Rato sostiene ante el juez que cobró de forma legal sus conferencias

El presidente de Bankia Rodrigo Rato ha defendido este miércoles sus cobros como conferenciante fueron legales, al igual que "muchas otras personas". Según su versión, desde 2002 es "plenamente legítimo facturar a través de empresas". El exministro, que ha declarado en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla por el supuesto fraude en el cobro de conferencias, ha insistido en que solo en su caso Hacienda ha recurrido a la vía penal, mientras que en otros los ha resuelto de forma administrativa.

El también exvicepresidente del Gobierno con José María Aznar ha dicho que estas pesquisas son un "claro caso de discriminación" en tanto que "otras personas con biografías similares y con responsabilidades similares o superiores a las mías" no se les ha atribuido delito fiscal alguno.

Según la Guardia Civil, entre 2007 y 2012 y durante el ejercicio 2014, la sociedad mercantil Arada, propiedad de Rato y de su exmujer, facturó a la empresa Bureau Consulting de Conferenciantes (BCC) 1,7 millones de euros, siendo 2008, meses después de su salida del Fondo Monetario Internacional (FMI), aquel de mayor volumen.

En su denuncia, la Fiscalía Anticorrupción atribuye al exministro responsabilidades por el ejercicio 2012, año en el que se habrían defraudado, a falta de cifras definitivas, al menos 672.329 euros. Esta cuantía "superaría los 120.000 euros" establecidos por el Código Penal como delito, y no podría considerarse prescrita.

Una acusación que ha calificado de "falsa" ya que, según él, se ha puesto de manifiesto que "esa cifra ha quedado reducida a cero".

En noviembre de 2015, siete meses después de la detención del exministro, la Guardia Civil solicitó al juez que se investigara la relación con BCC dado el "complejo entramado empresarial a través del cual (Rato) hace circular fondos provenientes de actividades profesionales".

Entre las operaciones que proponía analizar se encontraba la impartición de conferencias en diversos países, por las cuales el exvicepresidente del Gobierno "recibiría importantes cantidades de dinero".

Para gestionar esta actividad, proseguía el documento contenido en el sumario, Rato contrató los servicios de BCC, sociedad administrada por los también investigados Pedro Díez y Francisca Buján, que han comparecido a lo largo de la mañana.