La solución es política

Pasará algún tiempo hasta que se puedan cuantificar los daños económicos causados por el procés. Hoy se ofrecen estimaciones y estadísticas parciales—inferidas correctamente, pero con lógicas inexactitudes— de datos mensuales o trimestrales. Pero el caso es que los efectos sobre la economía catalana y española constituyen un trazo continuo que debe evaluarse en toda su amplitud. Sí, sabemos que el paro crece más que en otras comunidades desde que se concretó la desafortunada metáfora del choque de trenes, que el empleo crece menos, que el consumo disminuye; también la inversión y que el turismo, uno de los puntos fuertes de la economía catalana, se está retrayendo. Sabemos que más de 2.000 empresas han dejado Cataluña, lo cual, a pesar de que la producción y la rentabilidad permanezca en la comunidad, no deja de ser un voto tajante en contra de la llamada vía unilateral y del riesgo que implica salir de Europa y una advertencia para quien tenga que calcular los ingresos fiscales de la Generalitat en el futuro. Pero todavía no conocemos la extensión de la mancha, su profundidad y su duración.

Por encima de todo, todavía no está claro lo que hay que hacer para recuperar con cierta premura la confianza en la economía catalana, atacada hoy por el virus de la incertidumbre. El término “incertidumbre” se maneja con cierta frivolidad en los análisis de urgencia. La incertidumbre describe la situación de un sistema en el que no es posible calcular las variables sociales, económicas o políticas que determinan la rentabilidad de una inversión. En un escenario así, la decisión de invertir tiende a cero; no se trata de que caiga la inversión nueva, sino que tiende a desparecer. Es el caso de Cataluña durante el procés. El argumento independentista, fabricado para consumo propio a modo de placebos que se suministran a sabiendas de que nadie cree en ellos, de que ha sido la acción del Gobierno (violencia, artículo 155) la que ha causado al incertidumbre es irrelevante y perjudicial. Porque aunque se aceptara la premisa, lo cierto es que esa acción vino determinada por la amenaza de secesión y de abandonar Europa, que es lo que preocupa a quienes invierten; y porque la pertinacia en el error de análisis empuja a consumidores, turistas, inversores y flujos financieros a suponer que la amenaza no ha cesado.

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No es fácil disolver la incertidumbre, porque lo que se ha producido una vez (intento de secesión) puede volver a repetirse; para ser exactos, tiende a repetirse, según el agudo dictamen de Hannah Arendt. Puesto que la causa del daño económico es política, el primer paso de la solución también debe ser político. La eficacia de ese paso se medirá a partir del 21 de diciembre, pero no sólo por efecto inmediato del resultado electoral, sino por la expectativa de que se produzca un viraje —implícito o explícito, aunque mejor lo segundo— de los partidos que defendieron la DUI hacia posiciones de seguridad jurídica y de lealtad institucional. Obsérvese que ambos términos están fuertemente unidos, porque las leyes deben ser las que comprometen a la economía catalana con el mercado nacional y porque la lealtad constitucional es la que ata a la economía española con la economía europea.

Sin ese primer paso, el camino hacia la recuperación de la confianza se antoja largo y tortuoso. No valen recetas parciales (un plan de incentivos fiscales no sustituye la seguridad jurídica); la decisión y la solución son políticas.