La Airef bajo la lupa: el fiscalizador fiscalizado

La Airef, máximo fiscalizador de las cuentas públicas españolas, se ha enfrentado por primera vez a su propia fiscalización a manos del Tribunal de Cuentas. El resultado es doble: un informe que detalla irregularidades menores en materia de contratación y gestión de personal, y el choque entre ambos organismos, que se han enzarzado en la discusión sobre si fiscalizar a la Airef es competencia del Tribunal de Cuentas o no. En el pulso también ha mediado la Abogacía del Estado, que aconsejó no aprobar el polémico informe.

El Tribunal de Cuentas ha examinado por primera vez la gestión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), un organismo creado en 2014 para velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas a instancias de la Comisión Europea y el FMI tras el rescate financiero de 2012. El informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, detalla incumplimientos administrativos en materia de contratación y de gestión del personal: trabajadores con sueldos superiores a lo permitido, nombramientos sin publicidad ni concurrencia, fraccionamiento de contratos...

El informe de fiscalización se aprobó en el pleno del Tribunal de Cuentas el 21 de diciembre tras pasar por una tramitación polémica. La Abogacía del Estado determinó que el Tribunal no debía aprobar el texto y manifestó sus “dudas razonables” sobre si el objetivo del informe entra dentro de su función fiscalizadora. La Abogacía llega a recomendar que se plantee para dentro de tres años “una reconsideración de la conveniencia de una fiscalización”, porque para entonces la Airef ya llevará algunos años funcionando y “será útil” examinar su gestión económico-financiera.

El informe de la Abogacía pide al Tribunal de Cuentas que, si sigue adelante pese a su recomendación, reconsidere el texto que llevará al pleno y aconseja “una lectura pausada de las alegaciones y rectificar lo que procede rectificar”. “Se puede y tal vez se debe reconsiderar ciertas expresiones que contienen juicios de valor”, añade. Y afea al Tribunal que ponga en duda la independencia de la Airef en dos artículos que “dañan innecesariamente el cumplimiento por el Reino de España de la normativa comunitaria que lleva a la creación de la Airef”.

El proyecto de fiscalización fue modificado según las alegaciones de la autoridad fiscal y la recomendación de la Abogacía del Estado, pero el informe final sigue desgranando una serie de prácticas que no se ajustan a la normativa. El texto definitivo destaca incumplimientos en materia de gestión de personal, como el hecho de que durante 2015 y 2016 prestaron servicios allí cinco empleados procedentes del Banco de España sin que se hubiera suscrito el correspondiente convenio de adscripción del personal. También detalla nombramientos sin publicidad ni concurrencia y retribuciones excesivas que acabaron en los tribunales.

Otro de los puntos que destaca el Tribunal tiene que ver con el pago de productividad, casi 700.000 euros en 2016. La Airef pagó cuantías fijas y periódicas para todo el personal, que se abonan incluso cuando los trabajadores están de baja. En algunos casos la productividad superó el 40% de la retribución total del empleado, señala el informe. Fuentes de la Airef aseguran que esta es una práctica habitual en la Administración. Otro de los incumplimientos consiste en que la Airef no incluyó en las bases de cotización de sus empleados las ayudas para comidas y abono transporte. Desde la Airef aseguran que ya lo han corregido.

En lo que respecta a la contratación, el informe detalla que en la memoria económica de tres de los siete contratos de servicios analizados, “no queda adecuadamente justificado el precio de los servicios a contratar” y en otros dos “no se ha acreditado la necesidad del suministro de determinados bienes ni se ha justificado el precio de los mismos”. El Tribunal señala también que en la contratación del gabinete de comunicación se produjo un indebido fraccionamiento en el objeto del contrato: dos contratos menores consecutivos. Según fuentes del tribunal, “la fiscalía analizará ahora si de los hechos cabe desprender una prevaricación administrativa”.

La Airef y el Ministerio de Hacienda han chocado en varias ocasiones, entre otras cosas por la escasez de recursos que se le destinan. Una escasez que, según reconoce el informe del Tribunal de Cuentas, “puede ser la causa de alguna de las deficiencias encontradas”.