La ‘espiral de la muerte’ de los rescates bancarios
Manuel Conthe, expresidente de la CNMV, cree que los directivos del Popular no vieron que el Mecanismo de Resolución agrava los riesgos de las entidades
La quiebra del Popular se ha convertido en un caso de estudio sobre resoluciones bancarias. Manuel Conthe, economista y expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), considera que solo “la posibilidad de que el Mecanismo Único de Resolución (MUR)” —el organismo de Bruselas que se estrenó con la liquidación del Popular el 6 de junio— “se active cuando una entidad afronta un problema de liquidez, incluso aunque esté bien capitalizada, y que esa resolución pueda concluir en una pérdida patrimonial para sus accionistas, acreedores o depositantes, puede facilitar pánicos bancarios y oleados de especulación contra la entidad”. Este efecto es el que denomina la “espiral de la muerte”, como afirma en el capítulo 8 del Anuario del Euro 2017, editado por la Fundación ICO y la Fundación de Estudios Financieros.
El expresidente de la CNMV continúa afirmando que “por desgracia, los directivos y consejeros del Popular no advirtieron a tiempo que el nuevo MUR, por su agilidad y espíritu draconiano, supone un cambio que agrava ciertos riesgos para los bancos cotizados, especialmente para los medianos y pequeños”. Y añade una frase a modo de resumen de la situación, parafraseando a dos autores: "Delito menor, castigo cruel".
Tanto Conthe como Fernando Fernández, director del Anuario y consejero externo de Bankia, describen más efectos negativos del Mecanismo de Resolución bancaria. Fernández dice los bancos pequeños y medianos pueden dejar de cotizar para protegerse de este organismo, “lo que solo perjudicaría a la transparencia del sistema y aumentaría la vulnerabilidad de clientes y depositantes”.
Los test de estrés ignoran debilidades
También considera que los test de estrés “son siempre limitados y subjetivos y pueden ignorar debilidades fundamentales que solo se manifiestan en momentos de crisis”.
Los dos economistas reclaman cambios estructurales en el sistema europeo de rescates bancarios, y piden que el BCE se convierta en un “mecanismo oficial de provisión de liquidez que eviten la muerte de bancos solventes pero ilíquidos”.
Fernández afirma en el libro del ICO que la discrecionalidad en los procesos como el vivido por Popular, resulta “excesiva, lo que se traduce en fuente de alta litigiosidad”. Reclama que las autoridades que intervienen estén libres de toda responsabilidad “civil o penal, que no profesional” para sentirse más libres en la toma de decisiones. Considera que no es práctica la idea de que cerrar temporalmente una entidad antes de venderla: “acabaría quebrada”, afirmó durante la presentación del libro.
Fernández, Pablo Zalba, presidente del ICO, y Joaquín Almunia, exvicepresidente de la Comisión Europea, debatieron sobre la necesidad de crear eurobonos a cambio de una disciplina fiscal de los Estados. Zalba fue el más optimista y afirmó que llegarán en un plazo medio de tiempo, mientras que Almunia lo descartó con seguridad y Fernández advirtió de los grandes riesgos si no llegan los eurobonos antes de la próxima crisis.
Los tres ponentes coincidieron en la necesidad de dar estabilidad al euro con disciplina fiscal a cambio de mutualización de la deuda, responsabilidad y solidaridad juntas. En ese sentido recordaron que "no hay ninguna unión monetaria que haya podido sobrevivir sin esa mutalización y la UEM no será una excepción", recordó Fernández. Almunia y Zalba alabaron la gestión de Mario Draghi al frente del BCE y admitieron que sin su determinación, la crisis hubiera sido mucho más dramática en España.
También reclamaron la creación de un Ministerio de Hacienda en la zona euro con el fin de dotar de legitimidad democrática la creación de un Tesoro Europeo, que, a su vez, emita deuda comunitaria en forma de eurobonos, y de un Fondo Monetario Europeo.
Este nuevo Ministerio asumiría la gestión de la disciplina fiscal, la aplicación de las reglas fiscales y la gestión del activo europeo, además de dotar a la Eurozona de un ente con mayor agilidad de acción en aquellos momentos en los que se requiera una "rápida intervención".
Por su parte, Almunia también señaló que la Unión Bancaria tendría que ser la prioridad en el proceso de integración financiera europea, algo que, de formarse un nuevo Gobierno en Alemania el próximo 4 de marzo, junto al liderazgo del presidente francés, Emmanuel Macron, se podría “completar cuanto antes”. “Este proceso exige confianza política, que se evite el riesgo moral de recibir dinero alemán y que estos acreedores con mayor capacidad económica sepan que la deuda de los bancos no se puede convertir en un activo de alto riesgo, y que conlleve una crisis de liquidez”, añadió Almunia.
Protesta sindical
Con motivo de la presentación del informe este lunes en la sede de la Fundación ICO en Madrid, algunos sindicatos, entre los que se encontraban UGT, CGT y CSIF, organizaron una manifestación a las puertas del ICO, con el fin de reclamar la recuperación del plan de desarrollo profesional de la empresa pública y concertar una interlocución con el Ministerio de Hacienda.
Según los sindicatos, al margen de los recortes generales que ha sufrido el conjunto de los trabajadores del sector público a raíz de la crisis económica, el Ministerio de Hacienda impidió que el ICO pueda utilizar los recursos propios para poder pagar la evolución de las reclasificaciones de las retribuciones de sus empleados, un sistema establecido en su convenio colectivo.
Como consecuencia, los sindicatos denuncian que esta paralización hace que estén percibiendo una retribución inferior a lo pactado, que ya acumula el millón y medio de euros en su conjunto.
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