Las grandes empresas deberán informar de sus medidas de igualdad

Las grandes empresas tendrán que informar públicamente cada año de las decisiones que tomen sobre igualdad de género, protección del medio ambiente, derechos humanos o lucha contra la corrupción. Junto al informe anual sobre resultados que están obligadas a presentar, tendrán que redactar otro sobre el impacto medioambiental y social de sus actividades. Así consta en el borrador del Anteproyecto de Ley sobre información no financiera de las grandes empresas aprobado ayer por el Consejo de Ministros.

Según el borrador, que ha sido enviado al consejo de Estado para que emita su dictamen antes de que se inicie la tramitación parlamentaria, las grandes empresas tendrán que incluir esta nueva información en el informe anual de gestión que acompaña a las cuentas o en el informe de gobierno corporativo, en el caso de las empresas cotizadas. Según el texto, tienen consideración de grandes empresas todas aquellas con una media superior a 500 trabajadores en un ejercicio o las que durante dos ejercicios seguidos cumplan dos de estos requisitos: tener activos por más de 20 millones de euros, facturar más de 40 millones de euros o que la media de trabajadores sea superior a 250.

En concreto, respecto a las cuestiones sociales, las empresas estarán obligadas a informar de las medidas adoptadas para asegurar la igualdad de género, sobre las condiciones de trabajo y la seguridad en el mismo, sobre el diálogo social y el respeto a los derechos sindicales y sobre las medidas de diálogo y protección con las comunidades locales donde la empresa opera. También deberán informar sobre las políticas relativas a los derechos humanos y contra la corrupción.

Además, las grandes empresas deberán detallar los efectos “actuales y previsibles” de su actividad sobre el medio ambiente y sobre la salud y la seguridad. Es decir, deberán explicitar su consumo de energía y agua, sus emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación atmosférica que puedan producir.

El anteproyecto, que ha sido enviado al Consejo de Estado para que emita su dictamen antes de pasar a su tramitación parlamentaria, servirá para que España cumpla con la directiva europea que intenta medir el impacto social de las empresas.