La batalla perdida de México contra el lavado de dinero

"El lavado de activos no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de manera reactiva, caso por caso, sin perjuicio del hecho de que recientemente se han realizado algunas investigaciones de alto perfil". En esta demoledora afirmación, el Grupo de Acción Financiera (GAFI), un ente intergubernamental creado ex profeso para combatir el lavado de dinero, resume su crítica a la lucha contra este delito en México, un país que "otorga mucha más prioridad a la investigación de delitos determinantes [como la delincuencia organizada o el tráfico de drogas, ambas estrechamente vinculadas] que al lavado de dinero". En consecuencia, concluye, "la cantidad de acciones penales y condenas por casos de lavado de activos es muy baja; solo muy raramente se realizan investigaciones financieras".

México tiene mucho camino por recorrer en la lucha contra el lavado de capitales. La infracción, subraya el GAFI, "rara vez es perseguida penalmente como un delito autónomo" y la corrupción, "que afecta a las autoridades de orden público, en particular en el ámbito de los Estados, socava su capacidad para investigar y perseguirlo penalmente". La agencia transnacional valora la "solidez" y "madurez" del marco institucional y legal vigente en México, un país que se enfrenta con un "riesgo significativo" de lavado, particularmente en actividades como el tráfico de drogas, la extorsión, la corrupción y la evasión fiscal. Pero subraya que las autoridades "no están utilizando las medidas cautelares" a su disposición: "No se persigue el decomiso del producto y de los instrumentos del delito de forma sistemática como un objetivo de las políticas".

Pese a las críticas, en su informe hecho público este miércoles el GAFI aplaude la "mejora significativa en algunas áreas" respecto a la última evaluación, en 2008, e incide en la adopción, en el último año, de "varias acciones de alto nivel que han dado lugar a ciertos resultados concretos". Sin embargo, estas no han sido "lo suficientemente integrales ni prioritarias" como para resultar en una adecuada asignación de recursos en los ámbitos federal, estatal y comunitario. En cuanto al sector financiero, piedra angular en el combate contra el lavado de dinero, el ente destaca la "buena comprensión" de los riesgos que para ese delito representan los grupos de delincuencia organizada y de las actividades delictivas asociadas, pero matiza que su "reconocimiento de la corrupción como amenaza principal es residual".

En el capítulo de recomendaciones, destacan tres: priorizar la investigación de lavado; asignar "recursos adicionales"; y fortalecer la investigación financiera y la coordinación interna dentro de las unidades fiscales, tanto a escala federal como a escala estatal. "En paralelo, la PGR debería aumentar el nivel de especialización de sus unidades, particularmente de aquellas que abordan el lavado de activos y la corrupción". La justicia mexicana solo resolvió el 5% de las 112 denuncias penales interpuestas en 2016 por supuesto lavado de dinero, según los datos de la Auditoría Superior de la Federación.

Tanto el Gobierno como la PGR (fiscalía) mexicana han eludido este miércoles la autocrítica y han optado por subrayar los elementos positivos que remarca el GAFI. En un comunicado conjunto, ambas instituciones subrayan que la agencia internacional "reconoce que México cuenta con un régimen maduro y un marco institucional desarrollado para prevenir y combatir el lavado de dinero". Y se comprometen a "fortalecer" las áreas de oportunidad detectadas, pero "sobre todo para continuar salvaguardando el sistema financiero nacional y la supervisión de las actividades vulnerables a fin de tener una economía sólida".

Con algo menos de 130 millones de habitantes —una cifra nada despreciable, pero fuera del top 10 de países más poblados del mundo— México es el tercer mayor exportador de capitales ilícitos del planeta, según datos de la organización no gubernamental Global Financial Integrity, solo por detrás de China y Rusia. En un reporte al que tuvo acceso la agencia Reuters, las autoridades del país norteamericano cifran en al menos 1,13 billones de pesos (casi 52.000 millones de dólares) el dinero que mueven el narcotráfico, los delitos fiscales y el crimen organizado en su conjunto. Buena parte de esa cantidad está sometida al lavado de capitales.

El GAFI fue creado hace casi tres décadas por el G-7 (el grupo de las siete mayores economías del mundo) y desde entonces ha emitido recomendaciones, tanto a escala global como a escala local, para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo a través de la "mejora continua" de las políticas específicas. El equipo responsable de la elaboración del informe específico de México está compuesto por economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI), expertos del Departamento del Tesoro de EE UU y de la Fiscalía española, consultores independientes y del propio GAFI.