El consejo de la CAM, a juicio por las dietas de 600.000 euros del expresidente

La Audiencia de Alicante juzgará mañana al consejo de administración de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por los 600.000 euros de dietas que cobró, presuntamente de forma ilegal, el expresidente Modesto Crespo en la filial Tinser Cartera.

Un juicio que llega, según diferentes fuentes cercanas a la causa, con un acuerdo prácticamente cerrado entre la defensa de Crespo, el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, y la acusación particular —representada por Diego de Ramón y otros— en nombre de 800 afectados por las cuotas participativas y preferentes de la CAM.

A expensas de que se materialice el pacto en la primera sesión destinada a cuestiones previas, implicaría que Crespo reconozca los delitos de apropiación indebida agravada y un delito societario de administración desleal. También que, a cambio, se le reduzca la pena de prisión a un año frente a los cuatro solicitados por el Ministerio Público y la acusación particular, y la devolución a plazos de 600.000 euros.

De hecho, el viernes pasado, el tribunal estaba a la espera de recibir una transferencia bancaria de Crespo para hacer frente a su responsabilidad civil. Ese pago previo, unido a una posible confesión, le permitiría garantizarse la apreciación de atenuantes como la de reparación del daño causado, una condena inferior a los dos años y, consiguientemente, la posibilidad de evitar su ingreso en prisión.

El juicio, declarado de especial complejidad, se ha dividido en trece sesiones diarias y debe quedar visto para sentencia el 3 de julio.

El caso Tinser constituye una de las causas penales instruidas por la Audiencia Nacional por el supuesto saqueo de la CAM, que fue intervenida por el Banco de España el 22 de julio de 2011 y adjudicada por un euro unos meses al Banco Sabadell.

Una vez concluida la investigación, la Audiencia declaró que la competencia para el enjuiciamiento de esta pieza residía en los juzgados ordinarios y remitió las diligencias a Alicante.

La Fiscalía Anticorrupción solicita inicialmente cuatro años de cárcel y 120.000 euros de multa para el expresidente de la CAM y para el ex director general Roberto López Abad, como autor e inductor o cooperador necesario, respectivamente.

Junto a Crespo y a López Abad, en el banquillo de los acusados se sentarán, también como sospechosos de delitos societarios y apropiación, 19 exconsejeros de la CAM, para los que el fiscal reclama entre dos y tres años de prisión.

Crespo percibió entre 2009 y 2011 un total de 600.000 euros por una dedicación “que en Tinser Cartera fue inexistente” y que en la CAM “era gratuita por disposición legal”, según Anticorrupción. Aunque las sesiones de los consejos en esta sociedad eran virtuales, el acusado ha defendido hasta ahora la “dedicación y esfuerzo” que invirtió en ella.

Los estatutos de la CAM, una caja con 130 años de historia que llegó a ser la cuarta de mayor de España, establecían que los cargos de consejero general o presidente de la entidad tendrían “carácter honorífico y gratuito”. Y no podrían generar remuneraciones distintas de las dietas por asistencia a reuniones o gastos de desplazamiento que aprobase la asamblea general.

Burla a la legalidad

A finales de 2009, López Abad, entonces director general, “ideó un plan para burlar esta prohibición” y pagar al recién elegido presidente, Modesto Crespo, 300.000 euros anuales, según la Fiscalía. “En ejecución de ese plan”, la comisión de retribuciones de la CAM aprobó la creación de un consejo en Tinser Cartera, una firma participada por la entidad, con Crespo como presidente ejecutivo.

Esa comisión estaba integrada por Antonio Gil-Terrón Puchades, Luis Esteban Marcos y Martín Sevilla Jiménez, quienes se enfrentan a posibles condenas de tres años y multas de 81.000 euros. Las retribuciones de Crespo, que tenían incluso carácter retroactivo, fueron finalmente respaldadas por el consejo con el voto unánime de otros 16 consejeros. Para todos ellos, el fiscal reclama dos años de cárcel y multas de 48.000 euros.

En su escrito de acusación, Anticorrupción propone que los 21 acusados indemnicen conjunta y solidariamente con 600.000 euros a Bansabadell Inversió Desenvolupament, la filial del Sabadell que absorbió a Tinser Cartera. La situación de deja de ser sorprendente porque la enorme factura de la fraudulenta quiebra de la CAM recaerá sobre el Estado y sobre el sector bancario.