La fiscalía pide inhabilitar dos años a 82 controladores aéreos de Baleares por el caos aéreo de 2010

La fiscalía de Baleares solicita dos años de inhabilitación y una multa de 36.500 euros para cada uno de los 82 controladores aéreos de Baleares a los que acusa de un delito de abandono de funciones durante el caos aéreo que se produjo en los aeropuertos españoles en diciembre de 2010. En su escrito, el Ministerio Público no renuncia a pedir penas de prisión y plantea como alternativa una petición de cuatro años de cárcel para cada uno por un delito de sedición.

El pasado mes de octubre el juez que instruye la causa finalizó la instrucción y dio el primer paso para sentar en el banquillo a los 82 controladores, a los que acusa de un delito de sedición al no acudir a su puesto de trabajo en la sala de control y las torres de Palma, Ibiza y Mahón durante los días 3 y 4 de diciembre de 2010. La causa que se sigue en Baleares es una de las pocas que aún quedan sin resolver en la jurisdicción penal, además de la que se sigue en un juzgado de instrucción de Madrid y que afecta a 119 controladores.

En su escrito de acusación, la fiscal Amparo González afirma que después de meses de desencuentros entre el sindicato de controladores USCA y AENA, tras la entrada en vigor del decreto que marcaba las normas de la actividad aeronáutica donde se fijaba el tiempo de actividad máximo en 1670 horas anuales que podían incrementarse hasta 80 más, el sindicato instó a los representantes regionales a convocar de urgencia distintas asambleas. En Palma, la reunión se celebró en la mañana del día 3 de diciembre donde los asistentes "decidieron adoptar de común acuerdo distintas medidas de presión". Sostiene la fiscal que los controladores "optaron por entorpecer, ralentizar y en su caso paralizar de forma paulatina y masiva el tráfico aéreo español" para lo cual utilizaron el pretexto de padecer "distintos síntomas físicos y psíquicos reales o exagerados" para manifestar que no estaban en condiciones de controlar el tráfico aéreo.

Durante las jornadas del día 3 y 4 la mayoría de controladores "no acudieron al centro de trabajo" mientras que unos pocos asistieron "para dar credibilidad a la pantomima organizada por el resto". El escrito relata que tras la notificación a partir de las dos de la tarde del 4 de diciembre del real decreto del Consejo de Ministros por el que se declaró el Estado de Alarma, los controladores "depusieron su actitud volviendo todos ellos a prestar sus servicios en su puesto de trabajo". Como consecuencia de la huelga encubierta se cancelaron el 60% de los vuelos programados en Baleares el día 3, un total de 156 operaciones suspendidas de 225 previstas. Al día siguiente se cancelaron el 82%, con 358 operaciones programadas y 276 suspendidas.

Indemnización por daños morales

La fiscalía solicita al juez que condene a los controladores a indemnizar de forma conjunta y solidaria a 309 personas que se vieron afectadas por la situación y que reclamaron por los daños. Pide resarcirles con más de 1,2 millones de euros en total, por daños morales, el importe de los billetes de vuelos que no cogieron, gastos de hoteles cancelados, entradas de fútbol y teatro que perdieron, comida y bebida, desplazamientos por tierra e incluso ropa que algunos pasajeros tuvieron que comprar.

Para cada pasajero afectado solicita una indemnización mínima de 3.000 euros por daños morales, que eleva en algunos casos más graves. Como por ejemplo, el de un hombre para quien la fiscalía reclama 60.000 euros por daños morales ya que su madre falleció el día 4 cuando su hijo llevaba desde la jornada anterior intentando coger un vuelo a la península. Finalmente, no pudo volar ni asistir a su funeral.

Para otro afectado la acusación reclama 20.000 euros porque su madre había fallecido justo antes del cierre del espacio aéreo y por culpa de ello, su hijo no pudo acudir ni a la incineración ni al entierro. Para otro viajero reclama 5.000 euros por daños ya que el caos de los controladores le impidió coger un avión para ser sometido a un trasplante de riñón, lo que le llevó a tener que tomar una sesión de diálisis de urgencia en un hospital de Barcelona.