Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

El juez cita como imputado a Narcís Serra por el agujero de Catalunya Caixa

El expresidente de la entidad y otros 14 directivos serán interrogados a partir del 20 de febrero

Narcís Serra, en una imagen de 2013.rn
Narcís Serra, en una imagen de 2013.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado como imputado al expresidente de Catalunya Caixa y exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra por las supuestas irregularidades en la gestión de la entidad que provocaron un agujero de 700 millones entre 2000 y 2007. Junto a él, el magistrado ha citado a otros 14 exdirectivos de la caja, que fue nacionalizada y vendida a BBVA en abril de 2015. La decisión judicial llega diez meses después de que la Fiscalía Anticorrupción registrara una denuncia en la Audiencia Nacional por estos hechos, por los que Serra declaró ante la Guardia Civil hace dos años.

La denuncia alude a operaciones inmobiliarias realizadas entre 2000 y 2007 y que resultaron ruinosas. La Fiscalía también señala al que fue director general de la entidad, Adolf Todó. Serra y Todó están pendientes de juicio por aprobar aumentos de sueldos para directivos cuando la entidad se encontraba ya en una situación económica muy deteriorada.

La caja, según la denuncia, "ejecutó una intensiva y creciente actividad inversora inmobiliaria" a través de su filial Procam. Esta empresa realizó inversiones en España, Polonia y Portugal. La investigación se centra en operaciones para la compra de inmueble y de participaciones en sociedades.

Las irregularidades fueron detectadas en primera instancia por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que se hizo cargo de CatalunyaCaixa en 2011 tras varias inyecciones millonarias de capital (más de 12.000 millones). Las operaciones inmobiliarias sospechosas no reunían garantías de viabilidad. Los directivos de CatalunyaCaixa -la denuncia se dirige contra 15 personas- dieron "aval" a las operaciones basándose en la simple confianza de los socios copartícipes. No existían, sin embargo, informes independientes ni se estudió de forma exhaustiva "la solvencia y capacidad" de esos socios para sacar adelante los proyectos.

Los proyectos inmobiliarios estaban condicionados a trámites urbanísticos que en muchos casos resultaban "inciertos". Se da el caso de que parte de los terrenos no eran ni siquiera urbanizables o bien estaban pendientes de recalificaciones urbanísticas, lo que suponía, recoge el fiscal Maldonado, un "riesgo en la inversión". Las operaciones se cerraron, además, sin incluir cláusulas que garantizaran los intereses de la caja.