¿Cómo ven a España desde afuera?

Los informes publicados estas últimas semanas por diferentes instituciones internacionales destacan la mejoría de la economía española. Tanto la Comisión Europea como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la OCDE insisten en la intensa recuperación, lo que les ha obligado a revisar significativamente al alza sus previsiones de crecimiento.

También coinciden en la solidez de la recuperación impulsada por las exportaciones. Así pues, todas las previsiones apuntan al mantenimiento de un abultado superávit externo durante los próximos dos años. Se ha revisado el diagnóstico. Anteriormente, las instituciones internacionales consideraban que las importaciones se dispararían, a medida que se asentaba la recuperación. En realidad, las empresas españolas (y no las extranjeras, como ocurría en otras fases de expansión) son las que más aprovechan el repunte del consumo y de la inversión. Es decir, España gana posiciones tanto en el mercado interno como en el extranjero.

Por otra parte, los expertos son conscientes de que la crisis ha dejado un legado de paro y de deuda pública. Además, la productividad sigue siendo muy débil, lo que dificulta la convergencia hacia los países europeos más prósperos. Por todo ello, los organismos proponen una serie de reformas, muchas de las cuales no parecen encontrar eco en el debate político.

En primer lugar, los expertos abogan por una amplia reforma del sistema impositivo. Se trata de suprimir toda una serie de desgravaciones y exenciones que erosionan la recaudación, aliviar la carga fiscal que soporta el trabajo, asentar la financiación de las pensiones y facilitar el crecimiento de las empresas. Ningún organismo recomienda recortes en el IRPF, lo que contrasta con las recientes declaraciones de Hacienda.

Todos hacen hincapié en una mejora de la eficiencia del gasto público, de forma que se liberen recursos para financiar investigación y desarrollo, y sobre todo la educación, cuyas deficiencias no dejan de preocupar en los foros internacionales. La OCDE ofrece las mejores prácticas en materia de evaluación, algo casi inexistente en nuestro país. La Comisión aboga por avances en la transparencia y contundencia en la lucha anticorrupción.

Los expertos consideran que la reforma laboral ha estimulado la creación de empleo. Sin embargo, constatan que la mejora en el mercado de trabajo se ha realizado de forma desigual, lo que ha llevado a una agravación de la brecha social. Para resolver esa tensión entre objetivos económicos y sociales, las instituciones siguen recetando medidas para reducir la alta tasa de temporalidad y fortalecer las políticas activas. Lo novedoso es que, en sus últimas evaluaciones, critican las insuficiencias en la renta mínima de inserción y proponen una ampliación de las prestaciones, junto con mejoras en el acceso al mercado de trabajo.

Los informes urgen mayor apertura en el sector terciario. En España, los gremios y colegios profesionales regulan el acceso a numerosas áreas, lo que encarece el precio de los servicios, inhibe la iniciativa y limita la creación de empleo altamente cualificado. Algunos de estos sectores son esenciales para el aprovechamiento de la revolución digital. Sin embargo, no se ha emprendido ninguna reforma de envergadura.

Los organismos no siempre aciertan. Por ejemplo, sorprende que, en sus recientes evaluaciones, ninguno destacara deficiencias en los sistemas europeos de supervisión del sistema financiero. Cabe mencionar que los respectivos informes se publicaron poco antes de la caída del Banco Popular, cuya situación de insolvencia no fue adecuadamente advertida por los supervisores. Tanto el FMI como la OCDE muestran su preocupación por la persistencia de un volumen importante de créditos irrecuperables en el balance de los bancos. Únicamente el Fondo formula recomendaciones para profundizar en el saneamiento del sector financiero.

Con todo, el análisis de las instituciones internacionales parece coincidir con el de la calle, que siente que la economía ha mejorado aunque persisten importantes desafíos. El diagnóstico en materia fiscal, educativa, laboral o de transparencia del gasto público, también parece responder al sentido común. Las recomendaciones de los organismos, a veces controvertidas, tienen el mérito de existir. Sólo falta que el debate político se centre en los temas prioritarios.