La Autoridad Fiscal prevé que las pensiones no suban más del 0,25% hasta 2022

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) tiene entre sus cometidos validar si se ha aplicado correctamente la fórmula de actualización de las pensiones (el llamado Índice de Revalorización de las Pensiones). Y su dictamen para este año es que corresponde aplicar el 0,25% recogido en la ley de Presupuestos de 2017. Pero la institución que preside José Luis Escrivá va más allá y hace una estimación a cinco años tanto con las proyecciones que ofrece la Seguridad Social como con otras de elaboración propia. Y el resultado es que "el Índice de Revalorización de las Pensiones no supera el 0,25% durante los años del periodo 2018-2022 y, por tanto, se mantiene en el mínimo legal en el medio plazo en ausencia de medidas", subraya el informe de la Autoridad Fiscal, el organismo independiente exigido por Bruselas para velar por las cuentas públicas.

Con el dato de junio conocido este jueves, la inflación se sitúa en el 1,5% interanual, muy por encima del 0,25% previsto. Es decir, las prestaciones estarían perdiendo poder adquisitivo. Según los augurios de la Airef, a ese ritmo las pensiones perderán un 7% de poder de compra de aquí a 2022 si no se toman medidas. En el fondo, con estas conclusiones el organismo insta a los legisladores a buscar ingresos para poder equilibrar el sistema y no tener que dejar las nóminas casi congeladas.

El Índice de Revalorización de las Pensiones se constituyó con la intención de hacer sostenible las cuentas del sistema de pensiones. Y con ese fin desligaba las actualizaciones anuales de la inflación para en su lugar vincularlas a la evolución de las cuentas de la Seguridad Social. Mediante una fórmula que básicamente incluye los gastos e ingresos de los cinco años pasados y las previsiones de los cinco años siguientes, este índice marca cuál va a ser la revalorización cada año en ausencia de otras medidas. Si las cuentas no son positivas, el Índice no actualiza las pensiones y se aplica un mínimo legal de revalorización del 0,25%.

Pero la Autoridad Fiscal da un paso más y hace un ejercicio teórico de qué pasaría si no se aplicase el suelo del 0,25%. El resultado es que, según sus cálculos, en 2017 el Índice de Revalorización arrojaría un recorte de las prestaciones del 2,96% si no se buscan más ingresos. Y si ese mismo ejercicio se hace con las proyecciones a cinco años, entre 2017 y 2022 se deberían recortar las prestaciones un poco más del 10%. Eso es lo que haría falta para que las cuentas del sistema de pensiones se corrigiesen en un plazo de unos cinco años a falta de reformas. La intención de los expertos que diseñaron esta fórmula era que, a la luz de esa información, los legisladores tomasen medidas sobre los ingresos o los gastos para equilibrar esas cuentas. Es importante resaltar que el Índice de Revalorización de las Pensiones no obliga a imponer esa actualización: permite que los Gobiernos puedan buscar más ingresos para no tener que subir solo el 0,25%.

La Airef está trabajando con datos facilitados por la Seguridad Social, de ahí que alabe el esfuerzo de transparencia que está haciendo la institución a cargo de las pensiones. Más allá de 2022, las proyecciones demográficas condicionan mucho los resultados, y las fuentes de la Autoridad Fiscal no se atreven a hacer más estimaciones. Sin embargo, todos los expertos señalan que a partir de finales de 2020 comienza a jubilarse la generación del baby boom, cuyo impacto sobre el gasto será ya pleno en 2025. Por eso, fuentes de la Autoridad Fiscal piden que se trabajen mucho más las proyecciones demográficas oficiales para poder ofrecer unos vaticinios algo más fiables.

Para este año, la Autoridad Fiscal considera que los ingresos se quedarán unos 2.000 millones por debajo de lo previsto por el Gobierno. Y eso hará que el déficit de los Fondos de la Seguridad Social, sin incluir las cuentas de los servicios públicos de empleo, se sitúe en el 1,7% del PIB, esto es, unos 19.000 millones, por encima del 1,4% previsto en los Presupuestos y del 1,6% de previsión ya remitido a Bruselas. Para el que viene, según los pronósticos de la Autoridad Fiscal, el déficit se colocará en el 1,6% del PIB, también un agujero mayor que la última previsión del Gobierno para 2018 fijada en el 1,3% del PIB.

La Autoridad Fiscal también explica que esta situación en las cuentas ocurre a pesar de que las reformas ya aprobadas están consiguiendo ralentizar los incrementos del gasto, producidos porque las nuevas pensiones son cada vez más altas, por el aumento del número de jubilados y por las revalorizaciones de las prestaciones. Entre 2007 y 2016, el gasto en pensiones ha saltado de un promedio del 8,4% del PIB hasta el 10,7% del PIB. Pero por el efecto de las reformas ya legisladas el gasto en pensiones bajará hasta el 10,4% de promedio entre 2017 y 2022. Es decir, básicamente las pensiones crecerán menos que el PIB y se les destinará una proporción menor de la riqueza nacional. Entre estas medidas, destaca el retraso de la edad de jubilación a los 67 años; el cambio del periodo de cálculo de la pensión desde los 15 a los 25 años; el Índice de Revalorización; y el factor de sostenibilidad, que entra en vigor en 2019 y que calcula la prestación inicial teniendo en cuenta la esperanza de vida. En plata: lo que se espere vivir de más sobre lo que han vivido las generaciones anteriores se descontará de la pensión inicial.