Rescate autonómico

Cualquier reforma de la financiación autonómica con sentido está obligada a tener en cuenta el factor opresivo de la deuda. Como no es posible recurrir al método expeditivo de las quitas, las opciones disponibles son: reducir el tipo, aumentar el plazo (la variante más drástica sería convertir la deuda en perpetua) y trasladar el endeudamiento desde los libros de cada autonomía al libro del Estado. Esta última solución no debería tener consecuencias desagradables en los mercados, porque el rating del reino de España depende del volumen de la deuda del conjunto de administraciones públicas, que seguiría siendo el mismo. Ahora bien, todas las opciones, en mayor o menor medida (la deuda perpetua y el apunte en el libro del Estado más, desde luego) incurren en el llamado riesgo moral. Las comunidades cumplidoras se preguntarán qué incentivo tiene cumplir con rigor y austeridad si al final las incumplidoras son salvadas por el Estado.

El nuevo sistema debería corregir otras disfunciones tan graves como la de la deuda. Si es cierto, como asegura la comisión de estudio de la financiación autonómica, que la proliferación de Fondos confunde y distorsiona la transparencia, lo lógico sería simplificarlos. Dicen que el ministro de Hacienda tiene previsto reducirlos (de los cinco actuales a dos). Parece oportuno también coordinar los impuestos sobre sucesiones y donaciones y los tributos medioambientales. El objetivo sería evitar diferencias ostensibles en la capacidad recaudatoria autonómica causadas por saltos de gravamen. Aseguran que Montoro también tiene un plan al respecto.

Ahora bien, las piezas imprescindibles no deben ocultar la equidad del conjunto o, dicho de otro modo, la lógica social del Estado autonómico. Desde sus orígenes se ha guiado por el principio de recaudación; pero el sistema tiene que estar basado en el principio de las necesidades. Se trata de coordinar una red de servicios mínimos para todos los ciudadanos con independencia del lugar de residencia. En aplicación de ese principio, es obligado calcular el coste de esos servicios y garantizar su pago al margen de la recaudación esperada o real. Si se consigue concretar ese principio, la reforma de la financiación autonómica será un éxito.

La probabilidad de que el ministro Montoro y el Gobierno de Rajoy consigan pactar o impulsar políticamente una reforma financiera de este alcance durante esta legislatura es muy baja. Podrían esgrimirse varios motivos para el pesimismo, desde la incapacidad del Gobierno para articular negociaciones complejas (también las más sencillas suelen escapársele) hasta el escandaloso retraso en el comienzo de la negociación o la falta de criterios comunes de partida entre los gobiernos autonómicos. Pero hay un motivo político casi determinante: los intereses de los dos partidos socios potenciales del PP (Ciudadanos y PNV) son opuestos. Y esta contradicción inicial es disuasoria para el propio Mariano Rajoy.