Competencia carga contra las últimas restricciones a las licencias de Uber o Cabify
La CNMC requiere al Gobierno para que derogue el real decreto de diciembre que limita la venta de licencias VTC y obliga a registrar cada viaje
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha requerido al Gobierno para que derogue los últimos requisitos aprobados en diciembre para las empresas que utilizan licencias VTC (para vehículos de alquiler con conductor), como Uber o Cabify. Advierte, además, de que acudirá a los tribunales en caso de que no se anulen. El Ministerio de Fomento aprobó el pasado diciembre un real decreto con una serie de medidas que frenaba la expansión de las empresas que utilizan este tipo de licencias VTC. Entre otras cosas, el real decreto estableció que las licencias VTC no pueden venderse en los dos años siguientes a su adquisición y las empresas que las usan deberán inscribir en un registro único todos los servicios que se contraten antes de su realización.
Con estas medidas, el Gobierno intentó satisfacer las demandas del sector del taxi que acusa a Uber y Cabify de competencia desleal. Sin embargo, la CNMC, que ya se ha pronunciado en otras ocasiones en contra de establecer limitaciones a este tipo de empresas, ha considerado que estos nuevos requisitos no están "justificados" y suponen "numerosas restricciones a la competencia que perjudican a consumidores y usuarios". Por tanto, envía un requerimiento al Gobierno para derogar esas restricciones a la competencia y recuerda que "se trata de un paso previo a la interposición de recurso contencioso-administrativo contra dicho Real Decreto".
En concreto, la CNMV considera que la prohibición de comerciar con las licencias VTC durante dos años "desincentiva que nuevas empresas entren en el mercado, ya que limita su capacidad de abandonarlo en ese tiempo". Entiende que esa prohibición "limita la liquidez del mercado secundario de licencias", con el resultado de que entran menos empresas en ese mercado y, por consiguiente, repercutirá "negativamente sobre los pasajeros".
En cuanto a la obligación de comunicar a un registro administrativo cada viaje antes de realizarlo, estima la CNMC que eso limita "la movilidad geográfica de las compañías VTC", además de que no aprecia motivos que justifiquen ese registro, cuando cree que "perfectamente" se puede realizar ese control administrativo "a posteriori".
Competencia ya interpuso un recurso contra el Ejecutivo a finales de 2015, también en relación con la regulación a este sector, en concreto, contra la medida de limitar las licencias de VTC de forma que sólo se otorgue una por cada treinta del taxi. Este recurso está actualmente pendiente de resolución por parte de la Audiencia Nacional. De hecho, los tribunales han ido dando la razón a las empresas que han recurrido esa limitación y actualmente, el ratio de licencias VTC en relación a las de taxi se sitúa en algunas ciudades por debajo de 1/10.
