“La Diputación de Ourense era para Baltar como una empresa privada”

La justicia pone coto al baltarismo después de Baltar. La titular del Juzgado de lo Penal 1 de Ourense, Caterina González, ha dictado sentencia condenatoria contra la práctica del enchufismo masivo y continuado ejercido por el expresidente de la Diputación de Ourense en los tres meses en los que se sentaron las bases de su sucesión dinástica. “Parece que la Diputación era una empresa privada en la que se contrataba a quien parecía oportuno al acusado”, sostiene la juez para explicar que el primero de los Baltar utilizó la institución como si de su propiedad se tratara y condena al ya jubilado barón del PP de Galicia a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. La condena, consecuencia de una denuncia presentada en 2010 por el PSOE ante la fiscalía, no tendrá ya efectos prácticos pero, en sintonía con la petición del fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, de “una pena ejemplar que sirva de aviso a navegantes”, pone en tela de juicio la sucesión dinástica del baltarismo que ahora representa su primogénito.

Dos años después de que el poderoso expresidente ourensano José Luis Baltar hubiese causado baja en el PP, la justicia sentencia que el autodenominado cacique bueno delinquió. La juez considera probado que en los tres primeros meses de 2010, los que rodearon el congreso provincial del PP en el que se consumó el primer traspaso de poderes entre padre e hijo, José Luis Baltar vulneró “a sabiendas” la normativa de la institución provincial y contrató a dedo a las 104 personas que quiso. En esa simbiosis que, según la juez, Baltar hizo entre lo público y lo privado, buena parte de los enchufados que eligió para los empleos estaban vinculados al PP y participaron (ellos o sus familiares) en el cónclave provincial en el que su primogénito, José Manuel Baltar Blanco, barrió al candidato avalado por Feijóo y Rajoy haciéndose con la presidencia del partido que dejaba vacante su padre. Dos años más tarde le traspasaría también a dedo la presidencia de la Diputación.

Frente al alegato de Baltar proclamando en su juicio que después de tres décadas al frente de corporaciones (el Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín y la Diputación) desconocía que para contratar en una institución es necesario realizar una convocatoria pública de empleo, la juez considera probado que incumplió “conscientemente” la normativa de la institución provincial cuando, en aquellos meses pre y postcongresuales, enchufó al centenar de afines. El condenado lo había reconocido sin complejos en su declaración. “Oye, cuando que haya que contratar a alguien cuenta con este”, explicó Baltar desde el banquillo su método de selección del personal. Él le decía al jefe de Personal quién entraba y quién no. No sabía, intentó justificarse, que las plazas se tenían que publicitar. “Nadie me advirtió”, remachó su exculpación.

A lo largo de 43 folios, la jueza descalifica las prácticas institucionales del expresidente ourensano. La sentencia precisa que Baltar no solo prevaricó al conceder empleos a dedo, sino que “también se ha probado que esa contratación se realizó sin la fiscalización previa que exigía la ordenanza” y que debería garantizar que existía crédito para hacer frente al gasto en nóminas que disparaba la deuda de una Diputación ya sobredimensionada en empleos: llegó a tener más de un millar de trabajadores —33 porteros, que después redujo a 16, para abrir tres puertas en el edificio cultural; 17 personas para cuidar 15 caballos en el centro ecuestre de la institución— que convirtieron al organismo en la mayor fábrica de empleos de la provincia. Y casi todos los empleados estaban vinculados al PP.

La juez sostiene que en los tres meses a los que se refería la denuncia, el expresidente “olvidó en todo momento” el requisito “básico e irrenunciable que es la publicidad” para garantizar el acceso en condiciones de igualdad de cualquier ciudadano al puesto de trabajo. Y aclara que la Diputación “no es una propiedad de la que pueda hacer el uso que bien le parezca a su titular” para concluir que el acusado viola “consciente y deliberadamente” la norma “en función de una finalidad que le parece prioritaria”, poniéndose para ello “por encima de toda Ley, como quien dispone legítimamente de algo privado”.

En su afán contratador de aquel trimestre sucesorio en el que consumó el primer traspaso de poderes a su hijo, Baltar incumplió, uno tras otro, todos los requisitos que marcaba la ordenanza de la Diputación publicada seis años antes en el boletín oficial de la provincia para los contratos temporales por procedimiento de urgencia. La juez especifica las infracciones: no hubo informe del jefe de servicio de cada plaza, no hubo fiscalización previa de Intervención para comprobar la existencia de crédito suficiente para contratar, no hubo convocatoria pública ni siquiera en el tablón de anuncios y no hubo selección de los contratados basada en su cualificación y méritos. Sencillamente, Baltar tiró también en esa ocasión de los decretos de presidencia con los que durante décadas repartió millones de euros entre sus afines y, así, desde enero hasta el 17 de marzo de 2010 ordenó la contratación en la Diputación de las 104 personas “elegidas por él”.

Según la sentencia, lo hizo “con conciencia de que faltaban los principios básicos de cualquier contratación pública”, por más que el condenado se empleara en el juicio en asegurar que desconocía la existencia de la norma e intentara arrastrar en su caída a sus funcionarios de máxima confianza, a los que acusó de no haberlo advertido de la ilegalidad.

Lejos de aceptar su palabra, la magistrada da credibilidad a los testimonios del jefe de Personal, José Luis Suárez —concejal del PP en el Ayuntamiento de Monterrei e hijo del alcalde de ese municipio—, y al secretario de la institución, Francisco Cacharro —hijo del exbarón del PP de Lugo—, que aseguraron que el primero de ellos había alertado al presidente de que incurría en ilegalidad y que el otro le había explicado la normativa. Caterina González concluye que Baltar actuó “consciente de lo que estaba haciendo” y se basa para ello en el testimonio de los altos funcionarios y del resto de testigos (73 personas entre cargos de la institución, enchufados y alcaldes del PP) para declarar “claro y probado” el delito de prevaricación que a Baltar —imputado ahora también en la Operación Pokémon que investiga supuestos sobornos a políticos de concesionarias municipales— le supone un oscuro final a su trayectoria política y a su hijo-sucesor la mácula sobre los méritos de su acceso a todos su cargos públicos. La juez desestima la petición de la acusación particular del PSOE para que Baltar abone 696.666,58 euros a la Diputación por los gastos que, según su cálculo, supusieron los 104 enchufados a las arcas públicas.