Os Blancos, el pueblo que se ha convertido en la pesadilla de los proveedores

En 2011, cinco meses después de haber sido proclamado alcalde del municipio orensano de Os Blancos (850 habitantes), Xosé Manuel Castro se puso delante de una cámara de la Televisión de Galicia (TVG) y pidió el rescate del Ayuntamiento. “Alguien nos tiene que echar una mano. Si fuésemos una empresa privada ya habríamos cerrado con cadena y candado”, sentenció asumiendo la quiebra. No exageraba. Cuando llegó a la alcaldía ese año solo había 17.000 euros repartidos en las siete cuentas del Ayuntamiento, una deuda de en torno a tres millones de euros y ningún ingreso del Estado: estaba embargada la participación en los fondos estatales.

Os Blancos se mantiene aún hoy a la cabeza de los ayuntamientos que peor abonan sus facturas en España: tarda 1.232 días en pagar a sus proveedores frente a los 58 días de media de los ayuntamientos del resto del Estado, según datos publicados hace unos días por el Ministerio de Hacienda. Y el alcalde actual se ha visto desde hace unos meses al borde de la desobediencia judicial por no atender pagos ni deudas ordenados en sentencias firmes.

La calamitosa situación económica viene de lejos y era incesante. En 2008, Gas Natural Fenosa cortó el suministro público al Ayuntamiento por impago. El regidor en aquel momento, Juan Antonio Lama, solventó a las bravas el más que simbólico apagón: contrató un enganche ilegal. La deuda municipal rondaba entonces, como ahora, los tres millones de euros de un presupuesto anual de en torno a 800.000 y el Ayuntamiento, sin crédito, no pagaba ni los recibos de la luz, ni a la Seguridad Social.

Como antes Lama, el alcalde Castro no ha dejado de responsabilizar de la crítica situación económica del Ayuntamiento que preside a las “deudas del pasado”: largas décadas de desenfreno contratador de las instituciones públicas orensanas estimulado por el entonces presidente de la Diputación, José Luis Baltar, el autodenominado cacique bueno que acabó condenado por un delito de prevaricación relacionado con el enchufismo masivo.

Durante las dos décadas largas en las que Baltar cosechó mayorías absolutas de récord para el PP mientras convertía a la Diputación de Ourense en la principal fábrica de empleos de la provincia (llegó a destinar más del 35% del presupuesto a pagar nóminas), sus alcaldes más fieles no hicieron sino emularlo. Y entre los regidores más entregados de finales de los 90 destacaba José Antonio Rodríguez Ferreiro, al frente del Ayuntamiento de Os Blancos. Tras imponer el nombre de Baltar a calles e infraestructuras deportivas, colocar un busto con su imagen en la plaza principal del pueblo y proclamar que él solo obedecía órdenes de “Dios, la Virgen y Baltar”, Ferreiro ingresó en prisión condenado a cinco años y tres meses por prevaricación, falsedad y malversación: había sustraído 240.000 euros de las arcas municipales. Dejó el Ayuntamiento en bancarrota.

Lo sucedió Juan José Puga. Entre ambos incorporaron a la plantilla municipal a 13 trabajadores. Cuando años después Lama relevó a Puga se topó con una misión imposible. Atribuyó entonces a la gestión de Ferreiro el origen del fiasco económico que, en su opinión, Puga acabó cebando al pedir préstamos destinados a acometer más gastos en lugar de amortizar deuda, cuyos intereses no paraban de crecer.

Lama se sintió maniatado y Castro, el último en llegar a la alcaldía, ha tenido que hacer frente en los últimos meses a la amenaza de un procedimiento penal: el secretario-interventor municipal recibió un requerimiento judicial para que aportase la relación de bienes patrimoniales “no afectos al uso público”.

El regidor reconoce que le resulta muy difícil sanear la economía municipal cuando “el 50% del presupuesto se va en personal” y no tiene reparo en señalar que la “excesiva” y "caprichosa" plantilla lastra un presupuesto embargado y que el desastre de la gestión económica es el desastre la gestión política.

“El Estado se ha hecho cargo de la deuda y asume el pago a proveedores, que de esta forma cobran pero nos deja las arcas vacías, con serias dificultades para hacer frente al gasto corriente”, explica el primer edil sobre la situación actual.

En mayo de 2012 anunció a los trabajadores que no les pagaría las nóminas del mes siguiente, de la misma forma que él renunciaba a cobrar la suya, de 900 euros, para poder hacer frente a servicios “prioritarios” como los de abastecimiento de agua y saneamiento. “Los vecinos no tienen la culpa de una plantilla desmesurada”, justificó entonces.

Cinco años después, y pese a la progresiva reducción de la deuda viva, la asfixia económica aún estrangula el municipio. "Nos llevará un tiempo", afirma el alcalde desde su despacho ubicado en la calle José Luis Baltar del municipio, a un tiro de piedra del polideportivo del mismo nombre.