Bruselas investiga a Reino Unido por abusos fiscales de las multinacionales

Bruselas mira con lupa todas las ventajas fiscales abusivas que los Estados europeos conceden a las multinacionales. Incluso en Reino Unido, que prevé abandonar el club en menos de dos años. La Comisión Europea ha abierto una investigación por el trato favorable que este país otorga a los grandes grupos para que reduzcan su factura ante el fisco. “Todas las empresas deben pagar la parte de impuestos que les corresponde”, ha advertido en un comunicado la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, que ha convertido la lucha contra los privilegios fiscales de las multinacionales en una de sus principales políticas.

Tras contestar esquemas particulares ofrecidos a empresas como Apple, Fiat o Amazon —y también marcos generales como el que facilitaba Bélgica a las multinacionales—, Vestager apunta ahora a las reglas que rigen para los grandes grupos afincados en Reino Unido. Competencia escruta una exención que se aplica a las transacciones financieras realizadas por los grandes grupos de manera que queden casi exentas de tributación. La ley británica impide que una empresa matriz pueda operar con una filial extranjera a través de otra filial radicada en paraísos fiscales (o en territorios de escasa tributación). Cuando eso ocurre, la autoridad tributaria puede atribuir a la empresa matriz todos los beneficios que se hayan querido desviar artificialmente a la filial extranjera para ahorrarse impuestos.

Pero esa regla tiene una excepción desde 2013. Se trata de los intereses que la filial extranjera abona a la matriz por un préstamo que esta le haya facilitado. Esos intereses se pueden abonar a través de una filial opaca y quedar, por tanto, exentos del pago de impuestos al que estarían sujetos. La excepción supone un importante agujero a través del cual los grupos evitan declarar parte de sus beneficios al fisco británico. Bruselas pretende ahora aclarar si esa excepción es discriminatoria respecto al resto de compañías británicas que operan en el país. Es la única vía por la que puede actuar Competencia.

La apertura de la investigación, que no prejuzga el resultado, se produce en pleno contexto del Brexit. Si los calendarios se cumplen, es muy probable que la decisión sobre si ese marco fiscal constituye o no una ayuda de Estado ilegal se conozca cerca de la fecha de salida de Reino Unido, en principio el 30 de marzo de 2019. En ese caso, Londres se resistiría con fuerza a aplicar una medida —en principio, la recuperación de las ayudas consideradas ilegales— que entendería desfavorable para sus intereses. Un portavoz de la Comisión ha aclarado que, mientras el país pertenezca a la UE, seguirá sujeto a sus derechos y obligaciones.

La investigación envía un segundo mensaje a Londres. Uno de los principales riesgos que plantea el Brexit es que, si se salda sin acuerdo, el país pueda configurarse como una especie de paraíso fiscal, laboral y medioambiental que compita de forma desleal con sus ya exsocios europeos. Con el anuncio de este jueves, Bruselas identifica ya un área potencialmente contraria a la competencia europea en Reino Unido. Previsiblemente, tratará de cerrarla antes de que Reino Unido salga del club comunitario.