Éxodo bancario

Desde sus flamantes despachos de Bruselas o Fráncfort, los ejecutivos de la troika (el FMI, la Comisión Europea y el BCE), exigieron hace más de un año el cierre de las oficinas menos productivas de las antiguas cajas de ahorros con ayudas públicas. El objetivo era recuperar la rentabilidad perdida de esas entidades y que la competencia se quedara con el negocio que perdían. Lejos del papel, la realidad ha sido que parte de ese recorte en las redes comerciales lo han pagado los pueblos más pequeños y los barrios marginales de las ciudades, que se están quedando fuera del circuito bancario.

Economistas y sindicatos, como UGT, han alertado de esta situación porque creen que este movimiento produce exclusión financiera, la antesala de la exclusión social. Y no solo está sucediendo en España. En Europa, la resaca de la burbuja y de la crisis financiera, también provoca secuelas. Según un reciente estudio de MasterCard, “millones de europeos están siendo excluidos del sistema bancario. En contra de lo que se piensa, la mayoría son personas originarias del país”. El retrato robot del ciudadano que ha quedado fuera es una persona de más de 40 años, mujer, en paro prolongado o con serias dificultades económicas, así como ancianos, según MasterCard.

Los datos en España son reveladores. Entre 2011 y 2012, se calcula que 60.000 personas que viven en pequeñas localidades han visto como se cerraba la única oficina bancaria que había. Hasta el año pasado, según un estudio de UGT basado en el Anuario Económico de España de La Caixa, 226.340 personas viven en los 133 pueblos (de más de 1.000 habitantes) que no tienen oficina bancaria. “Si se sumaran las personas que viven en localidades de menos de 1.000 habitantes, de las que no hay datos, la cifra sería mayor”, apunta José Miguel Villa, secretario general de banca de UGT. “El 4,1% de los municipios de más de 1.000 habitantes no tienen sucursal”, concluye.

Y cada día la lista será más larga. Solo en el primer semestre de 2013 la banca ha cerrado 2.000 oficinas. Desde que comenzó la crisis en 2008, el sector financiero ha cerrado 9.760 oficinas, con lo que España ha perdido su liderazgo en el ranking mundial de países con más sucursales por habitante. Era evidente que con la recesión y la caída del crédito que ha vivido España, sobraban (y sobran) oficinas. El problema es en dónde se están cerrando. Algunos alcaldes consultados recuerdan, con cierta sorna, que el negocio rural de la banca no ha sido precisamente el causante de la quiebra de la mitad del sistema financiero. “En el pueblo, los créditos se pagaban, pero han cerrado nuestra oficina y no las de Madrid”, apunta un regidor, que lamenta que esto se sume a la reducción del servicio médico, las escuelas, la reducción de trenes, etc.

Este fenómeno es nuevo en España, un país que ha pasado en tan solo cinco años, de ser de los más ricos a tener tres millones de personas que viven con menos de 307 euros al mes, según Cáritas. En otros países, como el Reino Unido, ya lo conocen bien. En la década de los noventa, la conversión de las cajas en bancos y su posterior venta al Lloyds (banco que, por cierto, ha quebrado con la crisis), aceleró la exclusión financiera. Según un informe del Parlamento británico, titulado Financial Inclusion (Exclusion) de mayo de 2011, “dos millones de adultos con bajos ingresos no utilizan los servicios financieros”. Entre las soluciones propuestas por el estudio británico se apunta el abaratamiento de los servicios bancarios para las personas con menos ingresos y que el Gobierno pague el coste de las transferencias para hacer las más asequibles, así como la utilización de las oficinas de Correos.

Los mayores problemas llegan por el manejo de dinero en efectivo

En España, Correos ya tiene un acuerdo con Deutsche Bank, que ofrece sus servicios bancarios en las oficinas postales, lo que facilita la bancarización. Algunos presidentes de cajas de ahorros, comentaban hace años, antes de la crisis, que parte de su obra social era mantener la red rural de oficinas (como hace años tuvo Banesto hasta su integración con el Santander) porque evitaba la despoblación del campo, ya que la sucursal es un apoyo para las microempresas o los comercios. Con la conversión de las cajas en bancos, este planteamiento parece irrecuperable. Pese a todo, los expertos apuntan que, comparado con otros países, España no sufre una gran desbancarización pero sí un claro retroceso, que Villa, de UGT, cifra en 13 años.

