Comercios y bares tendrán que aceptar pago electrónico o con tarjeta a partir de 30 euros

Bares, tiendas, dentistas o supermercados. Todos los profesionales y los comercios de todo tipo deberán aceptar pagos con algún método que no sean billetes y monedas si la compra es de más de 30 euros cuando entre en vigor la nueva normativa. Así lo estipula el Anteproyecto de Ley de Servicios de Pago con el que se traspone la Directiva europea 2015/2366, y que hoy ha aprobado el Gobierno en el consejo de ministros. El texto, señala el Ministerio de Economía, "incluye a obligación de todo empresario o profesional de ofrecer a los consumidores la posibilidad de utilizar algún instrumento de pago sujeto a esta ley, como alternativo al dinero en efectivo, en transacciones cuyo importe supere la cantidad de 30 euros".

¿Qué alternativas hay al dinero en efectivo? El pago con tarjeta de crédito o débito y, según la misma normativa nueva, los llamados "los servicios de iniciación de pagos". Son los sistemas nuevos que implican un pago electrónico pero que no obliga a sacar la tarjeta de la cartera. Puede ser una aplicación que conecta directamente con el banco, una cartera virtual y otras aplicaciones de las llamadas fintech.

"El texto deberá obtener los dictámenes correspondientes y volverá de nuevo al Consejo de Ministros para ser aprobado como Proyecto de Ley e iniciar la tramitación parlamentaria", recuerda el Ministerio.

La nueva normativa, conocida como PSD2, crea un marco integrado de este tipo de servicios en la Unión Europea y "pretende hacer frente a los nuevos retos y cambios planteados en la operativa con tarjeta a través de internet o móviles así como reforzar la seguridad en los pagos electrónicos", según dice Economía. Entre las novedades, está la regulación de los nuevos sistemas de pago electrónicos y las carteras de tarjetas virtuales.

Menos responsabilidad si hay robo

Para el usuario, las principales novedades son dos: que podrán pagar las compras de más de 30 euros sin usar efectivo; y que se reduce de 150 a 50 euros las pérdidas máximas que un cliente deberá asumir en el caso de que se produzca una operación de pago no autorizada como consecuencia del uso fraudulento, extravío o robo de la tarjeta u otro instrumento de pago. En este segundo punto, además, se reduce el plazo de respuesta para la resolución por parte de las entidades de las reclamaciones de los usuarios de servicios de pago (a 15 días, frente a los dos meses que se establecía anteriormente).

Para el sector, el alcance es mayor. Entre otras cosas, la nueva regulación europea en materia de pagos "conlleva cambios fundamentales en la industria al dar acceso a terceros a la infraestructura de los bancos. La PSD2 regula, de hecho, el acceso de terceros a las cuentas de los clientes de los bancos, bien para agregar la información (agregadores de cuentas) o bien para el inicio del proceso de pago (iniciadores de pago), en nombre y previa autorización del cliente".

Al conocer el anteproyecto, la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) criticó que no incluyese limitaciones a las comisiones que cobran los bancos por los servicios de pago, entre ellos, las tarjetas, que son "hasta un 78% más elevadas" que en algunos países de Europa. No obstante, valoró positivamente el límite de 50 euros que asume el cliente en caso de uso no autorizado de la tarjeta u otro medio de pago.