La imagen de Cataluña se hunde por la huida de las empresas

“La secesión sería un desastre para España. Pero también dañaría a los catalanes, razón por la que una mayoría de ellos se opone”, aseguraba esta semana desde su portada The Economist. Agencias de rating como S&P o Moody’s ya han alertado de los peligros para la financiación catalana si las tensiones continúan. “La economía española se ha mostrado estos años muy resistente al ruido político. Pero es imposible ignorar que los riesgos crecen rápidamente”, escribe en un análisis Ángel Talavera, economista jefe para la eurozona de Oxford Economics.

La fuga de empresas no es un fenómeno nuevo. En los tres primeros trimestres del año, 584 sociedades trasladaron su domicilio social de Cataluña a otra comunidad autónoma, mientras que solo 449 hicieron el movimiento inverso, según los datos de Axesor. Así, la pérdida neta hasta septiembre sería de 135 empresas. En el mismo periodo, Madrid registró un saldo positivo de 111 compañías. El éxodo empresarial de Cataluña fue mayor aún en el mismo periodo del año pasado. Según los datos del Registro Mercantil, en Cataluña se crearon el año pasado 22.246 sociedades, un 18,6% más que en 2015. Los expertos consultados coinciden en que el mayor golpe para la economía catalana lo constituye la pérdida de reputación internacional. Las empresas grandes han dado el traumático paso de irse empujadas por inversores y fondos extranjeros, que no tienen ninguna gana de poner dinero en una zona con cada día más incertidumbres y menos seguridad jurídica. Eso amenaza sobre todo a sectores estratégicos para la economía catalana, como el biotecnológico o el digital. Estas empresas requieren de tiempos de maduración muy largos y de grandes aportaciones de capital.

Fuentes del mercado explican que, por ello, muchas de estas empresas tratarán de blindarse de cualquier riesgo ajeno a su actividad. “Ahora las inversiones están paralizadas en Cataluña. Las empresas que necesiten ir a nuevas rondas de financiación, ampliaciones de capital o captar socios se verán forzadas a irse si el contexto político se mantiene. Algunas tal vez irán a Madrid, pero el destino de otras podrán ser otros hubs tecnológicos, así que será complicado que vuelvan”, sostienen estas fuentes. La biotecnológica Oryzon, que estaba planeando su salto al Nasdaq, fue la primera en llevar su sede a Madrid alegando la necesidad de estar más cerca de la comunidad inversora.

“A medio y largo plazo, un cambio de sede puede ser el anticipo de una fuga de capitales de Cataluña, lo que implica destrucción de empleo y riqueza. La seguridad jurídica y la estabilidad institucional son muy importantes para el crecimiento. Y en un Estado no reconocido a nivel internacional, la incertidumbre es total. Además, una salida del euro implicaría una fuerte devaluación de la nueva moneda, lo que implica una pérdida de riqueza”, asegura el catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia Joaquín Maudos.

La pérdida para las arcas públicas será, al menos a corto plazo, limitada. El impuesto de sociedades lo recauda el Gobierno central, por lo que tanto da en qué comunidad tengan su sede fiscal las empresas. Además, trasladar la sede social no implica necesariamente el cambio de domicilio fiscal, aunque estas dos direcciones suelen coincidir. Pero perder compañías del tamaño de CaixaBank o Gas Natural sí tendría un importante efecto en una hipotética Cataluña independiente, que se vería privada de los impuestos de estas compañías.

Pérdida de ingresos

Pase lo que pase, Cataluña ya ha perdido los ingresos de las empresas huidas de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, impuesto que el año pasado aportó a la Generalitat 1.474 millones. Es difícil cuantificar el impacto de esta pérdida.

“Las empresas que han trasladado su domicilio social irán poco a poco desplazando personal a su nueva sede, con el pago de impuestos que ello conlleva. La pérdida de ingresos se irá notando más a medio y largo plazo”, asegura Luis del Amo, secretario técnico de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas.

Eurona, una empresa de telecomunicaciones que cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), explicó que hacía tiempo que venía barruntando una reestructuración interna que la llevaría a pilotar la compañía desde Madrid. El contexto político actual se lo ha servido en bandeja. Las juntas de accionistas de las grandes empresas, que suelen hacerse en el domicilio social de cada compañía, también generan unos importantes ingresos que ahora recibirán la Comunidad Valenciana, en los casos del Sabadell y CaixaBank, y Madrid en el caso de Gas Natural. De las siete empresas del Ibex que Cataluña tenía hace una semana, solo queda una: Grifols. Cellnex, Abertis y Colonial deciden hoy el traslado.

Más allá de la fuga de empresas, el empresariado catalán está inquieto por las repercusiones que ello pueda tener en la marca Barcelona, que el Reputation Institute sitúa como la octava con mejor reputación del mundo. Sobre todo después de que uno de los motores de su economía, el turismo, también haya quedado tocado por las imágenes del 1 de octubre y las manifestaciones en las calles.

Otro golpe para la economía catalana serán las oportunidades perdidas por culpa de las convulsiones políticas. Barcelona era una firme candidata para hacerse con la Agencia Europea del Medicamento una vez que Reino Unido haya consumado su abandono de la UE. El último informe técnico de la Comisión Europea la situaba como la mejor situada para albergarla. Pero la perspectiva de una Cataluña fuera de España –y por tanto de la UE- reduce las opciones de hacerse con un organismo que emplea a 900 personas y tiene 340 millones de euros de presupuesto.