Las regiones más castigadas son las que tenían cajas que han sido nacionalizadas: Cataluña, Galicia, Comunidad Valencia, Murcia y Madrid. Manuel Illueca, profesor de Economía Financiera de la Universitat Jaume I, de Castellón, cree que los Gobiernos regionales deberían evitar este fenómeno crezca. “España es un país en el que se utilizan los bancos para todo. Si te quedas sin sucursal, no sabes cómo pagar el agua, el gas, y, sobre todo, qué hacer con el efectivo. Si la gente mete el dinero en el colchón se les expulsa del sistema y se genera economía sumergida”, apunta este profesor que ha estudiado esta materia.

Bankia es una de las entidades a las que la troika obligó a cerrar 1.138 oficinas, un tercio de su red. “Nos dijeron la localidad y calle de donde estaban cada oficina que debíamos clausurar. Fue un acuerdo del Gobierno que teníamos que cumplir. Desde 2013 hemos dejado 50 pueblos sin ninguna oficina, pero les atendemos con el ofibus, la sucursal móvil que acude a los pueblos algún día a la semana. También tenemos oficinas con una persona desplazada que abre uno o dos días a la semana”. Uno de los cierres más polémicos de Bankia fue el de la isla canaria de La Graciosa. A los habitantes no les quedaba más remedio que coger un barco a Lanzarote para ir al banco. “Ese anuncio de cierre fue un error y hemos rectificado”, admiten en Bankia.

Esta es la teoría, pero Joan Lostado (PSOE), alcalde de la localidad valenciana de Algar del Palancia, tiene una experiencia peor. “El 22 de marzo de 2012 la oficina que era de Bancaja, luego de Bankia, cerró y no dejó ni el cajero automático. Sin previo aviso. Teníamos que llevar a los ancianos a por la pensión a Estivella, a 10 kilómetros. Los comercios no sabían qué hacer con el dinero. Fue un desastre. Hablamos con Bankia y le pedimos el ofibus, incluso a través de la Diputación, pero todavía no sabemos nada”. La solución llegó por una joven del pueblo que se hizo corresponsal bancaria de Banesto, ahora Santander: abre dos tardes a la semana. “Los vecinos, que además tienen preferentes, comentan la situación: se ha ido Bankia y ha llegado el Santander. Por supuesto, las cuentas del Ayuntamiento se han ido al Santander”, apostilla.

En Madrid, en la Sierra Pobre, la situación es parecida. Miguel Méndez, (PP), alcalde de Navalafuente, ha vivido cómo La Caixa abrió su oficina en 2008 para financiar una promoción de viviendas. Tres años después, acabado el negocio, la clausuró. “El cierre llegó con los de las localidades vecinas de Bankia en Lozoyuela y Canencia, que eran las únicas que había. Ahora no podemos admitir efectivo en el Ayuntamiento y para los mayores la banca por Internet es difícil de manejar. El hotel, los supermercados y los bares tienen que llevar todo el dinero a diario hasta Guadalix, a cuatro kilómetros”, apunta Méndez. Este pueblo, con 1.200 habitantes, que llegan a 4.000 en verano, ha pedido a Bankia que abra un cajero automático. No hay respuesta.

En Titulcia, cerca de Toledo, Fuencisla Molinero (PP), también ha visto cómo Bankia cerraba su oficina y la sustituía por un autobús: “Una chica del pueblo que tenía una gestoría se ha hecho colaboradora del Santander y abre una pequeña oficina. Se está llevando todo el negocio. El del Ayuntamiento pronto le llegará”. Es la pequeña venganza ante el éxodo bancario que provocará más éxodo rural.