidido aplazar hasta el otoño la tramitación de dos importantes leyes del Brexit sobre comercio y aduanas, congeladas desde hace ya meses, ante el temor de que May pueda ser derrotada. Pospuesta la materia sensible, la agenda del Parlamento para la semana que viene incluye debates sobre impuestos municipales y tazas de café de plástico.