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La sequía se lleva por delante un 40% de la cosecha española de cereal

En algunas regiones se ha perdido todo, mientras las importaciones acechan el récord histórico

Un tractor trabaja en un campo reseco de Morata de Tajuña (Madrid).
Un tractor trabaja en un campo reseco de Morata de Tajuña (Madrid).Cristóbal Manuel (EL PAÍS)

Esta semana se ha dado por iniciada la recolección del cereal, empezando por las provincias del sur de España, y todo el sector coincide: la cosecha de variedades de invierno (trigo, cebada, avena, centeno y triticale [cruce trigo-centeno]) será entre un 30% y un 40% menor que la campaña de 2016 como consecuencia de la sequía. Frente a los 19,3 millones de toneladas de la campaña anterior, una cifra ligeramente por encima de la media, las estimaciones para este año van desde los 9,5 millones de toneladas por parte de la organización agraria Asaja, a los 13,4 millones de toneladas que estiman los almacenistas de cereales. Por parte de Cooperativas Agroalimentarias, a falta de datos más definitivos, se estima que la cosecha podría superar los 12 millones de toneladas, mientras que el operador cerealista Infomarket la estima en 13 millones.

Por regiones, los daños más elevados según las estimaciones del sector se han producido en la Meseta norte (Palencia, Valladolid, Salamanca, Zamora, Soria, Segovia y la zona sur de Burgos), con pérdidas que van desde el 80% hasta prácticamente la desaparición total de la cosecha. En algunas explotaciones, ya han entrado las máquinas para destinar el cultivo como forraje de los animales. Castilla y León concentra la mitad de la cosecha nacional. En Extremadura, Castilla — La Mancha y zonas de Aragón y Navarra el nivel de pérdidas se estima entre un 30% y un 50%. Por último, en Andalucía, donde se obtiene la mayor parte de la producción de trigo duro, las condiciones climatológicas han sido favorables durante todo el año (con la excepción de los últimos meses), por lo que la caída de la producción ronda el 15%. Una situación similar ha sido la de Cataluña. Por parte de Agroseguro ya se está llevando a cabo las peritaciones y se han comenzado a realizar los primeros pagos.

Por especies y variedades, las previsiones de cosecha medias apuntan a una producción de seis millones de toneladas en cebadas, 4,7 millones de toneladas en trigo blando, un millón de toneladas en trigo duro y un millón de toneladas en otros cereales secundarios como avena, centeno y triticale. A estas cifras se deben añadir otros 3,5 millones de toneladas de maíz, cuya recolección se inicia en otoño-invierno.

Por el otro lado, las necesidades de cereales para atender la demanda para consumo humano y animal en España se sitúan en unos 35 millones de toneladas, por lo que esta campaña se podía batir el récord de importaciones con más de 17 millones, básicamente de maíz, de trigo blando y algo de cebada.

Los precios en el mercado interior siguen marcados por la existencia de stocks en España y fundamentalmente por la llegada de materia prima a los puertos. Según el último informe cerealista de la FAO, "aunque la producción mundial de cereales va a disminuir en 2017, es probable que siga habiendo abundancia de suministros".

Eso se ha reflejado en los precios, donde solamente se han registrado leves subidas con unas cotizaciones medias de 164 euros por tonelada en cebada, 170 euros en maíz y 175 en trigo blando. La reducción de la cosecha también en otros países comunitarios tampoco está provocando subidas de los precios.

Desde la Administración central se mantiene la posición de responder a esta situación con ayudas a los avales para la concesión de créditos subvencionados con un periodo de carencia y la reducción de los módulos a efectos de fiscalidad. Sin embargo, se rechaza la concesión de ayudas directas por la falta de recursos y por considerar que existe un sistema de seguros subvencionado para cubrir este tipo de riesgos.

La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, negocia igualmente la posibilidad de lograr una reducción de la factura eléctrica que pagan los agricultores. Estos tienen que contratar (y abonar religiosamente durante todo el año) una potencia eléctrica  que, en la práctica, solo usan en los meses de regadío y que, en años secos como este, ni siquiera se utiliza. El sector entiende (con el apoyo del Ministerio) que es una obligación que no tiene sentido y han convertido su abolición en una reivindicación histórica durante las últimas décadas. Pero ni siquiera la presión política (que se aceleró durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero) ha podido con las posiciones de las eléctricas.

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