La ley que abre los contratos públicos

La contratación pública estatal ha sido hasta ahora territorio casi exclusivo de las grandes empresas, las únicas capacitadas para acceder a las licitaciones públicas, puesto que la magnitud económica de los proyectos, los exigentes requisitos de solvencia y la complejidad de los procesos han dificultado en extremo la participación de la pyme. Un sector que se conformaba con contratos más modestos (especialmente en el ámbito de la Administración local) y con ser subcontratado por las poderosas compañías. Teniendo en cuenta la importancia de la pyme en la economía española, que representa el 99,8% del total de empresas, su escaso acceso a la contratación pública es, cuando menos, preocupante.

Sin embargo, la inminente entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, el próximo 9 de marzo, introduce grandes cambios en el panorama de la contratación pública española. Uno de los objetivos de la norma, impuesto por la Unión Europea, es facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a los contratos públicos, para lo cual la nueva ley establece una serie de medidas para fomentar su participación.

Entre ellas, destacan la publicidad de todas las licitaciones, la primacía de la oferta con mejor relación calidad-precio en lugar de la económicamente más ventajosa, la aceleración de los periodos de pago, la simplificación de los trámites administrativos, la adecuación de la acreditación de la solvencia técnica al objeto del contrato y la eliminación del límite del 60% a la subcontratación. Además, se rebaja notablemente la cuantía de los contratos menores, una figura utilizada masivamente por el sector público, especialmente el local, mediante el que la adjudicación del contrato se realiza directamente al empresario elegido arbitrariamente por la Administración.

Pero sin duda, por cuanto rompe radicalmente con el sistema anterior, una de las medidas que realmente va a servir para que todas la empresas, sean grandes o pequeñas, estén en condiciones de igualdad a la hora de participar en licitaciones públicas, independientemente de su cuantía o magnitud, es la nueva obligación que establece la ley de dividir en lotes los contratos siempre que sea posible, convirtiendo lo que antes era una excepción en la regla.

A pesar del cambio, las firmas medianas no tendrán posibilidad en el nuevo plan de carreteras

Hasta ahora, los contratos debían ejecutarse en su totalidad por un mismo contratista, sin posibilidad de proceder a su división salvo en casos muy excepcionales debidamente justificados. A partir del 9 de marzo la situación dará un giro de 180 grados y en todos los contratos que el sector público saque a licitación debe contemplarse su división en lotes, siempre que su naturaleza lo permita, abriéndose la vía para que las pymes puedan optar a muchos contratos antes inaccesibles para ellas.

Por su parte, las grandes empresas, especialmente las constructoras, sufren desde 2007 las consecuencias de la escasa inversión en obra pública en España. Por ello se han visto obligadas a buscar oportunidades en el extranjero, donde han conseguido adjudicarse importantes contratos públicos que han supuesto, en algunos casos, como el de las ingenierías, el 90% de su facturación total.

Referencias

Sin embargo, para optar a concursos en otros países, deben presentar referencias de trabajos realizados recientemente, por lo que necesitan la reactivación de la inversión pública y, sobre todo, la ejecución de contratos en España, su carta de presentación para poder continuar licitando en el exterior. Aunque muchos de los grandes contratos seguirán estando reservados para ellas, puesto que la realidad manda y el poder de estos titanes en cuanto a medios personales, económicos y tecnológicos es incuestionable, no es menos cierto que ahora, con las nuevas reglas, se van a encontrar con una mayor competencia en la licitación pública: más de un millón y medio de pymes querrán entrar en el juego.

No obstante, aunque la nueva Ley de Contratos del Sector Público establece claramente la obligación de adoptar medidas que faciliten y promuevan la mayor presencia de pequeñas y medianas empresas en las contrataciones del sector público y, en concreto, la división en lotes de los contratos, la Administración aún dispone de algunos instrumentos que limita esa democratización.

Así, el pasado mes de julio, en pleno proceso de tramitación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, el presidente del Gobierno presentó el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras, dotado de 5.000 millones de euros para actuar sobre más de 2.000 kilómetros en los próximos cuatro años.

La modalidad elegida para esta operación es la de la colaboración público privada, sistema que tanto Seopan, patronal de las grandes empresas constructoras y concesionarias, como las ingenierías llevan reclamando desde hace tiempo y que conlleva la financiación de las infraestructuras entre el sector público y la empresa privada. Esta fórmu­la deja fuera de juego a las pymes, que carecen de la capacidad para conseguir inversores que apoyen los proyectos, por lo que, nuevamente, este mercado queda en manos de los grandes grupos constructores.

Papel relevante

A pesar de este revés para la pyme, no hay que olvidar ni el importante papel que juega este sector en la economía española ni que la nueva Ley de Contratos promueve, facilita y simplifica su acceso a la contratación pública. Un mercado en el que el importe total de las licitaciones concedidas por la Administración pública en enero de 2018 ascendió a 604,3 millones de euros.

Pero lo cierto es que, aunque las bases están sentadas y pequeños y medianos empresarios tienen una oportunidad única de acceder a un negocio que históricamente ha quedado fuera de su alcance, los poderes públicos también tendrán un papel determinante en la ejecución de la nueva normativa para favorecer a un sector que ha sufrido gravemente las consecuencias de la crisis económica y que necesita un impulso para salir a flote. Hay pastel para todos.