Bruselas investiga las ayudas estatales de España a las centrales de carbón

La investigación anunciada por la Comisión Europea afecta a 14 centrales que han recibido más de 440 millones de ayudas públicas desde 2007. Esos pagos, que se mantendrán hasta 2020, subvencionan durante un periodo de 10 años la instalación de nuevos filtros de óxido de azufre en las centrales de carbón existentes (el año pasado había un total de 26). España no notificó ese régimen de ayudas a Bruselas, cuyas autoridades deciden si las ayudas de Estado se ajustan o no a las reglas de competencia europeas.

Fuentes del Ministerio de Energía han respondido que estas ayudas se financian a cargo del sistema, no con Presupuestos. "Cuando se constituyeron no entraban en la definición de ayuda pública. El sistema era respetuoso con las regulaciones de la UE y con las prácticas habituales en el momento en el que se introdujo”, defiende. Según esas fuentes, la Comisión Europea conoce este esquema desde hace años y nunca ha dicho nada hasta ahora. El esquema ya está cerrado y termina en 2020, recuerdan. Y aseguran que “España está dispuesta continuar el procedimiento para que se preserve la confianza legítima con la que se activó en su día”, informa Miguel Ángel Noceda.

Sin embargo, la comisaria del ramo, Margrethe Vestager, alberga serias dudas de que el régimen español respete ese marco. “Si contaminas pagas. […] Las normas de la UE no permiten a los Estados liberar a las empresas de esta responsabilidad utilizando dinero del contribuyente. Creemos que este régimen español no incentivó a las centrales de carbón para que redujeran las perjudiciales emisiones de óxido de azufre, ya que estaban obligadas a ello según el derecho de la UE”, ha argumentado Vestager en un comunicado.

La Comisión sostiene que esa subvención medioambiental a las centrales de carbón –las que más CO₂ emiten al producir electricidad- no produjo ningún efecto incentivador. El motivo es que los límites de emisión que se imponían a los beneficiarios coincidían con las normas medioambientales de la UE. Es decir, no había ningún valor añadido; la ayuda se otorgaba simplemente por cumplir la ley. Las normas europeas impiden ese comportamiento, contrario al principio de que quien contamina, paga. Amortiguar esos pagos con dinero público representa una ventaja competitiva desleal respecto a las empresas que están obligadas a cumplir la misma regla europea sin ninguna ayuda.

El Ejecutivo comunitario precisa que la apertura de investigación no prejuzga el resultado y que continuará sus pesquisas hasta llegar a una conclusión.

Examinando el decreto nuevo

La investigación se conoce después de que Bruselas haya decidido examinar de oficio el decreto del Gobierno que pretende impedir el cierre de centrales eléctricas -entre ellas las que se alimentan de carbón— si esto influye en la factura de la luz, tal y como adelantó EL PAÍS. Esa iniciativa del Ministerio de Energía puso en aprietos al Gobierno español en la última Cumbre del Clima, celebrada en Bonn este mes. España se quedó fuera de la alianza que abogaba por la clausura de estas instalaciones por el impacto en el cambio climático y en la que sí participaban Francia, Reino Unido e Italia, entre otros.

Bruselas, además, mirará con lupa si el Ejecutivo español cumple el compromiso que firmó el año pasado para cerrar todas las minas de carbón en 2018. La Comisión autorizó que se emplearan 2.130 millones de euros de dinero público para cerrar 26 yacimientos de carbón no competitivos, lo que supondrá el fin de esta actividad. La fecha tope para la clausura, como marca la normativa europea, es finales de 2018. Y las minas tendrán que devolver ese dinero si no se logra la meta en el tiempo establecido, según las condiciones fijadas para autorizar la ayuda.