El grupo Roggio recupera brío

El cambio de Gobierno de finales de 2015 en Argentina fue una bocanada de aire fresco para la Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios (Clisa), uno de los mayores conglomerados del país, que emplea a unas 12.700 personas. Se trata del buque insignia del Grupo ­Roggio, que lleva más de 100 años en el sector de la construcción y en las últimas décadas entró en los negocios de la recolección y el tratamiento de residuos, el transporte y el servicio de agua potable. La empresa familiar, fundada en Córdoba (centro), sufrió las consecuencias de su elevada exposición a distintas entidades gubernamentales y registró cuatro ejercicios seguidos de números rojos. En el último año, la mejora de las condiciones de acceso al crédito en el país y el impulso que cobró la obra pública han sido un bálsamo para la compañía.

“La historia de la empresa es la historia de la familia”, afirmó en un discurso de 2012 Aldo ­Roggio, presidente de Clisa y nieto de Benito Roggio, quien inició el negocio de la construcción en 1908. Los dueños, sin embargo, han mantenido siempre un bajo perfil. Y lo han logrado a pesar de que forman parte del día a día de millones de argentinos. Las subsidiarias Cliba y Tecsan se encargan de la recolección y la disposición final de residuos de 1,5 millones de personas en las ciudades y cercanías de Buenos Aires, Santa Fe y Neuquén. A través de Metrovías, operan desde 1994 el metro de la capital, que en 2016 transportó a 324 millones de pasajeros, a lo que se suma la concesión de una línea ferroviaria. En Córdoba, la segunda urbe más poblada, su empresa Acsa se encarga del tratamiento y la distribución del agua que consumen más de un millón de personas.

El principal contratista de Clisa es la Administración, algo que afectó al negocio en el último lustro. La subsidiaria dedicada a la construcción, Benito Roggio e Hijos, tiene una cartera de obras de 538 millones de euros (a marzo de 2017) y un 50% son carreteras. A partir de 2013 comenzaron a producirse retrasos en los pagos por parte del Estado que no se solucionaron hasta mediados del año pasado. A los problemas en el negocio de infraestructuras (el 35% de su facturación en 2016), Clisa sumaba otros en el transporte (14%) y en la recolección y el tratamiento de residuos (42%) por las demoras en las actualizaciones de las tarifas que recibe por esos servicios, en un contexto de alta inflación y subida de costes. “La empresa tenía que incurrir en financiación de corto plazo en pesos a tasas de entre el 25% y el 35%”, explica Francisco Gómez Comelli, analista de Standard & Poor’s (S&P).

En 2014, poco después de que Argentina entrara en un default selectivo a raíz del conflicto con los llamados fondos buitre (acreedores que quedaron fuera de las reestructuraciones de la deuda tras la crisis de 2001), S&P advertía de que Clisa se enfrentaba a una posibilidad real de incumplir sus obligaciones. Al cierre de ese ejercicio, la carga de los intereses de la deuda de la empresa era de 24 millones, un 43% de su Ebitda. El total de sus costes financieros incluso superaba ese valor.

Los nubarrones en el horizonte de Clisa comenzaron a disiparse en 2016, con las primeras medidas económicas del Gobierno de Mauricio Macri. La liberalización de los controles de capitales y el acuerdo con los fondos buitre favorecieron las condiciones de la empresa para acceder al crédito exterior. Entre julio de 2016 y febrero de 2017, el grupo emitió obligaciones negociables por 300 millones de dólares para refinanciar su deuda. Un informe de S&P de finales de julio afirma que esa transacción ha mejorado la flexibilidad financiera de la compañía.

Recientes impulsos

La agencia de calificación espera que la decisión del Gobierno de impulsar las obras civiles para dinamizar la economía beneficie a Clisa en los próximos años. “En 2017 no tendrá un gran impacto en la empresa, pero es probable que lo tenga a partir del año que viene”, precisa Gómez Comelli, que prevé un resultado positivo al cierre del presente ejercicio.

Lorenzo Sigaut, economista de la consultora Ecolatina, señala que la obra pública de Argentina, donde está el 90% de la cartera de proyectos de Cliba, tomó impulso a fines de 2016. “En este año electoral (2017), algunos indicadores como la producción de asfalto no sólo están en niveles récord, sino que duplicaron los valores del año pasado. La duda para el año que viene es si ese nivel se mantendrá ante las metas de reducción de déficit que se puso Hacienda, ya que las opciones para bajarlo son un menor gasto en obra y la reducción de subsidios”, afirma. Es probable que el impulso se mantenga, matiza Sigaut, si funciona bien el esquema de participación público-privada (PPP) que fue aprobado por ley en febrero de 2017 y que permite al Estado impulsar proyectos de envergadura con un menor gasto.

Pero no todo son buenos augurios. A finales de año acaban los contratos por los que el grupo opera el metro de la ciudad de Buenos Aires y una línea ferroviaria, que son clave para su negocio en el sector del transporte y tienen un futuro aún incierto. Esa actividad representó el 12,5% del ebitda del conglomerado en 2016. Otra amenaza tiene origen en la ciudad de Córdoba, donde el grupo está en riesgo de sufrir acciones legales por un posible caso de contaminación. En marzo, una planta de tratamiento de residuos industriales se vio desbordada por una tormenta y la corriente avanzó hacia el canal que abastece una central potabilizadora. El incidente los afectó por partida doble, ya que tanto la planta como la central que suministra el agua a casi un tercio de la ciudad son empresas de Cliba.