La abogada de la UE respalda el impuesto autonómico a las grandes superficies

La abogada general de la UE ha propinado un primer varapalo a la patronal de las grandes empresas de distribución (Anged). La letrada Juliane Kokott ha propuesto al Tribunal de Justicia de la UE que no se pronuncie contra el impuesto con el que Cataluña, Asturias y Aragón gravan a las grandes superficies. La sentencia, que se conocerá en los próximos meses, suele seguir en la mayoría de ocasiones el criterio del abogado de la UE.

En sus conclusiones, la letrada considera que un impuesto que grava a los comercios en función de la superficie de venta que utilizan no es contrario a las leyes comunitarias. Además, ve justas las exenciones y reducciones aplicadas a pequeños comercios, las cuales no percibe como una ayuda de Estado ilegal que dañe la competencia. "Un impuesto que grava en mayor medida a los establecimientos comerciales que generan mayor ruido y más emisiones a la atmósfera parece adecuado", ha indicado.

El Tribunal Supremo planteó a la justicia europea sendas cuestiones prejudiciales sobre la legalidad de estos impuestos. Tanto Anged como la Comisión Europea argumentan que la tasa restringe la libertad de establecimiento y proporciona ventajas al pequeño comercio.

La abogada estima en cambio que el gravamen es adecuado para proteger el medio ambiente y ordenar el territorio de una forma más congruente. Tampoco ve en ella una discriminación a empresas extranjeras, las más afectadas por la medida. "Los inversores extranjeros prefieren abrir establecimientos comerciales más grandes con el fin de realizar las economías de escala necesarias para penetrar en un nuevo territorio. Sin embargo, el mero hecho de que ―más o menos casualmente― las personas afectadas por la creación de un impuesto procedan en gran medida ―o, incluso, mayoritariamente― de otros Estados miembros no puede suponer como tal una discriminación encubierta", concluye.

Kokott cree que el impuesto no es desproporcionado, ya que la cuantía a abonar no es tan elevada como para impedir que sigan desarrollando su actividad, y recuerda que algunas comunidades autónomas ofrecen bonificaciones cuando los establecimientos realicen proyectos de protección medioambiental o en el caso de que se pueda acceder a los mismos utilizando al menos dos medios de transporte públicos. En definitiva, la abogada cree que el impuesto, lejos de favorecer a algún sector o empresas en concreto, "persigue un objetivo de interés general y beneficia al conjunto de la sociedad".

La abogada general únicamente alberga dudas respecto de la exención concedida en Aragón a quienes se dedican a la venta de mobiliario en establecimientos individuales, tradicionales y especializados.