Abengoa necesita con urgencia 100 millones para evitar el concurso de acreedores
A esa cifra pueden añadirse 116 millones más de unas líneas de avales que podrían ejecutarse
La sentencia del juez Pedro Márquez que estimó la impugnación presentada por un grupo de acreedores puede conducir al grupo industrial Abengoa a un nuevo concurso de acreedores. La compañía necesita 100 millones urgentemente para hacer frente a los pagos a que le obliga el fallo. Además, a esa cifra pueden añadirse 116 millones más de unas líneas de avales que podrían ejecutarse por parte de los acreedores Portland General Electric y la aseguradora Zúrich. El grupo que preside Gonzalo Urquijo busca a marchas forzadas una solución que evite esa hecatombe.
Ante la imposibilidad de echar mano a la caja, al no tener fondos suficientes, ha tratado de acercarse a los bonistas que interpusieron la impugnación para alcanzar un acuerdo y, según fuentes de su entorno, sin éxito alguno. El grupo sevillano no ha logrado cerrar la venta de su filial estadounidense, Abengoa Atlántica (antes Abengoa Yield), que era la joya de la corona, al no lograr ponerse de acuerdo con los fondos interesados. Esta operación le supondría unos ingresos suficientes para, al menos, salir del paso. Tampoco ha podido vender varios activos en África y Latinoamericana, que se han visto retardados.
La otra alternativa es que los bancos que apoyaron el plan de reestructuración del grupo hagan un esfuerzo adicional para salvar la situación. Estas entidades estaban encabezadas por Santander, Bankia, Popular, HSBC y Calyon. Fuentes consultadas admiten que podría barajarse. En todo caso, vuelve a abrir la herida y colocar a la empresa con el agua al cuello cuando parecía que había logrado superar la crisis y sumar varios contratos en las últimas semanas.
La sentencia, precisamente, compromete el citado acuerdo de refinanciación, ya que, además de tener que devolver la deuda a los reclamantes, otros bonistas que sí lo suscribieron podrían pedir daños y perjuicios e involucrar en su pago a las entidades financieras que respaldaron el plan de refinanciación.
La impugnación fue presentada en mayo de 2016 y, en otra sucesiva, en abril de 2017. En la misma, dirigida por el despacho Zamora De Claver, estaban representados un total de 29 bonistas. Entre ellos figuran la familia Melgarejo, Fernández de Bobadilla y antiguos propietarios de Pepe Phone, que suman en torno a 10 millones de euros (en cantidades que van de 300.000 euros hasta tres millones). Paralelamente, otros accionistas internacionales (Zúrich y otras aseguradoras, el Banco Americano de Crédito a la Exportación o Portland General Electric), representados por el despacho Garrigues, reclamaron unas cantidades muy superiores, que elevan la deuda realizada a los citados 100 millones y la realizable a esos 116 más.
El acuerdo suponía una quita del 80% a devolver en siete años. La deuda se acercaba a los 9.000 millones. Los bonistas tenían comprometidos 3.500 millones. Aunque los 10 millones de los 29 bonistas que recurrieron es una cifra muy pequeña en comparación con el total, la importancia radica en la repercusión que, a juicio de los juristas, puede tener.
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