El Gobierno acabará con los contratos públicos sin publicidad

El Gobierno ultima la legislación para acabar con el procedimiento negociado sin publicidad, precisamente la fórmula que usaban tramas como la Gürtel para trocear contratos y burlar el control. Y lo hace bajo la presión de Bruselas, que a cambio de anular la multa por incumplir el déficit exigía, además, que se dotase cuanto antes de mayor transparencia a la contratación pública. Entre otras medidas, se publicitarán los modificados para que otras empresas puedan impugnarlos y se creará un nuevo sistema de gobernanza de la contratación. Este será uno de los primeros paquetes que apruebe el próximo Ejecutivo.

En la actualidad, cualquier contrato público cuyo importe oscile entre 18.000 y 100.000 euros se puede otorgar mediante el proceso negociado sin publicidad. Si se trata de obras, las cantidades se remontan a una horquilla entre 50.000 y un millón de euros. Por este proceso, el adjudicador público busca al menos tres empresas de acreditada solvencia y negocia las ofertas directamente con ellas. Sin embargo, esta licitación carece de la publicidad necesaria para que puedan acudir más postores. Para colmo, la rapidez y facilidad con la que se negocia directamente ha provocado que este proceso prolifere en el sector público. Muchas veces por pura comodidad. Hasta el punto que la UE considera que las administraciones españolas están abusando de este modelo.

Según las cifras que maneja la Comisión Europea, España figura como uno de los países con un porcentaje más bajo de publicidad de sus contratos públicos. Alemania, por ejemplo, también aparece en el grupo de cabeza de esta lista. Aunque muchas tramas delictivas se hayan beneficiado de este esquema, no sólo representa un problema de corrupción. A juicio de las instituciones europeas, sobre todo es una cuestión de eficiencia y calidad del gasto público. La Comisión pretende que la licitación se simplifique y se abra a la competencia, de modo que empresas de cualquier país europeo puedan competir por contratos en toda la Unión. De ahí su particular insistencia en recogerlo en las recomendaciones que el 8 de agosto formuló el Consejo Europeo para España. Y ello a cambio de condonar la multa por incumplir el objetivo de déficit.

El Gobierno tenía prácticamente terminado el proyecto de ley que transpone la directiva europea. Pero al estar en funciones este año no ha podido sacarlo adelante, incumpliendo el plazo que vencía el pasado 18 de abril. En el Plan Presupuestario remitido el 15 de octubre, el Ejecutivo ha prometido a Bruselas que aprobará cuanto antes la supresión de los contratos negociados sin publicidad. Y el PP ha presentado en el Congreso una proposición de ley para mejorar la transparencia en la contratación pública. “Es necesario crear los dispositivos adecuados para satisfacer estas obligaciones con la máxima celeridad, sobre las que el Estado español tendrá que rendir cuentas con carácter inminente el próximo 18 de abril de 2017”, reza la exposición de motivos del grupo popular. Tan pronto como se pueda ratificar en el Parlamento, comunidades y ayuntamientos también tendrán vetado el uso del contrato negociado sin publicidad, según afirma el Gobierno en el Plan enviado a la Comisión.

En la actualidad, cualquier contrato público cuyo importe oscile entre 18.000 y 100.000 euros se puede otorgar mediante el proceso negociado sin publicidad

Los modificados

Pero estos planes no solo erradican los contratos negociados sin publicidad. También obligan a que se publiciten todos los modificados en la obra pública, unas ampliaciones del proyecto que solían encarecerlo y del que las empresas abusaban. La idea consiste en que se publiquen estos modificados para que las compañías de la competencia puedan impugnarlos si los juzgan abusivos. El texto legal contempla, además, facilidades para el acceso a las pymes; penalizar a las empresas morosas; introducir estándares sociales y medioambientales; imponer esta misma norma de contratación a partidos políticos, sindicatos y patronales, o limitar las bajas temerarias al 2,5% del precio medio, algo que algunos expertos critican por eliminar la competencia a precio.

Entre estas iniciativas, destaca la creación de un nuevo sistema de gestión de la contratación pública. En su análisis de agosto, la Comisión pone énfasis en la falta de controles ex ante y ex post. Con independencia de la labor de los interventores y el Tribunal de Cuentas, el Ejecutivo comunitario pide algo más: “La ausencia de un cuerpo independiente a cargo de asegurarse la eficiencia y el cumplimiento legal en el aprovisionamiento público de todo el país dificulta la implementación adecuada de las reglas de contratación y puede crear oportunidades para el delito”.

Ante estas demandas, el Gobierno de Rajoy ha brindado a un organismo ya existente la responsabilidad de supervisión: la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, un órgano de Patrimonio del Estado y, por lo tanto, dependiente de Hacienda. Este se encargará de elaborar el Plan Nacional de Supervisión y de coordinarse con el resto de administraciones. Y su labor se complementará con la de la Oficina de Evaluación, cuyo cometido será el de asegurarse que los contratos suscritos son financieramente sostenibles y no acaban siendo un lastre para las cuentas públicas como sucedió con las radiales o El Castor.

Sin embargo, varios expertos lamentan que este sistema sea poco ambicioso y se quede por debajo de lo que exige la directiva. “Bruselas en realidad reclama una autoridad que tenga la independencia suficiente y poderes plenos para actuar. Algo que no ocurre si depende del Ministerio”, subraya uno de los expertos consultados.