Compartamos aire y coche

En las últimas semanas, los niveles de contaminación del aire en las ciudades han vuelto a sobrepasar los niveles máximos de riesgo para la salud y, en el caso de Madrid, ha supuesto diez días consecutivos de activación del protocolo de emergencia de calidad del aire. Si bien el cese de las lluvias otoñales ha sido un cómplice puntual, este problema hunde sus raíces en el modelo urbanístico y de movilidad existente. Cada día ingresan un millón de coches desde la periferia, emitiendo gases contaminantes que respiran los residentes de la ciudad.

Y es que Madrid reúne las condiciones idóneas para una escalada de contaminación: elevada renta per cápita, dispersión urbanística de centros de trabajo y áreas residenciales e inexistencia de planes de movilidad que incorporen incentivos a la sustitución del vehículo privado de uso particular por modos alternativos.

La relación entre calidad del aire y salud atesora numerosas evidencias científicas con conclusiones alarmantes, por la vinculación inequívoca entre la pésima calidad del aire que se respira en las ciudades y la incidencia de diversas patologías respiratorias, cardiacas, dermatológicas, así como enfermedades crónicas y muertes prematuras, especialmente en los colectivos más vulnerables: niños y ancianos. Traducido a euros, la ‘factura sanitaria’ de la contaminación urbana se sitúa entre 16.839 y 45.838 millones de euros anuales, según un estudio de Fundación Mapfre. Traducido a vidas humanas, la exposición al aire contaminado es la causa de muerte de 7.000 personas al año en España, según la OMS.

El coche particular es responsable de más de un 60% de las emisiones de gases NOx en las ciudades, por lo que la manera de producir y organizar la movilidad debería ser hoy una prioridad urgente para todos los responsables públicos competentes. Como sociedad, debemos plantearnos si es eficiente asignar más recursos a facilitar la libre circulación de vehículos particulares que a garantizar el bienestar y la salud de las personas. Al margen de otras políticas efectivas (como los peajes urbanos o los límites de velocidad) parecería razonable centrar esfuerzos en mejorar las brechas que existen hoy en el transporte público (frecuencias, vías exclusivas, billete integrado, aparcamientos disuasorios, cobertura de la última milla en origen y/o destino, etcétera) y apostar por compartir, no solo el aire que respiramos, sino también el vehículo.

Teniendo en cuenta que los vehículos están ociosos el 90% de su vida útil, que cubrir la última milla siempre va a requerir agentes privados, y que la tecnología disponible al alcance de nuestro móvil ofrece soluciones digitales que facilitan el acto de compartir (carpooling), resulta más que razonable estudiar su autorización regulatoria.

Pablo Hernández González y Verónica López Sabater son profesores de Afi Escuela de Finanzas.