Los empresarios ante “el golpe de estado jurídico”

El próximo 13 de septiembre la junta directiva de la CEOE celebrará su reunión mensual y, muy probablemente, su presidente, el catalán Juan Rosell, y el presidente de la patronal catalana Foment del Treball y vicepresidente de CEOE, Joaquim Gay de Montellá, se verán forzados a debatir sobre la cuestión catalana. La aprobación de la ley de referéndum de autodeterminación en el bronco pleno del Parlament el pasado miércoles y las sucesivas actuaciones ligadas al proceso independentista han dejado a los pies de los caballos a los empresarios, cuya proclama calificando dicha ley como “golpe de Estado jurídico” ha caído en saco roto.

De poco han servido los mensajes de desastre económico que se han lanzado desde distintos foros, tribunas y organizaciones empresariales. No obstante, de momento, no parece que el proceso esté influyendo en los mercados, que se muestran tranquilos, y en las inversiones, que incluso han aumentado. La revisión de la calificación crediticia que tienen previsto hacer las agencias de rating a final de mes, sobre la que las autoridades tienen esperanzas de que mejoren, darán un veredicto.

Quizá por eso los empresarios catalanes (y los empresarios, en general) deben pronunciarse ahora con más contundencia. Ya no queda hueco para posiciones equidistantes. En la anterior junta de la CEOE, de julio, fue el propio Rosell quien pidió que Gay de Montellá informase antes de que nadie lo requiriese. Y el dirigente catalán resaltó que la radiografía ofrecía un resultado muy complicado, que no estaba muy seguro del resultado que saldría si se les preguntara al conjunto de las 240.000 empresas catalanas. Está claro que los representantes de las multinacionales (amenazan con una salida masiva) y que las grandes empresas con sede o presencia en la comunidad son contrarios a la independencia por el impacto negativo que supondría en sus cuentas. Sin embargo, entre el amplio tejido de pymes se refleja la misma percepción que en la sociedad catalana (o sea, en torno al 45% a favor de la secesión).

De poco han servido los mensajes de desastre económico lanzados desde distintos foros

El 27 de julio, apenas dos semanas después de la intervención en aquella junta directiva, la patronal catalana difundía el citado documento. El informe, al que se puede calificar de histórico dada la habitual posición ambigua que se ha guardado desde las filas empresariales catalanas, además de advertir de que la ley “supondría un golpe de Estado jurídico contrario al derecho interno e internacional y un ejercicio de enorme irresponsabilidad política de consecuencias impredecibles”, sostenía que “el problema político que plantea la legítima reivindicación catalana del reconocimiento de su singularidad dentro del Estado español debe encontrar su solución por la vía de la negociación y dentro del respeto de los principios de democracia y legalidad. Una negociación a la que debe acudirse con ofertas y voluntad de renuncias por ambas partes”.

A esa negociación se refería Rosell el miércoles: “Los empresarios quieren que se arregle políticamente y que se trabaje para ello y no echando más leña al fuego”. Rosell también dijo que los empresarios “están por respetar lo que diga la ley, lo que quieren los empresarios es saber cuáles son las leyes y, por supuesto, cumplirlas todas” en referencia a la advertencia del Ministerio de Hacienda de imponer sanciones para quienes paguen impuestos del Estado a la Agencia Tributaria catalana.

Las cosas quedaron más o menos claras, aunque algunos dirigentes creen que Rosell se salió por la tangente sin entrar de lleno en el rechazo. Hay quien subraya, no obstante, que “pronunciarse sería dar legitimidad a algo que es ilegal”. Esa circunstancia obliga a buscar un equilibrio difícil entre lo que se debe hacer y lo que se piensa. Y lo que se piensa es que las derivaciones que tiene son muy negativas para la economía de las empresas con presencia en Cataluña.

De momento, no parece que el proceso esté influyendo en los mercados y las inversiones

En ese sentido, se expresaron el 7 de septiembre de 2015, 20 días antes de las elecciones catalanas (entonces sí había una legitimidad para cualquier pronunciamiento), Rosell y José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España y de la empresa catalana Freixenet, (Gay de Montellá no participó), en una carta conjunta en La Vanguardia en la que, entre otras cosas, decían que una Cataluña independiente “tendría una menor actividad económica, menos empleo y peores condiciones de vida”, y pedían que los políticos recuperasen el diálogo para evitar este escenario.Rosell y Bonet resaltaban los perjuicios de quedarse fuera del euro, los “serios” problemas para financiarse y la caída de sus exportaciones, con unas inversiones que se resentirían y las deslocalizaciones de empresas que buscarían otros lugares más estables. Poco caso se les ha hecho.