El plan de 5.000 millones para carreteras tendrá inversión privada y fondos europeos

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha presentado con solemnidad este viernes en La Moncloa la puesta en marcha de un macroplan de inversión extraordinaria en carreteras de alta capacidad, en su mayoría autovías, que se acometerá por primera vez en España con capital privado y financiación europea. El plan abarca obras de construcción o mejora de infraestructuras viarias por una inversión total de unos 5.000 millones de euros. El Gobierno intenta así paliar la reconocida bajada de inversión en ese sector productivo de los últimos ejercicios por los problemas económicos del país con una fórmula nueva, que se impone en Europa, de pago en diferido de las obras adjudicadas en 30 años y con la obligación de dedicarse también a la conservación y mantenimiento de la infraestructura. Fomento remarca que este modelo no tiene nada que ver con el fracasado intento de las autopistas radiales de pago.

Rajoy explicó este viernes, en el salón de tapices de La Moncloa y ante un selecto club de los presidentes de las principales constructoras del país, que "el plan de inversión público-privado para carreteras" se usará para completar tramos de autovía, solucionar los cuellos de botella que se forman en algunas carreteras (con desdoblamientos o carriles nuevos), mejorar y adaptar las autovías a las nuevas normativas de emisiones de CO_2, de seguridad y de ruido, así como a mantenimiento.

El objetivo prioritario del plan es volver a hacer obra pública, en concreto carreteras, pese a la baja consignación presupuestaria aprobada ya para ese fin y ante los techos que fija los límites del objetivo de déficit aprobados por la Unión Europea. Esos planes de colaboración público-privada sortearán, en teoría, esas limitaciones. Y, además, el Gobierno asegura que podrán beneficiarse del llamado Plan Juncker, en alusión al presidente de la Comisión Europea, para inversiones estratégicas en toda la red de comunicaciones de la UE.

El propósito del Ministerio de Fomento, que es el que ha elaborado el borrador del proyecto, es que el plan afecte a los 20 corredores más importantes del país, con un total de 2.000 kilómetros y que las obras se ejecuten en tres o cuatro años, entre 2017 y 2021.

El sistema, copiado de modelos ya experimentados con éxito en Europa según Rajoy, se denomina "pago por disponibilidad" y ha pasado de usarse en los últimos años en el 5% de los proyectos de infraestructuras a suponer el 90%. Consiste, en esencia, en sacar un proyecto a concurso, adjudicar una obra a una constructora o UTE de constructoras y empezar a pagarle cuando la entregue para su uso y luego durante el periodo de explotación que se le concede de hasta 30 años. El pago se liga también a la calidad de la carretera y a su mantenimiento a largo plazo, en lugar de centrarse solamente en la demanda o el tráfico (lo que sería un pago por uso o de peaje en la sombra).

Fuentes del ejecutivo han recalcado, en ese sentido, que así se transfieren los riesgos de que la autovía en cuestión al final no sea muy usada, no tenga demasiado tráfico y pueda no resultar rentable. Los pliegos elaborados, para controlar el proyecto y también su nivel de impacto ambiental, pretenden evitar "los sustos" sufridos con la adjudicación durante los gobiernos de José María Aznar de las radiales luego rescatadas por el Estado.

Tanto Rajoy como fuentes del Ministerio de Fomento han destacado también que esta voluminosa inversión se hará con un mecanismo público-privado y con financiación del Banco Europeo de Inversiones "en condiciones preferentes" y "únicas", es decir, con dinero llegado del llamado Plan Juncker de la Comisión Europea. El reparto de cada proyecto corresponderá en un 20% al adjudicatario, un 40% al Banco Europeo de Inversiones y el otro 40% a instituciones financieras.

Los detalles de los 20 corredores que se construirán, mejorarán o restaurarán, ha explicado Rajoy, se estudiarán cuidadosamente y se anunciarán "después del verano". Serán, en cualquier caso, grandes obras, con presupuestos mínimos de 100 millones de euros y de media de 200 millones y en muchos casos vinculados a la restauración de las llamadas autovías de primera generación, que se han quedado obsoletas por ejemplo en su repercusión ambiental o acústica. Muchos de esos aspectos se pretenden negociar ahora con las patronales del sector pero en el ejecutivo apuntan que su idea es que con esta multiplicación de la inversión y de los proyectos las grandes constructoras no acudan a los concursos con bajas temerarias pensando que es su última oportunidad.

Según los cálculos del Gobierno, esos 5.000 millones de inversión (a razón de unos 1.700 al año, de los que unos 350 serían de procedencia pública) permitirán también reactivar el empleo y el sector de la construcción, que es uno de los que menos ha notado la recuperación económica. Rajoy ha asegurado que se crearán 189.200 puestos de trabajo, las inversiones se traducirán en un retorno fiscal de unos 3.000 millones de euros y se reducirán hasta seis millones de toneladas de CO2 al año.

Sin peajes

Pese a acometerse mediante contratos de concesión, las nuevas inversiones en carreteras no implicarán el pago de peajes para el usuario de las autovías, según señalaron fuentes del sector citadas por Europa Press. El objetivo es recabar inversión de las constructoras para adelantar la ejecución de las obras ante la restricción de inversión pública para este tipo de proyectos que impone el objetivo de déficit.

El plan es solo el primer eslabón de un programa de inversión en colaboración con la iniciativa privada más ambicioso, que abarcará un segundo plan para ejecutar obras ferroviarias de Alta Velocidad y uno más para acometer infraestructuras de agua, que en ambos casos se presentarán más adelante. Por el momento, el jefe del Ejecutivo lanza este viernes el Plan de Inversión en Carreteras (PIC), que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ya anunció el pasado mes de abril, cuando presentó el Presupuesto de su Departamento para 2017. De la Serna avanzó entonces su disposición a trabajar con el sector de la construcción para recabar inversión para carreteras, dado que es la partida de su Ministerio que resultó más afectada por los ajustes.

La obra pública, en mínimos históricos

Así, con esta iniciativa, además de salvar este ajuste, el Ejecutivo pretende contribuir a reactivar la obra pública, actualmente mínimos históricos. La licitación de obra marcó en 2016 uno de sus volúmenes más bajos de la historia reciente (unos 9.323,63 millones de euros). Además, actualmente está sostenida por los proyectos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, dado el desplome que presenta la correspondiente a Fomento, principal órgano inversor de la Administración central.

En lo que va de año, este Ministerio sacó a concurso obras por 424 millones, lo que implica un desplome del 73% (un 'recorte' de 1.183 millones), lastrado por el descenso de obras del AVE (-44,3%) y la nula obra de carreteras. Entre enero y mayo, Fomento no licitó ni un solo contrato de infraestructuras viarias, según Europa Press.