Otro conflicto sobre crecimiento y distribución

Veamos algunos ejes del debate sobre pensiones. España crece, sin distribuir adecuadamente la riqueza generada. Las personas que hoy cotizan, ven en riesgo disponer de pensiones futuras comparables a las que financian. Se prima la sostenibilidad del sistema y se sacrifica la suficiencia de las pensiones, como reconocían que ocurriría los inspiradores de la reforma de 2013.

En 2017, el PIB creció un 3,1%; los beneficios empresariales y dividendos distribuidos (hasta septiembre), un 5,1% y un 11,7%, respectivamente. El IPC medio, un 1,96% (1,1%, a diciembre), los salarios un 1,44%, y las pensiones un 0,25%.

Durante la crisis se fuerza a devaluar salarios, sin distribuir esfuerzos entre distintos tipos de renta. Resultado: de cada 100 euros producidos en 2008 por hora trabajada, 59,5 euros remuneraban trabajo y 40,5 euros, capital. En 2017 son 56 euros y 44 euros, respectivamente.

Se adoptan cambios estructurales en la distribución de la renta a través de la negociación colectiva, debilitando la posición negociadora de los trabajadores. Esto tendrá, hasta que lo corrijamos, un impacto negativo también en Seguridad Social.

España mantiene ingresos públicos claramente inferiores a los países de la eurozona, con menor capacidad de actuación para redistribuir renta mediante políticas fiscales de ingreso y gasto público.

Aparecen expertos que, en lugar de presentar las opciones posibles, como esperaríamos de un científico social, insisten en una restricción presupuestaria inmodificable y reducir gasto, ahora en pensiones, como única alternativa.

En 2013, se imponen: revisar pensiones por debajo del IPC; y mediante un factor de sostenibilidad que compensa disminuyendo las pensiones futuras, el mayor gasto derivado del incremento de la esperanza de vida.

Se olvida, así, el soporte fundamental de un sistema de pensiones de reparto. Un pacto entre generaciones en el que las personas activas generan su derecho a percibir, en su momento, pensiones comparables a las que financian.

Debemos insistir: los ingresos por cuotas ayudan a medir la contributividad del sistema, pero además pueden complementarse por otros ingresos hasta completar el objetivo de esfuerzo de una sociedad a las rentas de quienes aportaron el suyo en generaciones anteriores (gasto en pensiones sobre PIB).

Es cuestión de opciones. Decidir dotarnos de recursos suficientes y su distribución, atendiendo a nuestras prioridades como sociedad.

Existen alternativas al mero ajuste de gasto, empobreciendo a pensionistas actuales y futuros: recuperar el Pacto de Toledo, reforzar la estructura de ingresos por cotizaciones y la financiación adicional del Estado, manteniendo el poder adquisitivo de las pensiones, recuperando el marco de revisión periódica del sistema y acordando medidas para mantenerlo en rasgos reconocibles entre las distintas generaciones.

Las pensiones suministran rentas imprescindibles para el 19% de la población (33% en 2050, 25% en 2080), también para la demanda interna de bienes y servicios, el empleo y beneficio empresarial. Tras las crisis, en la fase de recuperación, aparecen las mayores movilizaciones, reclamando equidad en la distribución de la renta. Ahora también y es lógico. Hemos demostrado un sobrado compromiso con el sistema de Seguridad Social, participando activamente en su diseño y evolución. Estamos decididos a seguir haciéndolo.

Carlos Bravo es secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO.