Desde el inicio de la crisis ha crecido un 34% la población sin acceso a un banco en su municipio

Según los últimos datos, 4.114 municipios españoles, el 50,7% del total, no tiene ninguna oficina bancaria. Esto supone que 1,256 millones de ciudadanos no tienen acceso a las sucursales en el municipio donde residen, lo que supone el 2,7% de la población, radicada sobre todo del mundo rural y buena parte de ellas son personas mayores. Desde el inicio de la crisis ha crecido un 34% el número de personas sin acceso directo al banco; en número de pueblos, el incremento es del 15,2%, según un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) presentado este miércoles, que incluyen datos hasta 2016 y que demuestran que el fenómeno no para de crecer sobre la últimas estadísticas conocidas.

Los cierres de oficinas bancarias no han parado desde 2008, acelerada por la desaparición de las antiguas cajas de ahorros, reconvertidas en bancos. En 2017 operaban en España un total de 27.320 oficinas de entidades de depósito, lo que supone un 40% menos que en 2008. Detrás de este fenómeno está la digitalización de los servicios bancarios, la obsesión (y la necesidad) de  las entidades de ahorrar costes en paralelo a la caída de tipos de interés. A la vez, no cesa la despoblación rural. Uno y otro se retroalimentan y el resultado es que Castilla y León es la comunidad con mayor porcentaje de poblaciones sin oficina bancaria, un problema que afecta al 16% de sus habitantes. Por el contrario, prácticamente todos los municipios de Murcia y Baleares tienen, al menos, una sucursal, según un informe realizado por Joaquín Maudos, director adjunto del Ivie y catedrático de la Universitat de Valencia.

Por provincias, la red que más se ha recortado ha sido la de Barcelona, que ha perdido más de la mitad de sus sucursales bancarias (-54%), al pasar de 5.819 oficinas en 2008 a las 2.676 de 2017. Otras provincias afectadas también en Cataluña, son Girona y Tarragona, ambas con un 49% menos de oficinas que en 2008; detrás de este fenómeno está la desaparición de casi todas las cajas de ahorros catalanas, ahora en manos de bancos y de CaixaBank. 

El fenómeno también ha ocurrido en las tres provincias de la Comunidad Valenciana –Castellón (-52%), Valencia (-46%) y Alicante (-45%)-; en Zaragoza (-47%) y Ourense (‑46%). Por el contrario, Cuenca (-17%), Ciudad Real (-19%), Teruel (-21%) y Badajoz (-21%) han sido las zonas en las que se ha perdido menor porcentaje de oficinas.

El cierre de sucursales ha repercutido especialmente en aquellos municipios pequeños que han perdido todas sus sucursales. Según Maudos, Castilla y León es la autonomía más afectada por la exclusión financiera, "ya que el 16% de su población (392.003 personas) no cuenta con una oficina bancaria en su municipio. La exclusión es todavía más acentuada en las provincias de Zamora, Segovia y Ávila, donde más de la quinta parte de sus habitantes tiene que trasladarse fuera de su localidad para acceder a una sucursal bancaria. En estas tres provincias, se cerraron, respectivamente, el 29%, el 37% y el 40% de sucursales bancarias entre 2008 y 2017".

En el lado opuesto se sitúan Murcia y Baleares, regiones en las que prácticamente todos sus ciudadanos disfrutan del acceso a una oficina bancaria en su lugar de residencia.

Las cajas, las que más evitan la exclusión

Además de los municipios que no tienen ninguna oficina, otro 15,8% dispone de una única entidad. Se trata de otros 1.281 pueblos en los que residen 1,4 millones de personas, es decir, el 3,1% de la población. "Las cajas de ahorros o bancos de las antiguas cajas siguen siendo las que más población rescatan de la exclusión financiera ya que ofrecen sus servicios en el 67% de estos municipios, mientras que las cooperativas de crédito lo hacen en otro 21% de las poblaciones. Solo el 12% de los municipios que cuentan con oficinas de una única entidad financiera han sido rescatados de la exclusión financiera por un banco", apunta el informe.

Maudos, que augura que se seguirán cerrando sucursales en los próximos años, reclama a las entidades financieras y a las administraciones públicas que "implementen medidas para evitar la exclusión financiera. En el primer caso, el avance de la banca online es la mejor vía, mientras que en el segundo es necesario asegurar que el acceso a Internet llegue a toda la geografía española. Los colectivos más afectados por el cierre de oficinas son las personas mayores y con menor cultura financiera", asegura.