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Google, la reina del ‘lobby’

El buscador se convierte en 2017 en la empresa que más dinero invirtió en influencia política en EE UU

La actividad de los grupos de presión en Estados Unidos es legal, está aceptada y puede conseguir resultados favorables. No son relaciones públicas y tampoco es una herramienta estrictamente jurídica, pero la influencia forma parte del juego del poder en Washington. Google acaba de convertirse en la empresa que más invierte en estas prácticas, hasta ahora copadas por otras industrias o por asociaciones de empresarios.

Sundar Pichai, CEO de Google, esta semana en el foro de Davos.
Sundar Pichai, CEO de Google, esta semana en el foro de Davos. AP

Las empresas de Silicon Valley se han convertido en los últimos años en las que más dinero emplean en mejorar su imagen y en introducirse en el entramado del poder. Google ha batido su propio récord, con 18 millones de dólares en 2017, y se ha situado por primera vez como la compañía que más se ha gastado en influir en los legisladores. Desbanca así a los sectores que tradicionalmente hacían grandes esfuerzos de presión, como la industria tabaquera o la de alimentación.

El Centro de Política Responsiva ha publicado los datos de las diferentes empresas que ejercen el lobby frente al gobierno federal. El buscador está en la cima. Ejerció presión en temas diversos, desde la emigración, la reforma fiscal, la diversidad, la neutralidad de la red o la publicidad online. Esta cifra está muy por encima de lo que emplearon otros gigantes de las telecomunicaciones.

Amazon y Facebook aparecen también en la lista, pero mucho más abajo, en los puestos 16 y 24 respectivamente. En el ejercicio anterior fue la National Association of Realtors, la unión de corredores de fincas, la que ocupó la primera plaza. Lo habitual es que sean grupos, sindicatos o conglomerados que aúnan industrias los que más gasten, pero no compañías a título particular.

Hace 30 años el Centro de Política Responsiva comenzó a recolectar datos. No hay registros anteriores, pero desde que lo siguen, esta es la primera vez que una empresa concreta lidera la lista. Sarah Bryner, directora de la investigación, ha explicado al portal de tecnología Gizmodo, que los de Mountain View han ido escalando posiciones desde el puesto 15, superado a los grupos que tradicionalmente tenían más intereses en conseguir un marco legal favorable, como AT&T, la mayor empresa de telecomunicaciones del país, y Boeing, involucrada en defensa, electrónica y transporte aéreo.

A Bryner no le sorprende que los nuevos líderes tecnológicos ya no estén en garajes inventando nuevos productos, sino ejerciendo su influencia más allá de la web. “Hay un mito muy arraigado. Se considera que ellos no intervienen en cómo se apuntala políticamente su industria”, explica. Llama la atención el caso de Amazon, que gastó 13 millones de dólares. Facebook se quedó en 11. La investigadora no cree que estas acciones tengan un efecto inmediato, pero sí que consiguen que sus opiniones se escuchen y aporten puntos de vista diferentes. “Google siempre ha mantenido el don’t be evil (“no seas malo”, lema fundacional de la empresa) y no hay nada de malo en gastar dinero en política, pero sí es importante que la opinión pública lo sepa, que lo vigile”, argumenta.

Apple no está entre las corporaciones que más invierten en estas labores. Se queda en siete millones de dólares, pero llama la atención que su partida aumentase un 51% solo en un año. Entre los intereses de los de Cupertino se encuentran el cambio climático, las aplicaciones relacionadas con la salud y los coches autónomos. Apple, Google y Facebook no han explicado esta actividad. Tan solo lo ha hecho Amazon en un comunicado escueto: “Como uno de los grandes creadores de empleo de este país, hemos ampliado nuestro equipo en Washington D.C. para asegurarnos de que podemos estar encima de temas legislativos importantes que afectan a nuestros empleados y nuestros consumidores”. De manera colectiva se han agrupado en The Internet Association para “de forma proactiva vigilar al vigilante en todo lo referido a Internet y los posibles efectos negativos de sesgos raciales o de género, de modo que se identifiquen y minimicen rápidamente”.

En el listado también aparece Uber. Ejerció presión para que se aprobase una normativa de “avances en despegue y aterrizaje vertical”. Un aspecto básico para que su prometido coche volador, más parecido a un helicóptero comunitario, sea una realidad.

España, sin regulación y con registros voluntarios

España cuenta con 122.000 cargos políticos, más de 50.000 organismos públicos y unos 2.500 parlamentarios, pero los lobbies con los que interactúan no están regulados por ninguna norma. Que un político se reúna en secreto con un grupo de presión no es ilegal, aunque sea democráticamente cuestionable. Mariano Rajoy anunció una regulación específica en su primer debate sobre el Estado de la Nación como presidente, en 2012, pero la promesa fue papel mojado. Lo único en marcha son los registros voluntarios. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tiene el más completo, con el que, admite, trata de “dar respuesta a preguntas básicas, como qué intereses se persiguen y quién los defiende”. Medio millar de organizaciones, en su mayoría asociaciones de empresas, consultoras y ONG, están inscritas, desde los cerveceros a los expendedores de tabaco, las compañías de helicópteros o los usuarios de productos financieros. Cataluña fue la primera comunidad autónoma en definir su propio registro y otras administraciones han hecho lo mismo. Este mes, por ejemplo, ha entrado en vigor el del Ayuntamiento de Madrid. En otros países como Reino Unido, Irlanda, Francia, Austria o Polonia, los grupos de presión están sometidos a la ley y la función del lobista tiene unos límites. Algunas organizaciones, como la Apri, una asociación de profesionales del sector en España, cree que las normas son fundamentales. En unas recientes jornadas celebradas en Madrid exigieron que los registros lleven aparejados “un código de conducta para todos los que ejercen el lobby”, y defendieron que los ciudadanos sepan “quién está influyendo en la toma de decisiones legales”.