La nueva Ley de contratos públicos no permitirá a las subcontratas relajar las condiciones laborales

La Ley de Contratos del Sector Público se ha aprobado definitivamente este jueves en el Congreso tras rechazar la mayoría de la oposición, excepto de Ciudadanos, una enmienda de última hora introducida por el PP en el Senado que privilegiaba los convenios colectivos de empresa sobre los sectoriales. La norma que lleva casi un año de tramitación, ha incorporado casi un millar de enmiendas, viene a transponer, con cierto retraso, varias directivas europeas en materia de contratación pública de 2014.

La norma busca reducir las cargas administrativas, dar más transparencia a los procesos de adjudicación y agilizar los procedimientos, además de que se generalizan las declaraciones responsables, con lo que se eliminan trabas burocráticas y administrativas.También se regulan los plazos de pago. Se protege a los subcontratistas.

La votación de este jueves en el Congreso no ha estado exenta de polémica porque la enmienda aprobada por el PP en el Senado modificaba tres artículos del texto aprobado por el Congreso el pasado junio. A pesar de que la enmienda se ventila en una pequeña coletilla sobre tres artículos —se sustituye la frase "convenio colectivo sectorial de aplicación" por "convenio colectivo que sea de aplicación"— tiene una gran carga de profundidad. De hecho, esta enmienda permite a las empresas aplicar su propio convenio en lugar del sectorial. Esta situación, fruto de numerosos conflictos laborales, permite a las empresas que contraten con las administraciones públicas relajar las condiciones laborales. Es decir, "se establecen como prioritarios los convenios de empresa frente a los sectoriales, siempre que se haga referencia a lo pactado en convenio colectivo", explica Efe.

Pero finalmente esta enmienda ha sido tumbada en el Congreso. El pleno ha rechazado con los votos del PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC y PDeCAT las tres enmiendas del PP al argumentar que pretende redundar en la reforma laboral aprobada en 2012. Las enmiendas han sido rechazadas por 164 votos a favor, 171 en contra y ninguna abstención y el PP sólo ha recibido el apoyo de Ciudadanos. La diputada del PSOE María Jesús Serrano ha recriminado que los populares se hayan "quitado la máscara" en el Senado y hayan querido introducir cambios que sólo perseguían abundar en su reforma laboral "a costa de seguir manteniendo la precariedad en los salarios".

La norma, además, define y limita la morosidad de las administraciones públicas al establecer un plazo máximo de 60 días: 30 días para comprobar la factura y registrarla y otros 30 para el pago. El texto impide ahora la negociación de los plazos de pagos entre contratista y proveedor. De hecho, permite que la Administración pueda pagarles directamente si detecta retrasos. Además, extiende las mismas condiciones de plazos y condiciones de pago entre el contratista y el subcontratista.

Las Administraciones públicas tendrán a partir de ahora la obligación de controlar que las empresas con las que han contratado cumplen los plazos de pago con sus subcontratas pudiendo establecer penalizaciones en los contratos superiores a cinco millones.

También establecerá la obligación de la factura electrónica y una Oficina Independiente que supervise los contratos y garantice la libre concurrencia. Pondrá un límite a los modificados en los contratos firmados en los pliegos con las empresas privadas, para que no superen el 20 % del importe contratado y obligará a las empresas concesionarias a asumir los riesgos económicos de la construcción y explotación de las obras o servicios que prestan a la Administración. Las cláusulas sociales y medioambientales estarán presentes en toda la ley, al tiempo que se reservará un porcentaje de contratos para empresas de inserción laboral y discapacidad.

Otro de los puntos de la nueva ley es que obligará a trocear en lotes los contratos susceptibles de fraccionamiento para que las pymes puedan acceder a la contratación pública y las empresas de nueva creación no tengan que acreditar trabajos anteriores con la administración para poder acceder a ella. Además garantizará la posibilidad de rescindir los contratos por impago de salario a los trabajadores y dará mayor transparencia a la publicidad de los contratos menores que rebajan su cuantía.