Incertidumbres en la resolución del Popular

La resolución del Banco Popular suele ponerse como ejemplo a seguir por ser el primer caso en el que se aplicaron a rajatabla las reglas de la unión bancaria que exigen que sean los accionistas y acreedores, y no el contribuyente, los que asuman el coste del rescate. Contrasta por completo con las incertidumbres que rodean el proceso.

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Es sorprendente que después de imponer pérdidas a accionistas y tenedores de híbridos por importe cercano a 3.500 millones, todavía no sea público el informe que valoró la entidad. Es un documento clave ya que tras la valoración que se hizo, se decidió adjudicar el Popular por el precio simbólico de un euro. La falta de transparencia es mayúscula si tenemos en cuenta que el informe sigue oculto a pesar de haber sido reclamado, entre otros, por el Gobierno o el Congreso de los Diputados a través de la comisión de investigación de la crisis financiera. Es necesario conocer cómo ese informe llegó a la conclusión de que el valor del Popular podía llegar a una cifra negativa de 8.200 millones, lo que contrasta con el valor de los recursos propios de 12.000 millones que tenía el banco.

Otra de las incertidumbres que rodea el "caso Popular" es el origen de la fuga de depósitos que determinó su intervención, aunque debería ser obvio que en el fondo había un problema de solvencia por infra provisiones. Se mencionan unas desafortunadas declaraciones de la presidenta de la Junta Única de Resolución como detonante de la huida de los depositantes, cuestión que debería ser investigada.

Otro hecho llamativo que hay que investigar, y si ha lugar depurar responsabilidades, es el papel del auditor que durante tantos años emitió informes favorables. Y también el papel de los supervisores, para empezar porque las pruebas de resistencia que realizaron no detectaron la magnitud del problema (el Popular aprobó el estrés test que hizo la EBA en 2016), y porque en pocos días su ratio de solvencia se esfumó.

A la lista de incertidumbres hay que añadir una explicación de por qué no se prohibieron las ventas a corto del Popular (se consideró que el mercado tenía toda la información necesaria para la toma de decisiones), a diferencia de lo que se hizo con otra entidad (Liberbank), prohibición que se mantuvo más de cinco meses.

Un capítulo que merece especial atención y que habrá que investigar es la gestión del banco. A la vista de los resultados es obvio que fue pésima en los años de expansión al abrigo de la burbuja inmobiliaria, con decisiones poco acertadas. No me sorprendería que algunos inversores afectados invocaran en sus reclamaciones judiciales la falta de diligencia o incluso negligencia en la gestión del banco.

En resumen, muchas instituciones deben rendir cuentas para dar respuesta a las legítimas reclamaciones de los que han sufrido el coste del rescate del Popular. Y lo primero a exigir es que se haga público el informe de Deloitte que valoró la entidad.

Joaquín Maudos es catedrático de la Universidad de Valencia-Ivie-CUNEF