El Gobierno crea una vía exprés para dar contratos públicos

El Gobierno creará un sistema exprés para licitar contratos públicos cuyos importes no superen el entorno de los 200.000 euros para suministros y servicios o los dos millones para obras, tal y como se recoge en la nueva ley de contratación pública que el Ejecutivo remitirá al Congreso.

Lo normal es que ahora la concesión de cualquier contrato tarde de media unos seis o siete meses. Pero el Ejecutivo ha creado un procedimiento rápido para que los contratos se fallen en solo un mes. La iniciativa consiste en reducir mucho las exigencias burocráticas; generalizar el uso de la declaración responsable, la cual evita el papeleo hasta que se haya conseguido el contrato; y fijar unas pocas condiciones técnicas pero muy objetivas, de forma que se pueda resolver la licitación haciendo sólo unos números. Según los expertos consultados, ese automatismo permitirá reducir sensiblemente los plazos para conceder el contrato.

Mejorar la publicidad

El Gobierno ha trasladado al Congreso dos proyectos de ley para mejorar la contratación pública y acabar con el procedimiento negociado sin publicidad, aquel que permitía a las tramas de corrupción trocear contratos burlando los controles. El Ejecutivo tenía que haberlo aprobado el pasado 18 de abril para cumplir con las directivas europeas. Sin embargo, el bloqueo impidió que se tramitasen. Bruselas incluso lo incluyó como un requisito para librar a España de la multa por incumplir el déficit.

Así que ahora se aumentará la transparencia suprimiendo el procedimiento negociado, una fórmula en la que no es necesaria la publicidad y de la que suele abusar la Administración. A instancias de Europa, se fortalece la gobernanza de la supervisión con una Junta de la Contratación Pública. Además, se penalizará a las morosas con proveedores, se premiará el respeto al medioambiente, se reforzará la responsabilidad de las empresas en las concesiones, se perseguirán las ofertas anormalmente bajas, se abrirá la contratación a las pymes o se fomentará el I+D con un contrato que permitirá al Estado comprar soluciones tecnológicas.