La juez abre juicio a la cúpula de la CAM por falsear las cuentas

La cúpula directiva de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) será juzgada, en una fecha aún por determinar, por supuestamente saquear la entidad cuando esta estaba en plena ruina. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela notificó este miércoles la resolución por la que sienta en el banquillo a ocho exdirectivos de la caja alicantina, utilizada por los Gobiernos valencianos del PP para financiar proyectos megalómanos y que necesitó un rescate de 5.249 millones de euros antes de ser adjudicada por un euro al Banco Sabadell en 2011. Los directivos encabezados Modesto Crespo y Roberto López Abad afrontan penas de hasta 17 años de cárcel por estafa y falsedad contable.

Carmen Lamela, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, abrió juicio oral en la pieza central del llamado caso CAM. En su auto la juez impone a los ocho encausados una fianza de 1.592 millones de euros para hacer frente a posibles responsabilidades civiles. Esta cantidad deberá ser adelantada por el Banco Sabadell, la Fundación CAM y la aseguradora Caser en un plazo de 24 horas.

En esta causa se investigaban las maquinaciones de la cúpula de la entidad, encabezada por su expresidente, Modesto Crespo; el ex director general, Roberto López Abad; y su adjunta, Dolores Amorós, para enriquecerse a costa de la caja cuando esta presentaba pérdidas millonarias, generadas en gran parte por su sobreexposición al ladrillo durante la burbuja inmobiliaria de la década pasada.

Según las acusaciones, los directivos falsearon las cuentas de la CAM en 2010 y 2011 para poder cobrar los bonus y complementos salariales contemplados en sus contratos, y que iban ligados a la buena marcha de la entidad. En aquellos años, los más duros de la crisis económica, cuando ya era claro que las carteras de la mayoría de las cajas estaban lastradas mortalmente por créditos de dudoso cobro, la mayor parte de ellos otorgados a promotores, los gestores de la CAM presentaron unas cuentas aparentemente saneadas: 65,3 millones de euros de beneficios en marzo de 2011.

La realidad, sin embargo, era bien distinta. La entidad alicantina, una de las grandes palancas de poder del expresidente valenciano Francisco Camps, que financió con ella proyectos como la Ciudad de la Luz, en Alicante; la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en Valencia, o Terra Mítica, estaba arruinada. La caja alicantina, que no había sido capaz de fusionarse con otras entidades arrastraba pérdidas por 1.136 millones.

Para cobrar indebidamente 47,3 millones de euros en bonus e incentivos, así como a través de prejubilaciones, los rectores de la CAM supuestamente manipularon las cuentas de la entidad. Los directivos sacaron de la contabilidad las provisiones realizadas para hacer frente a impagos de los créditos de “muy baja calidad”. También omitieron en los libros, y sacaron del control del auditor externo, los swaps —contratos de permuta financiera entre dos partes para el intercambio de flujos de caja futuros—.

Esta alteración de las cuentas, según escribió el juez Javier Gómez Bermúdez, predecesor de Carmen Lamela en el juzgado, “agravó la situación de insolvencia de la entidad, perjudicó a inversores y demoró la adopción de las medidas necesarias para evitar (...) la inyección de 5.249 millones” por parte del Fondo de Garantía de Depósitos. La CAM, que llegó a ser la cuarta caja de ahorros de España por activos, se había convertido en un riesgo para el sistema financiero español.

No pusieron objeciones

El mismo magistrado aseguró en distintos autos que los directivos de la CAM “no opusieron objeción alguna a operaciones que iban a suponer un perjuicio patrimonial y un debilitamiento extremo de la entidad” y además “se fijaron sueldos y cobraron bonificaciones con el falseamiento de la auténtica situación patrimonial”.

La CAM fue intervenida el 23 de julio de 2011 por el Banco de España, que sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección inicial de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)

En un auto notificado este miércoles, la magistrada envía a juicio al expresidente de la caja, Modesto Crespo; a los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores López Amorós; así como a los directivos Teófilo Sogorb, Vicente Soriano, Francisco José Martínez, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa. La juez abre juicio oral por delitos de falsedad en cuentas anuales e información social, delito relativo al mercado y a los consumidores, manipulaciones informativas, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y estafa agravada.

La Fiscalía Anticorrupción, que no acusa al expresidente Modesto Crespo, pide penas que superan los siete años de prisión para el director general Roberto López Abad, la directora general adjunta María Dolores Amorós, el director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb y el director de Inversiones y Riesgos Francisco Martínez. Para Juan Luis Sabater, director de financiación, y Salvador Ochoa, director de información financiera, reclama un año y dos meses de prisión. Para Vicente Soriano, director de Recursos Humanos, pide diez meses de cárcel.

Por su parte, el Fondo de Garantía de Depósitos reclama nueve años para Crespo, Amorós, y Sogorb y tres años para López Abad y Martínez García. Pide para todos ellos una multa de 144.000 euros. En el caso de Sabater, pide dos años de cárcel y una multa de 81.000 euros. La acusación popular ejercida por el abogado Diego de Ramón reclama, 16 años de cárcel para los ocho. Otra acusación particular solicita 17 años de cárcel para todos ellos.

El Sabadell pide aclaración

Sabadell fue la entidad que absorbió la CAM. La compró por el precio simbólico de un euro. El auto de este miércoles, también le afecta. El banco es uno de los responsables civiles subsidiarios de la antigua caja. Sin embargo, la entidad asegura que su responsabilidad, tal y como solicita el fiscal, se limita a una pieza separada sobre la comercialización de cuotas participativas, y no a todo el caso. Hoy, Sabadell envió a la juez un escrito para solicitar una aclaración, al entender que serían responsables subsidiarios de solo 10 millones de euros, y no de 1.592 millones de la fianza civil.

Las cuotas participativas fueron un producto similar a las participaciones preferentes que se vendieron en la CAM hasta su intervención. Mientras las cuentas estuvieron falseadas, se colocaron estos productos por 60 millones. Como la red donde se vendían fue absorbida por Sabadell, los desmanes que se produjeran en su comercialización puede ser reclamados a Sabadell. De esos 60 millones, 40 están cubiertos por una póliza. Los otros 20, según fuentes de Sabadell, podrían ser considerados responsabilidad a medias de la entidad catalana y la fundación heredera de la CAM, si se demuestra la mala venta.