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El ‘número dos’ de Abengoa defiende su gestión en el juicio en la Audiencia Nacional

Manuel Sánchez Ortega alega que la indemnización de 4,4 millones que percibió fue apropiada

Manuel Sánchez Ortega (segundo por la izq.), junto al resto de la excúpula de Abengoa, en el juicio de la Audiencia Nacional.
Manuel Sánchez Ortega (segundo por la izq.), junto al resto de la excúpula de Abengoa, en el juicio de la Audiencia Nacional.

El ex consejero delegado de Abengoa Manuel Sánchez Ortega ha defendido su gestión al inicio del juicio contra la excúpula de la multinacional en la Audiencia Nacional. El exdirectivo, en el banquillo por cobrar una indemnización de 4,5 millones, ha alegado que durante su salida de la firma en junio de 2015 las ventas crecían y la deuda atravesaba sus niveles más bajos. Solo seis meses después Abengoa perdió la confianza de los mercados, los bancos le cerraron la financiación y presentó preconcurso de acreedores por su crítica situación financiera.

Tanto Sánchez Ortega como el expresidente del grupo de ingeniería Felipe Benjumea afrontan penas de cuatro y cinco años de cárcel por supuestamente incurrir en administración desleal al percibir indemnizaciones de 4,5 y 11,5 millones en 2015. El cobro de ambas compensaciones se produjo pese a la abultada deuda que arrastraba la firma y a que solo seis meses antes “sufrió una caída en el precio de sus acciones, debido a las noticias existentes sobre su endeudamiento”, según el escrito de acusación del fiscal.

El número dos de Abengoa defendió ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional que en la primavera de 2015 la deuda estaba en sus niveles más bajos y en situación de "absoluta normalidad". Sánchez Ortega se refería a que por aquel entonces la firma aún conservaba la confianza de los mercados y podía refinanciarse sin grandes problemas pese al bajón sufrido en noviembre de 2014 por una pregunta sobre si la deuda de los bonos verdes era achacable a la deuda corporativa, en una reunión de inversores.

Esta mañana Sánchez Ortega ha defendido los “hitos importantes” que logró durante su etapa de 25 años en Abengoa. Preguntado por el fiscal José Perals, el exdirectivo ha asegurado que su marcha se debió a cuestiones personales y que el contrato por el que cobró los 4,4 millones no incluía “ni una sola cláusula a su favor”, sino “en beneficio de la compañía”. Sobre la situación de la firma, rechazó que la multinacional “duplicase o tuviera deuda oculta” como alertó la agencia de calificación Fitch en una nota ese otoño de 2014 y que provocó una caída cercana al 40% de su valor en Bolsa. Sánchez Ortega ha admitido que esto causó “un daño tremendo” a Abengoa, pero ha recordado que su cotización “volvió a subir” en marzo de 2015, apenas un mes antes de su salida de la empresa.

Un contrato tras su salida en entredicho

Manuel Sánchez Ortega ha resaltado que fichó por el fondo de inversiones Black Rock para un “proyecto importantísimo” tras 25 años vinculado a Abengoa, y que la abandonó por problemas de salud y para no pasar tanto tiempo fuera de Nueva York, su lugar de residencia. Tras salir de la firma, el exdirectivo firmó un contrato de prestación de servicios con el aval de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, con informe favorable al Consejo de Administración. Tres miembros de dicha comisión están también acusados en el juicio.

“No ha habido absolutamente ni un solo dato que justifique que Abengoa dobló la deuda o que no había manifestado la que tenía; ni un solo dato objetivo”, ha dicho durante el interrogatorio. A continuación, ha añadido: “No ha habido modificación alguna de los estados financieros tres años después de los hechos que se juzgan, y prueba de su confianza en la buena marcha del grupo andaluz es que no llegó a vender ni un solo bono y ni una sola acción, habiendo sufrido una pérdida patrimonial de seis millones”.

Las acusaciones particulares sostienen que Sánchez Ortega cesó voluntariamente en mayo de 2015 como consejero delegado (cargo que ostentó entre 2010 y 2015) y un mes después firmó otro contrato de “prestación de servicios” para falsear su continuidad en la empresa, cumplir lo estipulado en las cláusulas del contrato de los directivos y cobrar las cuantías correspondientes. Esta semana declararán Benjumea y los tres exconsejeros, asimismo acusados por administración desleal.

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