La Autoridad Fiscal evaluará los 5.000 millones que se gastan en políticas de empleo

El Gobierno y Ciudadanos sellaron en agosto del año pasado un pacto de investidura que recogía una revisión en profundidad de la eficacia y la eficiencia de todos los capítulos de gasto, lo que en la jerga se conoce como spending review. En abril, el Ejecutivo remitió a Bruselas su compromiso de llevarlo a cabo. Y anunció que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) se encargaría de esta misión. Solo que el reto de revisar una por una todas las partidas parecía inabarcable. De hecho, en Italia esta tarea se había empantanado por querer examinarlo todo. De modo que se decidió centrar primero el foco en las subvenciones, una rúbrica que en 2015 alcanzó los 33.000 millones incluyendo el gasto en farmacia no hospitalaria, que ronda los 10.000 millones. 

Estas cifras de subvenciones incluyen desde los 3.000 millones de subsidios al transporte hasta las ayudas de la Política Agraria Común, pasando por los 1.500 millones en becas, los 500 millones en incentivos al I+D o los 700 millones para cuencas mineras. Sin embargo, en esta primera fase se va a priorizar. Y se pondrá un especial énfasis en las políticas de empleo, cuyo importe suma los 5.000 millones y comprende unos 2.000 millones en bonificaciones a la contratación, otros 2.800 millones de presupuesto de las comunidades para reinsertar parados, y el resto en formación de la antigua Fundación Tripartita y en bonificaciones a la formación demandada por el empresario.

Pese a tratarse de una de las principales herramientas para combatir el paro, nunca se había valorado la eficacia de estas políticas. El Ministerio de Empleo no tiene ni los medios ni las competencias para evaluarlas. Intenta repartir los recursos en función de algunos indicadores de resultados. Pero eso no supone ni de lejos un análisis del impacto que tienen. 

Y las comunidades muestran interés porque carecen de los equipos para hacer este tipo de evaluaciones y además sufren restricciones presupuestarias. "De esta experiencia podemos aprender qué funciona y qué no. La acogida ha sido buena porque nadie ha interpretado que esto sea un ejercicio partidista”, resalta una fuente autonómica.  

Por su parte, la Autoridad Fiscal reconoce que está considerando las políticas de empleo para la spending review. “Está pendiente de los detalles y del acuerdo definitivo con las administraciones”, explican.

En principio, la metodología para evaluar estas políticas consistirá en hacer un ejercicio de trazabilidad: gracias a los datos de la Seguridad Social se puede seguir cuál ha sido la trayectoria laboral de los que han recibido los cursos y ayudas. Se puede comprobar si han mejorado su empleabilidad y si ahora cobran más. Tan solo hay que compararlos con grupos similares pero que no se hayan beneficiado de esas políticas. “Esto tiene el problema de encontrar un grupo con igual experiencia y formación, que viva en el mismo sitio y en la misma fecha. La Airef tendrá mucha información. Solo que es muy difícil procesarla”, dicen fuentes autonómicas.

También se revisará la eficiencia con la que se gastan esos dineros y si los procedimientos son los adecuados. “Todo esto no implicará un recorte, sino poder hacer luego una mejor asignación a partir de los resultados”, comentan fuentes del Gobierno. El Ministerio y las autonomías podrán asumir o no las recomendaciones.

En el último Consejo de Ministros, el Ejecutivo pidió a la Airef que elabore un plan de acción. Y este se encuentra todavía pendiente de la aprobación de Hacienda, para poder fichar la plantilla y los apoyos necesarios. La idea es que el examen se complete antes de que acabe 2018. Según fuentes de las comunidades, estas ya han tenido su primer encuentro con los técnicos de la Autoridad Fiscal.