Más empleo, aunque precario

En febrero se cumplirá un año desde que el Congreso de los Diputados empezó a negociar un pacto de Estado por la Educación que, por primera vez tras la redemocratización de España, aparte la política educativa de las veleidades del Ejecutivo de turno. Es una idea apreciada por los empresarios encuestados por Deloitte para Negocios: siete de cada diez consideran que la educación debe ser una de las prioridades del Ejecutivo, solo por detrás de la I+D (que también ha de formar parte de la política educativa), el fomento de las exportaciones y el de la competencia.

Sin embargo, se muestran escépticos acerca del avance del acuerdo: el 81% afirma que es insuficiente para potenciar el talento que necesita la economía, mientras que solo un 4% lo valora de forma positiva.

Tienen motivos para desear un cambio. Un estudio del Foro Económico Mundial (WEF, en sus siglas en inglés) publicado en septiembre ponía a España en la cola de la Unión Europea —solo por delante de Grecia— por su "desarrollo del capital humano". Para las asociaciones empresariales, el problema de la formación en España reside, entre otros problemas, en la falta de conexión entre los diferentes itinerarios de formación y las necesidades del mercado de trabajo, especialmente en el campo de la mano de obra cualificada.

Sin embargo, el propio informe del WEF apunta que el principal problema de España no es precisamente la educación formal —en la que está en niveles similares a países como la envidiada Corea del Sur—, sino la falta de desarrollo del capital humano en el puesto de trabajo. Y, con la insistencia de la economía española en puestos de trabajo precarios y de escasa formación, esta situación no tiene visos de cambiar pronto.

Aunque ha mejorado ligeramente, la opinión de los empresarios acerca del Gobierno de Mariano Rajoy sigue siendo pobre. Un semestre más, el porcentaje de directivos que tiene una mala imagen de la política económica del Ejecutivo sigue siendo superior al que tiene una buena, aunque la opinión mayoritaria es la indiferencia (43%).

Mientras, el Partido Popular continúa gobernando sin mayoría parlamentaria, lo que obliga al Ejecutivo a negociar toda la legislación. Los empresarios ven en esa geometría variable en el Parlamento una oportunidad de sacar adelante reformas institucionales de calado. Le dan especial importancia a las reformas de las pensiones, la inversión y el empleo, y no dan tanto valor a los cambios fiscales, en especial a la reforma del impuesto de sucesiones.

Uno de los temas más candentes es la financiación autonómica: cuatro de cada cinco empresarios (78%) consideran que es hora de cambiar la legislación al respecto. En la mayor parte del país, las regiones tienen competencias cuya financiación corre indirectamente a cargo del Estado central, que se encarga de la recaudación y el reparto. El contraste con quienes tienen la capacidad de recaudar sus propios impuestos (las tres provincias vascas y Navarra) ha vuelto a reanimar el debate.