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Varapalo judicial al plan de refinanciación de Abengoa

El grupo industrial tendrá que devolver el dinero que reclama un grupo de acreedores

Sede central de Abengoa en Palmas Altas, Sevilla.
Sede central de Abengoa en Palmas Altas, Sevilla.

El juez Pedro Márquez, titular del juzgado número 2 de Sevilla, ha estimado la impugnación presentada por un grupo de acreedores de Abengoa contra el acuerdo de refinanciación de esta compañía y del que se quedaron voluntariamente fuera. Esta sentencia supone que el grupo industrial tendrá que devolver el dinero que reclaman; pero, sobre todo, compromete el citado acuerdo, ya que muchos bonistas que sí lo suscribieron podrían pedir daños y perjuicios e involucrar en su pago a las entidades financieras que respaldaron el plan de refinanciación.

En realidad, contra el plan de refinanciación de Abengoa se presentaron dos demandas: una en mayo de 2016 y, en otra sucesiva, en abril de 2017. En la misma, dirigida por el despacho Zamora de Claver, estaban representados un total de 29 bonistas. Entre ellos figuran la familia Melgarejo, Fernández de Bobadilla y los antiguos propietarios de la operadora Pepephone, que suman en torno a 10 millones de euros (en cantidades que van de 300.000 euros hasta tres millones de euros). Paralelamente, había otros accionistas internacionales (Zurich y otras aseguradoras o el Banco Americano de Crédito a la Exportación), representados por el despacho Garrigues, con unas cantidades muy superiores.

La reclamación representa un varapalo para los intereses de Abengoa, que estuvo negociando el acuerdo con los acreedores durante casi dos años y que en la actualidad está comenzando a sacar cabeza con nuevos contratos. La sentencia no frena el plan, pero supone una gran vía de agua abierta.

El acuerdo suponía una quita del 80% a devolver en siete años. La deuda se acercaba a los 9.000 millones. Los bonistas tenían comprometidos 3.500 millones de euros. Aunque los 10 millones de los 29 bonistas que recurrieron es muy pequeña en comparación con el total, la importancia radica en la repercusión que, a juicio de los juristas, puede tener.

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