El fiscal pide tres años de cárcel para el empresario Luis Delso por fraude fiscal

La Fiscalía de Madrid ha solicitado tres años de prisión para el empresario Luis Delso, antiguo propietario y presidente de la consultora de ingeniería Isolux, por un presunto fraude fiscal, según han informado fuentes judiciales. El ministerio público pide la misma pena para José Gomis Cañete, quien fue vicepresidente de la empresa, al tiempo que reclama una multa para ambos del cuádruplo de la cuota defraudada, que en el caso de Delso equivale a 5.508.000 euros (por lo que el fraude se calcula en 1.331.000 euros) y en el de Gomis a 9.484.107,76 euros (el fraude ascendería a 2.371.000 euros).

El fiscal, además, pide otros tres años y una multa de 5.508.000 euros para María del Carmen Ramírez del Molino, socia también de Isolux. Además, en concepto de responsabilidad civil, se les exige una indemnización a la Hacienda Pública de 1.025.494, 56 euros para Delso y Ramírez y de 1.668.016.06 para Gomis.

El escrito de acusación señala que Delso, Gomis y Ramírez, "con el ánimo de procurarse un beneficio fiscal ilícito", ocultaron en su declaración de IRPF correspondiente al ejercicio de 2012 los dividendos obtenidos ese mismo año por la sociedad holandesa Construction Investment BV y que ascendían a un total de 5.100.000 euros.

Y es que en dicha sociedad cada uno ostentaba el 25% del capital social, mientras que la otra cuarta parte pertenecía a la esposa de Gomis. Se da la circunstancia de que el vicepresidente de Isolux presentó la declaración conjunta con su esposa por lo que no consta para la Fiscalía que participara o que tuviera conocimiento de los hechos por los que van a ser juzgados los otros tres acusados.

Para ocultar los beneficios al fisco, el 1 de febrero de 2012 los acusados simularon la concesión de un préstamo a los cuatro socios por parte de la sociedad holandesa de 1.300.000 euros que ocho meses más tarde se amplió a otros 3.800.000 euros por lo que el préstamo a cada socio, que debían devolver en un año a unos intereses anuales de Euribor más 0,50% pagaderos a su cancelación, ascendió a un total de 5.100.000 euros a cada uno.

Cuando a mediados de 2014 comenzó la actividad inspectora a los acusados se descubrió que el préstamo no había sido cancelado y, sin embargo, a finales de ese mismo año los cuatro procedieron a una cancelación parcial de 1.300.000 euros mediante compensación de créditos.

Ello provocó, a juicio de la Fiscalía, que los acusados incluyeran en su declaración de la renta de IRPF de 2014 las aportaciones devueltas por Construction Investment BV como consecuencia de la reducción de capital, cuyo importe era "exactamente el mismo" que la parte de parte del préstamo cancelado (1.300.000 euros), "habiendo de esta forma por tanto tributado por esa cantidad de dividendos encubiertos".